Ni reformas en la Policía Local ni nada que se le parezca. Empiezan a aflorar de manera cruda los verdaderos motivos por los que el clan de los Reyes, también conocido como Ciuca, abandonó el gobierno municipal de la ciudad de Telde de forma airada (como corresponde) en el último pleno de la Corporación. Lo que se esconde tras la estampida del incontrolable Guillermo Reyes es su monumental cabreo por su pérdida de control sobre el urbanismo de la ciudad. Todo empezó mucho antes, cuando hace siete meses la alcaldesa, María del Carmen Castellano (PP), alertada por la inminencia de algún escándalo en ciernes, apartó de esas responsabilidades a su correligionario Fran López, al que había detectado cierto conchabo con el líder de Ciuca. Pero el montaje se mantenía vivo porque en el departamento permanecía la pieza fundamental del clan, el omnipresente José Luis Mena, destinado acto seguido a los servicios jurídicos, donde sigue dejando su impronta. Con Mena en Urbanismo, Reyes seguía manejándose como Pedro por su casa, hasta que el multi imputado funcionario fue apartado y dejaron de atender las exigencias del líder de Ciuca, al que no se le abría desde entonces una carpeta de los expedientes que solicitaba. Se cerraba del todo para él la posibilidad de medrar ante empresarios y promotores, a los que siempre se ofreció como intermediario. Su cabreo era indisimulable, hasta el punto que hace mes y medio, aproximadamente, lo hizo patente en una reunión de la mesa del pacto (PP, Ciuca y CC), donde manifestó abiertamente su desagrado con que el urbanismo teldense lo llevara el líder local de Coalición Canaria, Pablo Rodríguez, y que en ese departamento se le denegara incluso la posibilidad de consultar expedientes y cualquier clase de documentación. Además de asuntos de mayor enjundia, Guillermo Reyes quería tener acceso a los expedientes de viviendas fuera de ordenación, donde todo el mundo sitúa uno de sus nichos electorales. No en vano cuando era Fran López el concejal de Urbanismo, Guillermo Reyes había tenido acceso a un listado de afectados a los que, curiosamente, llegó una carta del bufete de abogados de su hijo ofreciéndoles los servicios de asesoría legal para legalizar esas viviendas en conflicto.