Que Maribel Oñate haya estado de manera irregular como secretaria del Consejo de Administración de la Caja General de Ahorros de Canarias, hoy integrada en CaixaBank, puede parecer una cuestión menor si se compara este hecho con la sucesión aparentemente interminable de chorizadas que pueblan cada día las portadas de los diarios y las baterías de titulares de las radios y las televisiones. Pero esa situación de ilegalidad, o presunta ilegalidad, en la que incurrió insistentemente la diputada regional del PP, entonces concejala de Santa Cruz de Tenerife, hay que ponerla en relación con su tradicional comportamiento político y con la impunidad de la que gozó en CajaCanarias a pesar de que tanto la entidad como la Consejería de Economía y Hacienda conocían con precisión y al céntimo cuáles eran las obligaciones que incumplía la secretaria del consejo administración de la entidad sin que nadie la obligara a atenerse a la ley y abandonar el puesto. Cuando se conocieron formalmente los descubiertos, los impagos de las cuotas de los cuantiosos y numerosos préstamos que tenía suscritos con la entidad la ahora parlamentaria, era responsable de Economia y Hacienda José Manuel Soria, que tampoco ejecutó sus responsabilidades obligando a su correligionaria a dimitir o a la entidad a removerla del cargo. Y consta de manera indiscutible que el presidente del PP canario conocía a la perfección aquella situación tan irregular, primero porque ocupaba el cargo que ocupaba, y segundo porque existe constancia una conversación suya con Maribel Oñate a finales de 2009 durante la cual, en un tono bastante agrio, le afeó lo ocurrido. Sin embargo, la afectada concluyó su mandato sin dimitir. Es más, aquella sucesión de irregularidades no pesaron en su contra para que, en 2011, Soria autorizara su inclusión en la lista del PP al Parlamento de Canarias, donde ocupa hoy un escaño por la isla de Tenerife.