La Audiencia donde asan la manteca

Afirmaciones que Canarias7 pone en boca del presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, el magistrado Emilio Moya:

“En ningún caso” el juicio por el caso Faycan (trama de corrupción en el Ayuntamiento de Telde entre los años 2003-2006) se celebrará antes de las próximas elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2015.

“Es de sentido común” que la Sala no vaya a señalar las sesiones del juicio para que se celebre en la precampaña electoral o en la propia campaña.

“Si el procedimiento ha tardado ocho años en llegar a juicio, nada malo va a suceder porque se demore unos meses”.

Este mismo criterio se aplicaría “a cualquier caso similar que afecte a cualquier partido político que concurra a unas elecciones como las próximas”.

A estas aseveraciones del también presidente de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas, encargada de enjuiciar este caso, debemos añadir una que el redactor de la noticia no atribuye a Emilio Moya, pero sí a alguno de los otros magistrados que componen esa sala, Carlos Vielba o Salvador Alba: “No se le ocurriría ni al que asó la manteca”.

La publicación de estas desafortunadas consideraciones coincidió con la solemne apertura del año judicial en el que un compungido fiscal general del Estado se quejaba públicamente en su discurso de la lacra de la corrupción. En la página 8 del discurso de Torres-Dulce se puede leer lo siguiente: “Si el sistema judicial (…) no es capaz en organización, medios y procedimientos de ofrecer respuestas ágiles a estas demandas, toda la armazón de la confianza de la ciudadanía en el Estado de Derecho padecerá seriamente”. Y añadía: “Reconocemos sinceramente que la respuesta del sistema de justicia penal es en exceso lenta y a veces desigual pero precisamente por esa razón debemos, cuanto antes, demandar los medios que cambien ese rumbo, así como modificar aquellos hábitos procesales y organizativos propios que lastran nuestra eficiencia”.

El caso Faycán fue el primero de una sucesión vergonzosa de escándalos de corrupción política que jalonaron los primeros pasos de la Fiscalía Anticorrupción en Canarias. Consistió básicamente en una vasta trama instalada en el Ayuntamiento de Telde al calor de un grupo de gobierno formado por el PP y Ciuca en la legislatura 2003-2007. Básicamente, el alcalde y concejales del PP se dedicaron a cobrar comisiones ilegales a cambio de favores políticos de toda índole para el enriquecimiento personal o el desvío de fondos al partido. Una rama de esa causa, el llamado caso Grupo Europa, se desgajó del tronco principal y ya resultó juzgada esta pasada primavera en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) al aparecer acusado en ella el portavoz parlamentario del PP en materia económica, Jorge Rodríguez. El juicio quedó visto para sentencia el 25 de abril de 2014, es decir, un mes antes de las elecciones europeas, aunque la sentencia sigue a día de hoy sin ser comunicada a las partes.

¿Qué ley ampara esto?

Fijados los necesarios antecedentes, resulta escandaloso lo dicho por el presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, al parecer con el respaldo unánime de los magistrados que le acompañan en la Sección Sexta. Es evidente que al que asó la manteca, en burda expresión usada por uno de esos magistrados, no se le hubiera ocurrido jamás abrir la boca para proferir anuncios tan inadecuados e inoportunos. Primero porque el que asó la manteca no tiene los conocimientos jurídicos que a tan digna sala se le suponen, conocimientos que les debieron obligar a remitir al periodista a algún precepto legal, circular o recomendación del Consejo General del Poder Judicial que aconseje u obligue aplazar un juicio de corrupción con políticos implicados para no hacerlo coincidir con periodos pre o electorales. No existe en el ordenamiento jurídico español ningún artículo que lo permita o lo imponga. Ningún tribunal puede manipular un proceso judicial invocando intereses o interferencias electorales, sea cual sea el partido perjudicado. Primero, como decíamos, porque no está contemplado en la ley, y segundo porque, como bien apuntaba este miércoles el fiscal general del Estado, solo contribuye a alimentar entre la ciudadanía el ya de por sí generalizado sentimiento de que hay una justicia para el común y otra para los políticos o los empresarios poderosos. Si existiera la previsión legal de evitar la confluencia de acciones judiciales y periodos electorales, ya la habría invocado el PSOE en Andalucía, donde una juez de nombre Mercedes Alaya reaviva sus investigaciones o emite fulgurantes autos coincidiendo con acontecimientos políticos y/o electorales relevantes. Este mismo miércoles se ha sabido que prepara otra macro-causa que seguramente dará mucho que hablar en el periodo electoral inminente.

La alcaldesa no es candidata

El anuncio del presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas está plagado de afirmaciones arriesgadas. Su seguridad al hablar de “sentido común” o su rotundidad en el empleo de la expresión “en ningún caso” revelan a las claras la capacidad de decisión arbitraria que un tribunal puede tener sobre los derechos de un justiciable antes de que éste pueda ejercer su derecho a un juicio justo. Porque si por una cuestión electoral se puede torcer el curso normal de un señalamiento, ¿quién es capaz de asegurar que cualquier otro condicionante no pueda conducir a decisiones igualmente caprichosas? Pero hay más. Dice la noticia que la decisión de aplazar el juicio sine die responde a que la actual alcaldesa de Telde, acusada en Faycán, “concurre a la campaña como candidata”. El dato es incorrecto, y si en él se han basado los magistrados para tomar su decisión, ya pueden irla cambiando. María del Carmen Castellano no es candidata a nada, que se sepa, salvo que alguno de los jueces de esa Sala tenga más hilo directo con el PP que el que hasta ahora se conoce y ya sepa la decisión del partido, que no ha nominado hasta ahora a ningún candidato en ningún municipio, cabildo o autonomía de España. Y Telde no iba a ser una excepción.

Las dilaciones indebidas

Hay más afirmaciones temerarias en ese anuncio judicial. Por ejemplo la que resta importancia a la demora de “unos meses” que se produciría al aplicar este aplazamiento tan sandunguero. Dice Emilio Moya que “si el procedimiento ha tardado ocho años en llegar a juicio, nada malo va a suceder porque se demore unos meses”. Es cierto que este procedimiento ha tardado ocho años en llegar a juicio, un periodo excesivamente largo que se dilató primero por una instrucción compleja, dado el número de implicado y las diferentes tramas descubiertas. Luego por la batería de recursos presentados por los abogados de los imputados. A continuación, porque en 2007 volvió a quedar aforado Jorge Rodríguez, lo que obligó a separar la pieza del Grupo Europa para enjuiciarla aparte. Luego, porque la Fiscalía pidió diligencias complementarias que tardaron cuatro años en tramitarse en el juzgado de instrucción de origen… A lo que hay que sumar, por supuesto, la inveterada lentitud de la justicia y los pocos elementos con los que cuenta para luchar eficazmente contra la corrupción. Por lo tanto, demos por seguro que los abogados de la treintena de imputados invocará las dilaciones indebidas para que las penas de sus representados se vean sensiblemente reducidas, en el caso de condena. Esos pocos meses de más que Moya suma alegremente a estos retrasos contribuirán a esa misma causa, lo que no alegrará tampoco al ciudadano perplejo.

¿A cualquier partido?

La sinrazón de esta decisión de la Audiencia Provincial de Las Palmas no solamente choca contra el sentido común extendido entre la cabreada ciudadanía, sino incluso contra los hechos. Esa pieza separada del Grupo Europa, desgajada de la causa principal del caso Faycán, fue juzgada por el TSJC en los meses anteriores de las elecciones europeas de 2014. Quedó visto para sentencia exactamente un mes antes de los comicios, el 25 de abril. A nadie se le ocurrió posponerlo. Pero, curándose en salud, el presidente de la Audiencia asegura que la decisión de posponer este juicio la habría tomado cualquiera que fuera el partido perjudicado. Le tenemos que creer porque Emilio Moya pasa por ser un profesional templado y cabal. Pero lamentablemente, todos los casos de corrupción pendientes de juicio o de instrucción en la provincia de Las Palmas, algunos de ellos trabados en la Audiencia Provincial, son protagonizados en exclusiva por el Partido Popular de Canarias. Porque además del caso Faycán, queda pendiente el caso Eolo, también de 2006, o Góndola, que debía avergonzar al fiscal general que tanto se queja de la inoperancia de la Justicia.

Antipáticos en el Herbalife

Algo malo se le ha subido a la cabeza al equipo subalterno del Club Baloncesto Herbalife Gran Canaria. Algo malo que les ha convertido en personajes antipáticos ante la prensa, ésa de la que pretenden siempre un trato amable, cuando no sumiso. Parece como si el paso de la selección USA de baloncesto y del mundial de ese deporte por la isla, o quizás porque el Gran Canaria Arena les ha transformado en nuevos ricos (con dinero y dotaciones públicas, por supuesto), les haya conducido a sentirse seres por encima de la mortalidad, mayormente habitantes de una ciudad que no es ni capital de un Estado de la Unión ni sede de una franquicia de la NBA, por muchas pretensiones que ellos tengan. Más que una “Normativa de Comunicación para la temporada 2014-2015”, el equipo de comunicación del club, propiedad del Cabildo de Gran Canaria, ha elaborado las reglas de principio de curso de un internado para inadaptados, como si los periodistas que siguen a ese club no conocieran las normas básicas de comportamiento profesional. La tónica general del texto es la prohibición y la limitación, cuando no la falta de respeto a los destinatarios, como si desde esa entidad se estuviera haciendo un favor a quienes tienen la obligación (y la devoción) de transmitir a sus oyentes, telespectadores o lectores la información de un club deportivo de titularidad pública que genera información de interés público, o como si la labor de los periodistas fuera una incomodidad para las celebridades que parecen residir en el Gran Canaria Arena a partir de este curso.

Cubrir los entrenamientos a puerta cerrada

Eso sí, la normativa incluye una declaración de intenciones de comienzo que, a lo largo de los apartados siguientes, se desvanece. Estamos “a su entera disposición para facilitarles la realización de sus tareas informativas”. Luego vienen las restricciones: “Las acreditaciones serán concedidas única y exclusivamente a aquellos medios de comunicación que cubran con regularidad los entrenamientos y ruedas de prensa”. La reacción del redactor jefe fue la esperada: “Si nos sale de los cojones, ¿no?”, exclamó. ¿Se imaginan ustedes que Presidencia del Gobierno, la Cruz Roja o al Banco Santander no acreditara a un medio informativo si no cubre todas sus ruedas de prensa, sus consejos de gobierno o de administración o sus terapias grupales? Cada medio elige la modalidad de cobertura que da a una actividad, sea política, social y económica, sin que hasta la existencia de esta normativa nadie la hubiera impuesto jamás. Pero hay más chulerías: los medios de comunicación impresos han de dirigirse al director de Comunicación del Herbalife para rogarles acreditaciones a través de los jefes de Deportes, pero en el caso de los medios digitales debe ser el director quien haga la genuflexión. Los blogs, por cierto, no tienen derecho a nada. Sólo se conceden dos acreditaciones por medio, y nominativas, lo que impide organizar un turno o cubrir bajas imprevistas. No tienen desperdicio alguno las numerosas limitaciones de acceso de los periodistas a los jugadores o al cuerpo técnico o político. “Queda terminantemente prohibido llamar directamente a cualquier jugador, miembro del cuerpo técnico o director gerente sin hablar previamente con el director de comunicación”; “Toda solicitud de entrevista deberá ser coordinada con el director de comunicación con al menos 48 horas de antelación”; “Las comparecencias nunca se llevarán a cabo por teléfono”; “Los jugadores no concederán entrevistas en sus días de descanso ni los días de partido” “En los desplazamientos no se realizará ninguna entrevista a los jugadores, solamente atenderá a los medios el director deportivo”. Y un remate al despropósito: “Los entrenamientos tendrán lugar a puerta cerrada”, lo que imposibilita cubrirlos y, por tanto, cumplir con uno de los requisitos de partida. Imposible mayor grado de idiocia.