Estos son los senadores que Marhuenda habría señalado

A ver si son ustedes capaces de concluir de dónde le vino a Francisco Marhuenda, director de La Razón, la filtración. La prensa española se había hecho eco en su día de la existencia de un manifiesto de 22 jueces con destino en Cataluña que se habían pronunciado a favor de la consulta sobre la independencia. Como es menester, la caverna montó en cólera, y en la línea habitual de convertir en etarras o en hijos de mala madre a todos los defensores del derecho a decidir, se confabularon para excomulgar a los 22 jueces. Como en la prensa de la derechona hay una pugna constante por ver quién mea más lejos, Marhuenda publicó las fotografías del DNI de los 22 insurrectos, sin tener en cuenta el detalle nada baladí que se trata de retratos que a) él no debería tener, y b) no se realizaron para ser divulgados de manera pública. Así que el amigo Marhuenda tiene un problema. Pero, volvamos a la adivinanza del principio: ¿quién facilitó al director de La Razón las fotografías del DNI de los 22 jueces? Los policías que han declarado ya ante la juez de Instrucción 22 (también tuvo que ser coincidencia el número del juzgado) han asegurado que ellos elaboraron un informe por instrucciones de la superioridad, pero que ellos no fueron los autores de la filtración. ¿Quién es la superioridad? ¿A cuenta de qué se encarga un informe sobre jueces en el ejercicio de sus derechos civiles? ¿Quién accedió al registro del DNI para capturar las 22 fotos? Y, lo mejor, ¿quién se las mandó a Marhuenda?

Los senadores canarios favorables al petróleo

Nosotros no hemos tenido que quebrar ningún secreto, ni acceder a registros públicos encriptados para hacernos con las fotografías de los senadores con las que adornamos esta página. Sencillamente entramos en la web del PP canario y nos fuimos al apartado de “Senado” para encontrarnos con los seis que este miércoles se partieron el pecho por frustrar la moción de Francesc Antich por la que se pedía una paralización temporal de las prospecciones petrolíferas para abrir una negociación con las dos comunidades autónomas amenazadas por ellas. Y una reforma de la Ley de Hidrocarburos, por cierto, que a veces las cosas importantes se nos quedan atrás por la teoría de los árboles que no dejan ver el bosque. Porque el portavoz de Industria del PP en el Senado, José Ignacio Palacios, también había aceptado discutir una modificación de la ley de hidrocarburos para impedir que fuera automática la tramitación de las autorizaciones petroleras, sin variable ambiental, en plan ancha es Castilla. Pues bien, a lo que íbamos. Estos seis senadores de pata negra del PP, a los que se suma el añadido de Meluca Suárez, incorporada por la puerta trasera del Centro Canario Nacionalista (CCN), están a favor de que se hagan prospecciones petrolíferas en Canarias. Y lo están de modo proactivo, porque su papel de este miércoles no se limitó a levantar la mano como autómatas, al contrario. Algunos de ellos se movilizaron ante el temor de que la moción de Antich pudiera prosperar en sus términos iniciales. Y ¿por qué publicamos estas fotografías? Al contrario de lo que hizo Marhuenda con los jueces, a los que quiso criminalizar, a nosotros nos mueve un interés puramente informativo, de servicio público, y tal. Porque los jueces de Marhuenda no se presentan a las elecciones, no son personajes públicos, y si ejercen su derecho a opinar es por la misma razón que lo puede ejercer cualquier hijo de vecino. Nuestros senadores, sin embargo, son unos perfectos desconocidos cuando, en rigor, debería ser al contrario: se presentan a unas elecciones, les damos el voto, nos representan en el Senado, cobran un sueldo y unas dietas y mejoras por hacerlo, y acostumbran a terminar la legislatura con el casillero tan en blanco que mal empleaditos los miles de euros que nos cuestan. Así que, en prestación de un servicio público, ahí los tienen en todo su esplendor.

Montelongo pide contratos de Soria y Taboada

Impactante resultó ver entrar, comitiva periodística en ristre, a la diputada Águeda Montelongo en la sede oficial de la Radiotelevisión Canaria. Así, con esa palabra, “impresionante”, describen los testigos presenciales el momento en que la parlamentaria majorera se constituyó allí con reporteros y periodistas y con dos becarios que dedicaron su tiempo a fotocopiar todos los documentos que les eran proporcionados. Cumpliendo con sus amenazas, Montelongo pidió decenas y decenas de contratos: de McKenzie, de Rolo, de Siete Mares, de Doble Diez… y los becarios venga a hacer fotocopias y fotocopias. Era todo un espectáculo seguramente destinado a gastar papel y tonner porque poco o nada va a poder hacer con tanto contrato la señora diputada teniendo en cuenta que a) no es una experta en gestión pública, como quedó acreditado durante el tiempo que estuvo al frente del Patronato de Turismo de Fuerteventura, donde dejó un reguero de pufos que ahora la tienen imputada en el TSJC; b) los contratos los debería tener la Audiencia de Cuentas, que ya los ha fiscalizado, lo que convierte el acto de su señoría en un bolo propagandístico sin más, y c), lo más importante, todos los contratos que se llevó fueron suscritos en la época en la que el director de cadena de Televisión Canaria era Carlos Taboada, actualmente cumpliendo igual destino (comisariado político) en Televisión Española en Canarias. Una época, por cierto, en la que el consejero de Hacienda y responsable de la Intervención General de la Comunidad Autónoma, era nada más y nada menos que José Manuel Soria. Otro magnífico gestor, todo sea dicho. Del agujero de Radiotelevisión Española ya hablaremos, que se nos acaba el folio.