Leer estos días las primeras entrevistas concedidas por José Manuel Soria como ministro de Industria, Energía y Turismo nos transportan a muchos a sus primeros pasos como político y sus primeras decisiones electrificantes. Aunque pueda parecer imposible por la nulas competencias eléctricas que tiene un Ayuntamiento, el primer contacto político al más alto nivel que el ministro Soria tuvo con una eléctrica fue en 2001. Por entonces era alcalde de Las Palmas de Gran Canaria por una abrumadora mayoría, 19 concejales de 29, y tocaba llevar al pleno de la Corporación un acuerdo controvertido: ratificar la privatización de la compañía municipal de distribución de agua de abasto después de muchas vicisitudes que habían concluido provisionalmente en una sentencia del Supremo anulando la operación por la ausencia de un trámite administrativo, el informe del interventor municipal. Al alcalde Soria se le presentaban dos posibilidades, corregir las deficiencias manteniendo así la privatización que de manera muy chapucera habían ejecutado antecesores suyos a principios de los noventa, o cumplir con su compromiso electoral de recuperar aquella empresa, Emalsa, para el Consistorio. Eligió lo primero, pero veamos cómo y por qué fue eléctrica la decisión.