La historia de esta trapisonda de José Luis Mena, auxiliado en la banda por su hermana Fátima, es tan larga como obscena. Muchos testigos que depusieron en el juicio que acabó con la carrera política de Ildefonso Jiménez lo atestiguaron: el ex jefe del Urbanismo teldense quería acabar con todo lo que tuviera que ver con Nueva Canarias y el equipo que gobernó durante años esa ciudad, el de Paco Santiago, en el que el concejal condenado era una pieza clave. Para llevar a cabo su propósito, Mena contó con la impunidad con la que siempre se movió en ese ayuntamiento, tanto en sus dependencias como en algunos despachos del edificio judicial de Telde. Así que, en 2005, cuando gobernaba el pacto entre el PP y Ciuca, reeditado luego en 2011 con el añadido de Coalición Canaria, Mena introdujo presuntamente en el expediente del caso Alisios un informe fechado en 2002 con el que Guillermo Reyes corrió raudo y veloz a los juzgados para interponer una denuncia por prevaricación. Como todos los grandes asuntos de esta banda, la causa recayó en la juez María de los Ángeles Zabala, que por supuesto dio pábulo a la acusación y denegó cualquier exigencia de investigación del denunciado, que alegaba que allí había una falsificación como la copa de un pino. Tuvo que ser la Audiencia Provincial la que obligara a la juez a abrir nuevas diligencias por falsedad en documento público. Para ello fue necesario el concurso de dos peritos. El primero de ellos, facultado para la práctica de estas pruebas por los juzgados de Gran Canaria y de Tenerife, concluyó que la firma del informe fechado en 2002 era idéntica a la del realizado en 2005. Tras este perito, la Guardia Civil envió los documentos a sus servicios centrales de grafología, en Madrid, desde donde informaron que ambos informes podían ser coetáneos. Personado Ildefonso Jiménez como acusación y Mena metido en un lío, éste recurrió ante la Audiencia Provincial la decisión del juez de mantener al ex concejal ejerciendo ese derecho en calidad de perjudicado. Vaya si es perjudicado: por culpa de esa presunta falsificación fue condenado por cohecho y, acto seguido, presentó su dimisión como concejal teldense. Mena se enfrenta a una petición del fiscal de cuatro años de cárcel y otros tantos de inhabilitación. Algo similar a lo que el perjudicado pide para él, aún sin conocer el resultado del recurso de su condena ante la Audiencia Provincial, que se sustancia en la misma sala que ahora ha quitado la razón a Mena y que lo ha condenado a las costas por este fallido intento. El acusado sigue al frente de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Telde. Qué peligro.