Tras conocer la nueva chulería del ministro Soria, telefoneamos este lunes a dos de las autoridades canarias con más voz y más voto en materia gasística. De un lado, la consejera de Industria, Paquita Luengo, que efectivamente confirma que las competencias para autorizar plantas de este tipo son del ministerio, y que si el Gobierno de España declara la de Gran Canaria de interés general, se diluye incluso la posibilidad de vetar el Plan Territorial Especial de Hidrocarburos ?que debía definir la ubicación- en la Cotmac, el órgano colegiado de ordenación del territorio que tanto Soria como Bravo de Laguna quieren cargarse para que la impunidad y la tabla rasa sean menos llamativas. Luengo ni confirmó ni desmintió que el Gobierno canario vaya a oponerse a la ubicación propuesta por el ministro, pero mucho nos tememos que un órdago de este tipo no habrá de quedar sin respuesta de las instituciones isleñas, con Paulino y Pérez con el cuchillo entre los dientes después de tantos atropellos. Desde luego no parece que el silencio y la resignación vayan a ser la postura que adopten los alcaldes de la Mancomunidad del Sureste, que históricamente se han opuesto a esa regasificadora proponiendo alternativas. Antonio Morales, la otra autoridad a la que recurrimos este lunes, ha confirmado que si el ministro va por ese camino se encontrará primero con los recursos administrativos y luego con los judiciales. Si Soria se baja un momentito de la moto y hace un poco de memoria, quizás le convenga no volver a echarle un pulso judicial al alcalde de Agüimes, porque las hemerotecas hablan de dos o tres revolcones a cuenta de la Asociación Mixta del Polígono de Arinaga que desde luego dejaron a Su Excelencia in puris naturalibus.