Los agraciados funcionarios urbanísticos de Santa Cruz saben, desde luego, bastante del pelotazo de Las Teresitas, y son los últimamente señalados como conocedores y ocultadores de los famosos papeles que demuestran que el Ayuntamiento compró a los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González unos terrenos que en realidad eran propiedad municipal. Pensar que todo el esfuerzo que hicieron para que la mordida fuera del calibre que fue (90 millones de euros en plusvalías entre compraventa y recalificación de los suelos luego vendidos a Mapfre) queda recompensado con 750.000 cochinas pesetas, en el caso de Reyes, y menos de medio millón de rupias a Roca, suena a chiste. La verdad. Pero el hallazgo de estos pagos no demuestra, como asegura Corrales, la confirmación de que había una trama corrupta. De haber encontrado pagos millonarios a esos funcionarios en un paraíso fiscal sería otro cantar. Lo que sí demuestran estos cheques es que la jeta con la que se actuó esos años de Zerolo en el Ayuntamiento parece no tener límite, y seguramente servirán para tirar un poco más de la manta y comprobar qué otras gratificaciones hubo. Pero la trama corrupta ya existía y está perfectamente relatada en la querella de la fiscal anticorrupción y en los tomos que ocupa la causa, actualmente en el Supremo por la gracia de Coalición Canaria y el PP de hacer senador por la Comunidad Autónoma al ex alcalde de Santa Cruz. Lo único novedoso del anuncio de Corrales es que parece que no hay ningún socialista en activo al que poder endilgar las culpas, como trató de hacer él, en compañía de Felipe Campos, cuando el actual concejal de Urbanismo descubrió la titularidad municipal de los terrenos en litigio.