Empecemos por lo más reciente, la sentencia de un juzgado de lo Contencioso-Administrativo que ha anulado la decisión del Gobierno de Canarias de declarar nulo un concurso para la adjudicación de la gestión de la Televisión Canaria y, como consecuencia de ello, la adjudicación posterior de uno de los lotes de esa gestión, el de los servicios informativos, a la empresa Videoreport Canarias. Nos encontramos ante una nueva muestra de una manera de ejercer la política muy frecuente en estos lares, una manera de imponer las cosas cuando el estado de la cuestión no gustaba a los políticos de turno. Para entender lo ocurrido es preciso situarse en el año 2007, cuando Paulino Rivero y José Manuel Soria reafirmaban su alianza en contra del socialista Juan Fernando López Aguilar, que había ganado aquel año las elecciones autonómicas por una importante diferencia de votos y de escaños. Soria y Rivero se conjuraron para controlar los medios informativos públicos y privados, y a tal fin utilizaron los mecanismos a su alcance, un concurso de adjudicación de televisiones digitales terrestres y otro concurso para la gestión de la televisión pública de Canarias, hasta entonces en manos de Socater, una empresa del grupo Prisa-Prensa Ibérica caída en desgracia por un cúmulo de desavenencias.