Maza protege al fiscal que vulnera derechos

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha vuelto a lucirse. Y tampoco en este caso puede alegar ignorancia. Si patinó estrepitosamente eligiendo fiscal anticorrupción a Manuel Moix en contra de cualquier criterio racional, haber ascendido a Guillermo García-Panasco a la secretaría técnica de la Fiscalía General del Estado va a provocarle otra crisis también de calado. Y no solo entre la carrera fiscal, que va a manifestarse muy crítica ante este nombramiento, sino también en la carrera judicial, indignada por la sentencia del Supremo que solo (por decirlo de algún modo) concluyó que la fiscalía de Las Palmas a cuyo frente estaba García-Panasco hasta ahora, se había excedido y vulnerado derechos en su investigación en plena campaña electoral a la magistrada Victoria Rosell.

Guillermo García-Panasco Morales no ha dimitido, como debía haber hecho al quedar claro en dos sentencias consecutivas (aunque la segunda anulara la primera) que vulneró derechos fundamentales de una magistrada y candidata a unas elecciones generales por indicaciones (directas o diferidas marca de la casa) del exministro José Manuel Soria. Ocupaba un cargo de libre designación -fiscal provincial de Las Palmas- y por lo tanto, un cargo político dentro del Ministerio Público, el brazo ejecutor del Gobierno, y ante la evidencia de que no cumplía correctamente ni con el Estatuto del Ministerio Fiscal ni con la Constitución, lo mínimo que debía haber hecho era abandonar ese puesto.

La sentencia de la Sala Tercera del Supremo que así lo ha dejado establecido para la posteridad lo dejó absolutamente desarmado y a expensas de que cualquiera pudiera reprochárselo en el futuro ante la primera veleidad que pudiera o pudiese cometer, algo altamente probable si tenemos en cuenta la facilidad con la que se llevó por delante esos derechos fundamentales que está obligado a preservar.

Desde el momento que conoció lo que iba a decir esa sentencia, producto de un despliegue asombroso de presiones para que la Fiscalía no saliera malherida del proceso, Panasco activó su agenda de protectores. El primero, su inmediato superior, Vicente Garrido, fiscal superior de Canarias, miembro del Consejo Fiscal y hombre muy bien conectado en el Supremo. Fue el preparador de oposiciones nada menos que de Manuel Marchena, el todopoderoso presidente de la Sala Segunda del Supremo, a la que van a parar todos los procesos a los que pueda ser sometido un fiscal, bien directamente (si se tratara de un fiscal de sala) o bien en recurso desde un TSJ si fuera un fiscal de a pie el condenado.

Vicente Garrido sabía que si caía su patrocinado en este campo de batalla en el que a ambos los metió el exministro Soria, la sangre le iba a salpicar a él también. Al fin y al cabo Garrido siempre estuvo al tanto de las diligencias preprocesales contra Victoria Rosell en plena campaña electoral de 2015, declaradas ilegales ya en firme por el Supremo. Mantener a Panasco en el puesto contra viento y marea era someterlo a la andanada que se le venía encima: más peticiones de dimisión por parte de asociaciones de jueces y de fiscales, recurso de amparo ante el Constitucional -o en su defecto, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo- ya con los jueces activados para que no se volviera a repetir una sentencia tan absurda como la que señaló a Panasco como precursor de unas investigaciones ilegales que, sin embargo, no lo fueron cuando las puso en marcha, según la estrambótica sentencia de la que ahora se vale Maza para sacar de Las Palmas a Panasco y colocarlo a su vera. Y si una reacción política y corporativista fuera poco, peor habría de una posible querella por delitos relacionados con vulneración de derechos fundamentales que tendría que dilucidarse en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, donde ahora mismo están a punto de mandar al banquillo a otra autoridad judicial que conspiró junto a Soria contra Victoria Rosell, el magistrado Salvador Alba.

Ante un panorama tan incierto como ese, Panasco y Garrido movieron sus hilos en Madrid y consiguieron que el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, magistrado de carrera, les tendiera un manto protector. A Maza ya le da igual ocho que ochenta después de haber sido capaz de promocionar a Moix a la Fiscalía Anticorrupción por encima del escalafón, la experiencia y el sentido común, y de mantenerse en el machito pese a la sonada recusación que le infligió el Congreso de los Diputados. Vicente Garrido forma parte del núcleo duro de la Fiscalía General del Estado, el Consejo Fiscal, y es íntimo del todopoderoso Manuel Marchena, que también se vio involucrado en la operación de Soria contra Rosell cuando admitió a trámite la querella del exministro contra la magistrada amparándose en informes del juez Salvador Alba que resultaron ser producto de una conspiración presuntamente delictiva, informes que él mismo había solicitado vaya usted a saber por qué alambicada inspiración.

García-Panasco pasa ahora a ocupar otro puesto político (de libre designación, en el argot), del que habrá de dimitir en cuanto se compruebe con precisión cuál fue su comportamiento en esa cacería en la que hizo de perro de presa de Soria. Si cree que ese manto protector que le ha brindado Maza es infranqueable, que se acuerde de Moix (humillado hasta el límite) y de José Manuel Soria, que también salió de Canarias catapultado a mayores glorias en Madrid y ya han visto cómo ha sido de dura la caída.

En Canarias deja atrás algún respiro de alivio y una Fiscalía hecha un solar, dividida en bandos y con un prestigio por los suelos tras decisiones externas y conflictos internos que tardarán en sanar. También él -como gusta a Maza- aplicó criterios poco rigurosos y amiguistas para blindarse tras una guardia pretoriana que ahora queda al amparo de quien le sustituya (el nombre que más suena es el de Beatriz Sánchez, fiscala de Violencia de Género). Para la posteridad quedará su reparto del dinero de las guardias de instrucción entre fiscales que no habían tocado el Código Penal después de las oposiciones, lo que generó en los juzgados esa misma sensación de mala praxis que ahora es premiada por el Fiscal General del Estado.