Tres planes para salvar una biblioteca

El ruido que ha metido el Partido Popular de Las Palmas de Gran Canaria con el famoso catastrazo (que no fue tal) ha impedido que los vecinos de la ciudad hayan conocido con detalle las negociaciones entre el Ayuntamiento y el Gobierno de España para salvar la Biblioteca Pública del Estado. El escandalazo reducido a escandalito sorprendió al alcalde, Augusto Hidalgo, justo entrando en el Ministerio de Cultura, donde se barajaron dos de las soluciones propuestas por el Ayuntamiento: el expolio cultural y la expropiación de los derechos de la sentencia. Dos planes que se complementaban con un tercero que debía resolverse en Canarias: que la expropiación que finalmente ha metido el Gobierno nacional en los Presupuestos del Estado para 2016, la acometiera la Consejería de Presidencia del Gobierno de Canarias. Unos tres millones de euros que son pecata minuta para Rajoy estando sobre la mesa la pérdida de una biblioteca pagada por el Ministerio de Cultura y el desprestigiado prestigio de José Manuel Soria, que fue el alcalde que permitió las ilegalidades que a la postre han concluido con sentencias firmes de demolición. Tres millones de euros que pudieron ahorrarse si Cultura hubiera admitido la fórmula del expolio cultural, una figura diseñada para preservar el patrimonio cultural protegido frente a cualquier pretensión de otras administraciones o de particulares. Esa vía fue rechazada por la Secretaría de Estado de Cultura alegando que era legalmente inaplicable, sin que se conozcan con detalle los motivos de tal rechazo. Sólo hay un antecedente de expediente de expolio cultural en España, fue en Valencia, y cómo no, ante otro atropello de una alcaldesa del PP, la inigualable Rita Barberá.

El antecedente de El Cabanyal

Esa primera ocasión se produjo con motivo del empeño de Barberá de llevarse por delante el barrio modernista de El Cabanyal, declarado Bien de Interés Cultural por el valor de sus edificaciones. La alcaldesa, hoy senadora, quería ampliar la avenida de Blasco Ibáñez hacia el mar, para lo cual ejecutó un perverso plan que se prolongó durante diecisiete años consistente en permitir y fomentar un estudiado deterioro del barrio impidiendo las obras de rehabilitación que reclamaban los vecinos, comprando inmuebles con dinero público y permitiendo la ocupación de otros por parte de familias problemáticas o integradas por delincuentes que degradaran la calidad de vida vecinal. Los vecinos se dirigieron al Gobierno de Aznar para que actuara ante lo que consideraban un expolio al patrimonio cultural valenciano, pero la respuesta fue la esperada: es un tema urbanístico y arréglense ustedes con Rita Barberá. Pero insistieron y fue el Supremo quien finalmente instó al Gobierno a actuar. No fue sin embargo hasta la llegada de Zapatero (2004-2010) cuando el Ministerio de Cultura se hizo cargo del expediente y en diciembre de 2009 declaró que el Plan Especial de El Cabanyal expoliaba el conjunto histórico al tiempo que suspendía su ejecución y requería a la Generalitat Valenciana para que se asegurara en un plazo de 48 horas de que el Ayuntamiento de Rita Barberá cumplía con esa suspensión. ¿Cómo creen que reaccionó la alcaldesa? ¿Agachando la cabeza y cediendo ante la plataforma de vecinos que durante años reclamó la salvación del barrio? No, evidentemente: de inmediato recurrió la declaración de expolio para poder seguir ejecutando los derribos. La llegada a la alcaldía y a la Generalitat de gobiernos distintos al PP (Compromís y el PSOE) ha puesto fin a esa sucesión demoniaca de atropello a los vecinos y al patrimonio cultural. Aquella experiencia es la que, con una variante distinta, se va a aplicar a la Biblioteca del Estado.

Tres millones o quince millones

Madrid quiere dar carpetazo al enojoso problema de la Biblioteca del Estado de Las Palmas de Gran Canaria, y está dispuesto a pagar a los vecinos afectados. Levantada sobre un suelo verde sin el menor aprecio por el planeamiento urbanístico, su construcción fue financiada por el Gobierno de España en la época de José María Aznar, una proeza digna de encomio si no fuera porque nadie se preocupó entonces lo más mínimo por la legalidad vigente. Otra alcaldada marca de la casa de la que se aprovecharon ejerciendo sus derechos los vecinos de la biblioteca a los que se hurtaban las vistas al mar. Su largo peregrinar judicial se ha visto reiteradamente reconocido por la justicia, que ha decretado la ilegalidad del edificio y consecuentemente su demolición. Los cuatro años de alcaldía del popular Juan José Cardona, concejal de Urbanismo cuando se cometió la ilegalidad, no sirvieron absolutamente de nada. Y ha tenido que ser este gobierno cuatripartito tan denostado por la oposición en sus primeros cien días de mandato el que ha conseguido un acuerdo cuyas medallas se las pretenderán colgar ahora los autores del desaguisado. Hay que otorgarle el mérito al Gobierno de Rajoy, de eso no puede haber duda, pero lo ha hecho para salvarle el pescuezo a un cada vez más arrinconado José Manuel Soria, responsable máximo de que se pudiera consumar la demolición. Nadie va a reclamarle al ministro de Industria esos tres millones que, como mínimo, van a ofrecerse como justiprecio a los vecinos afectados por la biblioteca, dinero que acabarán pagando todos los contribuyentes del país vía Presupuestos del Estado. Tres millones que podrían ser más si se admite la reclamación de otra comunidad de propietarios que se han sumado a la reclamación, pero en cualquier caso muchos menos de los quince que podría costar la demolición del edificio y su nueva construcción en el mismo lugar, una vez el actual planeamiento municipal ha bendecido el uso que debió tener el solar antes de la acción irresponsable de Soria y de Cardona.

Otra condena a Díez & Romeo

Cambiamos de tema porque hay pleitos que no parecen acabar nunca y merecen ser contados. ¿Se acuerdan del despacho de abogados madrileño Díez & Romeo? Fue una de las firmas que recaló por Canarias en 2010 (también lo hizo en la Comunidad Valenciana con similares métodos) para ofrecerse a posibles licitadores del concurso de asignación de frecuencias de radio en la Comunidad Autónoma. Su gestión fue tan nefasta que acabó con una condena penal por falsificación de documento público tras inventarse una enorme patraña que justificara la presentación fuera de plazo más de cuarenta ofertas con grave perjuicio para sus clientes. Aquellos sucesos tan lamentables acabaron con la desarticulación del despacho, cuyos dos máximos responsables, Pilar Romeo y Jaime Rodríguez Díez, fueron condenados a un año y nueve meses de prisión y la correspondiente inhabilitación. En su descargo declararon que la culpa no fue suya sino de la oficina de Correos de Arucas, cuyo sello de recepción falsificaron para dar apariencia de que presentaban a tiempo las ofertas de sus clientes. De aquella desarticulación fueron víctimas también sus empleados, uno de los cuales, el abogado Fernando Magarzo, les acaba de ganar una demanda civil de protección del honor. El Juzgado de Primera Instancia número 1 de Gijón ha condenado a Rodríguez Díez y a su esposa, Paula Romeo, a indemnizar al afectado con 5.000 euros por haber publicado un tuit en el que anunciaban su despido por “infracción disciplinaria grave como abogado”. Los condenados, que todavía pueden recurrir ante la Audiencia Provincial de Oviedo, tendrán que publicar la condena en la misma red social, Twitter, lo que es toda una revolución. Esos 5.000 euros se suman a los 17.000 que tuvieron que pagar al mismo afectado para ahorrarse el juicio por la demanda que les interpuso por despido improcedente. Y todavía les falta la causa penal que tienen abierta en Valencia por presuntas falsificaciones y usurpación de firmas de profesionales para otro concurso de radio. Insaciables que son.