Se busca una secadora en Lanzarote

Una secadora. Un informe pericial, elaborado a solicitud de un juzgado de Arrecife, ha concluido que durante la etapa de Carlos Espino al frente de los Centros de Arte y Cultura del Cabildo de esa isla durante los años 2008 y 2009 se compró una secadora que no aparece. De momento ese parece ser el cargo más destacable de cuantos atribuyó al exconsejero socialista la jefa del PP en la isla, Astrid Pérez, que se querelló al entrar en el equipo de gobierno insular y en respuesta a las denuncias contra la corrupción que el querellado efectuó durante su mandato, verbigracia, caso Unión. Cada vez que al PP le queman en las manos sus propios casos de corrupción, la salida es la misma: denunciar por corrupción a los denunciantes de la corrupción. Está pasando con los fondos para formación en Andalucía, que empezaron por 2.000 millones en los titulares de prensa y, que se sepa, el Ministerio del interior los ha rebajado a 8, y lo que te rondaré, morena. Pasó en Lanzarote cuando Astrid Pérez, acuciada por el caso la Bufona, donde su chalet aparece expedientado por ilegalidades urbanísticas, disparó contra el que fuera líder local de los socialistas conejeros en la convicción de que así al menos tendría algo que echarle en cara. Este miércoles se conocía ese informe pericial, que apunta a unos sobreprecios de bienes adquiridos y a la desaparición de la famosa secadora, que vaya usted a saber dónde ha ido a parar después de haber sido adquirida entre 2008 y 2009. Espino continúa imputado por malversación, prevaricación y cohecho, seguramente porque alguien debe estar pensando que el electrodoméstico en cuestión ha ido a parar a su casa en plan prebenda. La distracción es buena, no se vayan ustedes a creer, porque sirvió para que la prensa dedicara a la pericia unos cuantos centímetros cuadrados de sus espacios informativos y obligara al imputado a emitir un comunicado en el que recuerda lo innegable: que el informe se pidió en 2010 y se entrega en 2014, con la correspondiente dosis de indefensión y la natural posibilidad del denunciado de encargar un contra-informe. Un caso apasionante, sin duda.

La tinta del calamar

La táctica del PP a veces no da resultados. María Australia Navarro, esa incansable viceportavoz de Repsol en Canarias, ha vuelto al ataque con otro espantajo de escasísimo recorrido: las insoportables presiones ejercidas por alguna institución sin identificar sobre patrones de cofradías de pescadores para que se manifestaran contrarias a las prospecciones. Los presuntos presionados han desmentido que tales coacciones existieran, pero la señora Navarro ha insistido en su pegajosa denuncia aplicando con perseverancia aquello de la mentira cien veces repetida. La doña ha acusado a Paulino Rivero de “cobarde” por no querer investigar las negadas presiones, a lo que el presidente, con más colmillo que mano izquierda, le ha contestado que lo bueno sería investigar la identidad de los que obligaron al patrono de las cofradías de Las Palmas a enviar una carta quejosa al Ministerio de Agricultura contando lo que finalmente desmintió por activa y por pasiva. Es evidente que Rivero tiene la respuesta, como la tenemos todos los que hemos mirado con un poco de interés este enojoso affaire. Resulta cada día más patético observar la entrega de la muchachada del PP a la causa petrolífera en un intento que más pronto que tarde acabará abortando Repsol ante la imposibilidad de cumplir con los plazos prometidos y de cumplimentar con éxito y pulcritud el expediente exigible para que Medio Ambiente, la Unión Europea y el Tribunal Supremo no pongan reparos a unas operaciones cada día más condenadas al fracaso. La causa de las presiones sobre los pescadores es el equivalente a la secadora que seguro que va a encontrar en algún almacén del Cabildo el denunciado Carlos Espino. Lo malo es la energía que se pierde por el camino. Lo bueno, observar cómo se inflan algunos y algunas como palomos buchúos creyendo que ese estado de levitación es eterno.

Greenpeace se suma

Empiezan a ser clamorosas las adhesiones a las tesis canarias de que el expediente de Repsol en el Ministerio de Industria echa un tufo que tira para atrás. El descubrimiento de que faltan documentos, de que el expediente no está foliado y de que Repsol ha introducido informes decisivos no incorporados al inicial estudio de impacto ambiental, está animando a las organizaciones implicadas en contra de las prospecciones a reclamar del Gobierno de España que cumpla con la ley y vuelva a poner el cuentakilómetros a cero. La última organización en sumarse ha sido Greenpeace, que ha reclamado la apertura de un nuevo periodo de información pública para poder evaluar los nuevos parámetros introducidos por la compañía del compadre Brufau, a los que es más que previsible se incorporen otros informes más ante la evidencia de que el expediente inicial fue una colosal chapuza. No parecen estar muy descaminadas las instituciones canarias y sus comisionados ante los ministerios cuando afirmaron que así habría de ser, y tras los pertinentes estudios, esta influyente ONG no ha dudado en reclamar lo mismo: algo tan sencillo como la legalidad, a lo que ni siquiera el negligente José Manuel Soria puede sustraerse. Crecen en Madrid los rumores que aseguran que el ministro sugirió a Repsol ir empezando con las prospecciones en lo que se sustanciaban lo que él considera zarandajas. Pero, en un rapto de lógica responsabilidad corporativa, la petrolera se ha echado las manos a la cabeza, en primer lugar, para acto seguido negarse en redondo a incurrir en tamaña responsabilidad. Al fin y al cabo, Repsol cotiza en Bolsa, y Soria, por suerte para él, no.

Cruzada antifraude: pagan los parados canarios

En su cruzada contra todo lo que huela a PSOE y que convenga, de paso, a la alocada carrera de los recortes, el Gobierno de Mariano Rajoy ha cumplido con los peores pronósticos en relación con los fondos para formación y empleo en Canarias. El histórico Plan Integral de Empleo para las islas (PIEC) abolido manu militari por Fátima Báñez el año pasado sigue sin aparecer por ningún lado. Con la infame excusa de que Canarias no cumplía y no justificaba el uso final de esos dineros, la ministra infligió un tijeretazo tremendo a las ayudas que, como región ultraperiférica ,corresponden a las Islas, y este miércoles, con los resultados que contradecían sus falsas acusaciones en la mano, ha vuelto a negarlas. La campaña de descrédito generalizada contra ese tipo de fondos, amplificada convenientemente en toda la prensa cavernícola por lo que presuntamente ocurre en Andalucía, sirven como coartada para negar a una región tan necesitada unos fondos que eran innegociables antes de la llegada del PP. Con el paro que sufre toda España, a la ministra de Empleo no se le ha ocurrido mejor idea que rebajar los fondos en esta materia en 106 millones de euros. Y todavía debe a las Islas lo que le birló el año pasado. En ciudades como Las Palmas de Gran Canaria, sin ir más lejos, ya hay casi un 10% de la población total (30.000 personas) que no tiene empleo ni recibe ningún tipo de subsidio por tal circunstancia. Cuando la cosa se convierta en insostenible veremos a Asier Antona echando la culpa a Paquita Luengo, tiempo al tiempo.