Pero si solo fuera un problema de dependientes en precario, con toda la gravedad que eso conlleva, otra gallo cantaría en las arcas públicas canarias. Porque hasta la fecha, el Gobierno de CC-PSOE sí que ha salido con contundencia a rechazar de plano la intención del Ejecutivo de Mariano Rajoy de abrir la puerta a los despidos colectivos en el sector público, por la vía de los EREs indiscriminados por causas económicas justificadas -dejar de percibir un 10% de lo habitual, nada más-, con el posicionamiento claro de la consejera de Industria, Empleo y Comercio, Margarita Ramos. Sin embargo, poco se sabe de cómo respira el pacto canario en torno a la obligación de los inmigrantes sin papeles, es decir, sin un contrato de trabajo, en el paro o ya fuera del sistema de protección estatal, de pagar entre 700 y 1600 euros anuales para tener derecho a recibir asistencia sanitaria en la red pública. Este miércoles UGT Canarias ha lanzado el guante a Paulino Rivero y le ha invitado a seguir los pasos del lehendakari Patxi López: que la Comunidad Autónoma Canaria asegura a todos las personas que viven aquí que podrán ser atendidos gratuita en los centros del Servicio Canario de Salud. No estaría de más empezar a trazar una raya entre lo justo y solidario y lo discriminatorio. Desde ya.