La semana en la que una mujer fue presidenta de Canarias

Hay semanas en las que se dan hechos infrecuentes. Como, por ejemplo, que durante unos pocos días sea una mujer la que esté al frente del Gobierno de Canarias, aunque solo de manera accidental. Lo estuvo esta pasada semana la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, en sustitución del presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, al que no pudo reemplazar su sustituto natural, el vicepresidente, Pablo Rodríguez. El primero se fue a Londres a insistir en las bondades singapureñas que otorgan las ventajas fiscales de las Islas Canarias; el segundo encabezó un viaje a Cabo Verde que más parecía una expedición de la Cámara de Comercio de Gran Canaria que un viaje institucional con alta autoridad al frente.

Rosa Dávila podría ser perfectamente una de las personas que aparezca en la lista de posibles sustitutos a Fernando Clavijo en la carrera electoral de 2019 una vez Coalición Canaria se convenza de que el actual presidente puede convertirse, en cuestión de semanas, en una pesada carga difícil de sobrellevar si, como es de prever, resulta investigado por el caso Grúas.

El caso es que Clavijo se marchó a Londres en compañía de su consejero de Economía, Pedro Ortega, y del director general de Relaciones con África, Martín-Carbajal, porque uno de los objetivos del viaje, amparado por la Embajada española en el Reino Unido, era el de promover las excelencias del Archipiélago como plataforma comercial y logística hacia África. Sin embargo, al viaje no acudió el director de Casa África, Luis Padrón, que acompañaba esos mismos días al vicepresidente Rodríguez a su visita eminentemente comercial a Cabo Verde.

La trayectoria de Padrón al frente de Casa África no invita a pensar que trabaje inspirado en los principios de promoción del entendimiento y la cooperación entre España y el vecino continente, sino a más bien conduce a opinar que trabaja en la línea que desarrollaba desde la Cámara de Comercio de Gran Canaria: cuidar, promocionar y, en la medida de lo posible, incrementar y dar cobertura institucional a negocios soldados por la amistad en Cabo Verde y en otros países del entorno. A ver si no para qué lo iba a poner en ese puesto de tanto lustre el insigne José Manuel Soria por encima de la opinión del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación y por encima de la norma no escrita de que al frente de cada Casa debe haber un diplomático de carrera. Y este ni es diplomático ni es de carrera.

Aplausos en el PP

De presidenta a presidenta. Mientras en Canarias se ponía Rosa Dávila al frente del Gobierno, en Madrid se confirmaban todas las informaciones de eldiario.es que apuntaban desde el inicio a que el master de la presidenta Cristina Cifuentes es un tongo como la catedral de La Almudena. La aguerrida dirigente del PP sigue agarrándose como puede al manual interno de su partido, que permite continuar en el cargo público contra viento y marea y a pesar de las inagotables evidencias que te colocan como una auténtica tramposa.

Los que han seguido muy de cerca este proceso de deterioro de una de las llamadas a ser promesa pepera de futuro se habrán acordado sin duda de los episodios vividos por José Manuel Soria en su mes horribilis de abril de 2016, cuando su nombre apareció asociado a los papeles de Panamá y él se empeñó en que aquello debía ser un fatídico error de alguien sin identificar, probablemente extraterrestre.

Soria apostó muy fuerte desde el principio, y como no tenía manera de presentar las contrapruebas, recurrió a un método que creyó iba a ser definitivo: “He ordenado a mi abogado que autorice a la Fiscalía de la Audiencia Nacional a dirigirse a Panamá para investigar cualquier aparición mía en empresas radicadas en ese país…” Una boutade marca de la casa que venía a obviar con la solemnidad acostumbrada que ninguna fiscalía del mundo necesita la autorización de nadie para proceder a investigarle.

Cifuentes dice que se alegra de que la Fiscalía investigue el extraño caso de su máster en la Universidad Rey Juan Carlos, al tiempo que ha interpuesto una (o dos) querellas contra el director de eldiario.es, Ignacio Escolar, y la jefe de Política Social del mismo periódico, Raquel Ejerique. Una estrategia de defensa que constituye toda una temeridad porque, como todo el mundo sabe, en un proceso penal puede solicitarse toda práctica de prueba, tanto documental como testifical. Y eldiario.es sabe perfectamente qué documentos tiene que pedir y a qué testigos tiene que llamar a la instrucción, incluida Cifuentes, que estará obligada a decir verdad.

Pero a Cifuentes y a Soria le han unido en sus dos viacrucis de indecencia otro factor repetitivo en el PP: las aclamaciones, los vítores y los aplausos de hooligans. En la convención del PP celebrada este fin de semana en Sevilla los presentes le dedicaron una cerrada y prolongada ovación cuando la lideresa madrileña prometió, cual Scarlett O’Hara, que no volverá a pasar hambre nunca más. Es decir, que no se va a bajar del machito para tener que ejercer como ciudadana de a pie alguna de las carreras, plazas por oposición y títulos obtenidos vaya usted a saber con qué artes. Lo mismo que los correligionarios de Soria le hicieron cuando apareció por la sede del PP semanas después de haber dimitido de forma deshonrosa.

Ambos aplausos tenían para el PP la misma intencionalidad, reivindicar a los suyos: son unos corruptos, pero son nuestros corruptos. Y, de paso, salir en la foto aplaudiendo, unos para agradecer haber llegado hasta allí gracias al exministro desnudo y caído; los otros por si acaso vaya a seguir la Cifuentes mandando en el partido como continúa Rajoy a pesar de aparecer recurrentemente en los sobres en B.

El fiscal apunta a “un tercero”

La semana en la que Canarias tuvo una mujer presidenta también destaca por un hecho judicial de alta relevancia: la Fiscalía Superior de Canarias pidió 10 años de cárcel para el juez en ejercicio Salvador Alba Mesa, que se sentará en el banquillo algún día sin determinar de los próximos meses para responder de sus correrías presuntamente delictivas contra la también magistrada Victoria Rosell. El escrito de Vicente Garrido es extremadamente duro con el juez (aún en ejercicio), de una dureza que muy pocos esperábamos que pudiera producirse. En cuanto la magistrada instructora, Margarita Varona, decrete la apertura de juicio oral, el Consejo General del Poder Judicial activará su último acuerdo respecto a este presunto delincuente (juez aún en ejercicio) y lo suspenderá cautelarmente. Hasta entonces tendrá de plazo para poner la sentencia del caso Faycán, de la que no hemos vuelto a saber nada desde que acabó el juicio, marcado -entre otras cosas- por el hecho de que se le designara a él para presidirlo, tratándose como se trataba de una causa de corrupción protagonizada por el PP.

El mismo partido, fitetú, al que pertenecía José Manuel Soria, convenientemente citado por el fiscal en su escrito de acusación por ser una persona clave. No solo beneficiándose de la acción presuntamente delictiva del magistrado (aún en ejercicio), sino también siendo el precursor de la investigación previa de la Fiscalía, declarada ilegal por el Tribunal Supremo. El delito de cohecho que describe el fiscal que pudo haber cometido Alba (todavía en ejercicio como magistrado) se produjo en su beneficio o el de “un tercero”, y ese tercero no es otro que el ministro que había interpuesto ante el Supremo una querella contra Victoria Rosell una vez había fracasado su infame intento ante la Fiscalía de Las Palmas.

No se conoce aún la reacción oficial de Salvador Alba ni cuál será su estrategia de defensa a partir de ahora frente al durísimo alegato de la Fiscalía, pero algo ha dejado entrever su señora esposa (secretaria judicial con destino en el Juzgado de Violencia nº 1 de Las Palmas de Gran Canaria) en un comentario a la noticia correspondiente en Canarias7: “¿Y para Evangelina Ríos [fiscal] y su padrino Vicente [Garrido], que están también en el ajo, cuánto piden?”