Los cronistas hablan de un discurso de Emilio Moya ameno y distendido, y de algunos pasajes que dibujan a un nuevo presidente de la Audiencia Provincial más comprometido de lo habitual con el gremio y con los justiciables hasta el punto de ser capaz de lanzar algunas críticas a los proyectos que contra la Justicia (la preposición 'para' no tendría encaje) tiene en marcha el ministro Gallardón, quizás el que peor parado salió de la solemne sesión. Más conciliador, hasta el extremo mismo del colegueo, se mostró con el jefe político de la Justicia en Canarias, su compañero de toga Pedro Herrera, con el que se marchó luego a comer en compañía de otras autoridades al restaurante La Oliva, en Las Canteras, con sobremesa que se aproximó a las ocho de la tarde. No aguantó tanto tiempo en Canarias el magistrado que ejerció de padrino en el acto, Manuel Marchena, con plaza en el Supremo, al que es de estricta aplicación otro de los definitivos pasajes del auto del Constitucional que limpie, fija y da esplendor a su presidente: “La imparcialidad que exige la Constitución no equivale a un mandato de neutralidad general o a una exigencia de aislamiento social y político casi imposible de cumplir en cualquier profesión, también en los juristas de reconocida competencia”. Marchena fue el autor de un celebrado auto (especialmente celebrado en la parte derecha del tendido) que archivó la causa contra Baltasar Garzón por los famosos cursos en Nueva York dando por prescrito el delito de cohecho impropio pero atribuyéndoselo sin piedad, para lo cual fue necesario denegar pruebas, despreciar los testimonios que lo desmontaban y mandar a hacer gárgaras las tesis del Ministerio Fiscal. Un magistrado, el padrino de Moya, desde luego nada aislado de la actualidad política ni de la operación calculada y ejecutada en Las Salesas para descabezar al molesto Garzón con una secuencia de causas penales que acabaron con su carrera profesional. Nunca pudo sospechar Marchena (y mucho menos la caverna que jaleaba) que al año siguiente, o sea ayer lunes, el Constitucional iba a concluir que “las meras colaboraciones [en relación a las de Pérez de los Cobos con Faes] resultan en principio inocuas”. Garzón está pendiente de Estrasburgo.