El paso del tiempo y las piruetas informativas y judiciales que algunos ejecutan con singular destreza no deben hacernos olvidar la extrañeza que produjo que una entidad bancaria tan seria como CajaCanarias fuera capaz de prestar 33,7 millones de euros a un empleado de Ignacio González que, como mayor garantía, sólo pudo aportar su nómina de 720 euros. El banco le permitió, curiosamente, avalar con los terrenos del frente de playa que acto seguido compró su jefe exactamente por 33,1 millones dos días antes de que se conociera una sentencia del Tribunal Supremo que restringía las expectativas urbanísticas de la zona. Claro que el beneficiario real de la operación contaba con que el Ayuntamiento le iba a comprar en 2001 un tercio de aquella pieza por 52,7 millones de euros (el triple del valor que le daban los técnicos) y a recalificarle el resto para poderla colocar a continuación a Mapfre Inmobiliaria por otros 100 millones. En total, un pelotazo de 110 millones de beneficio que el empresario consiguió gracias a un préstamo muy sospechoso de CajaCanarias. Y todo ello, por supuesto, sin ningún beneficio para el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, que todavía no ha deshecho la operación a pesar de las sucesivas resoluciones judiciales que le obligan. La justicia no ha querido entrar en esta operación bancaria y sin embargo sí ha apartado de los imputados en el caso Las Teresitas el delito de cohecho, manteniendo el de prevaricación y el de malversación, lo que a algunos de los encartados ha llenado de mucha satisfacción. Por el momento, que ya se sabe que mamar en tiempos revueltos no es lo mismo que mamar a finales de los noventa, cuando estas trapisondas se consideraban hasta normales en algunos sectores que ustedes y nosotros conocemos muy bien.