Claro que ya metidos en la placentera tarea de defender el honor de la clase dirigente tinerfeña, los columnistas de El Día llevan ya algunas fechas dedicados a las últimas decisiones judiciales relacionadas con el caso Las Teresitas. Como saben, la juez instructora, Carla Bellini, apoyada por la fiscal anticorrupción, María Farnés Martínez, ha declarado sobreseído el delito de cohecho a algunos de los imputados en la causa, en concreto dos ex concejales socialistas, un ex concejal de CC y del presidente de la Cámara de Comercio de Tenerife, Ignacio González Martín. Desde luego tienen motivos para estar contentos porque de todos los delitos que se investigaban quizás fuera el de cohecho, el de sobornar a funcionarios o autoridades públicas, el más grave. La decisión judicial ha desencadenado una marejada de acusaciones a medios informativos, jueces, fiscales y policías, como si esto significara que el pelotazo de libro haya desaparecido, o si con el archivo del cohecho hayan quedado archivados otros delitos como la malversación, la prevaricación, el tráfico de influencias, etcétera. Lo que ha ocurrido, ni más ni menos, es que las arduas investigaciones bancarias y en paraísos fiscales no han dado los frutos deseados, es decir, que no se ha podido probar que las personas investigadas hayan recibido o pagado sobornos. Un delito, el de cohecho, que no figuraba por cierto en la denuncia inicial de Ínsula Viable, sino que fue añadido por la fiscalía en el curso de las investigaciones. Por lo tanto, no cabe atribuir a los denunciantes una pifia, sino más bien al contrario: el pelotazo sigue ahí y el dinero pagado por el Ayuntamiento no.