Los condicionantes que debe cumplir Red Eléctrica para la construcción del Salto de Chira

El viernes 30 de julio, tras un proceso de más de siete meses, el órgano colegiado de Evaluación Ambiental -dependiente de la Dirección General de Lucha contra el Cambio Climático y Medio Ambiente del Gobierno canario- aprobó la declaración de impacto ambiental de Salto de Chira. Según el documento, el objetivo de la central hidroeléctrica ubicada en Gran Canaria es mejorar la calidad de la frecuencia de la señal eléctrica en la red procedente de fuentes renovables y almacenar parte del excedente de la energía, aportando flexibilidad.

Red Eléctrica Española, adjudicataria de la obra desde 2015, cuando Unelco-Endesa renunció al proyecto que obtuvo en 2011, ya ha anunciado que iniciará las obras con la construcción de una desaladora en el municipio de Arguineguín, adjudicada a Tedagua, con la que bombeará agua al embalse inferior (Soria), que a su vez se podrá elevar al superior (Chira), desde donde caerá para generar electricidad en la central ubicada bajo tierra, entre ambas presas. Pero antes deberá cumplir con una serie de requisitos exigidos en la declaración para mitigar su impacto en diferentes ámbitos del territorio:

La Costa

La desaladora que permitirá mantener el agua en la presa de Soria conlleva una afección al medio marino, principalmente a causa de los vertidos de salmuera. Uno de los principales puntos analizados en la declaración de impacto ambiental fue la ubicación del emisario, que además se sumaba al ya existente de la estación depuradora de El Pajar. El área coincide con la Zona Especial Conservación Franja Marina de Mogán, donde existen hábitats sensibles y críticas para cetáceos o tortugas.

Se adaptó el conducto de la depuradora a la de de Salto de Chira para emitir los vertidos en el mismo punto, a 25 metros de profundidad, con una salida al mar en la cota -6,5 metros. Según el documento, a dicha distancia se garantizaba un menor impacto a especies que habitan la zona, como la tortuga verde o las comunidades bentónicas (que habitan el fondo marino) y no existen comunidades de arena vegetada. Por otro lado, la captación del agua se debe situar a 20 metros de profundidad para minimizar la afección sobre las larvas. 

Además, antes de ejecutar las obras, REE debe realizar un estudio cartográfico, batimétrico y bionómico para describir en detalle los tipos de fondos, hábitats y especies de flora y fauna. Y, si se requiriera, disponer la traslocación de especies con la creación de un arrecife. Una vez entre en funcionamiento, la declaración también insta a realizar un plan de seguimiento de las comunidades bentónicas y de la tortuga verde cerca de los vertidos. Junto a ello, se creará un equipo de expertos biólogos marinos para ejecutar un programa de vigilancia ambiental y controlar la calidad de las aguas así como la observación de los cetáceos. De manera periódica, al menos durante dos años, se remitirán informes al órgano competente. 

El suelo y el subsuelo

El servicio de Planeamiento de la Consejería de Política Territorial del Cabildo de Gran Canaria declaró previa consulta que el proyecto es compatible con el Plan de Ordenación de Gran Canaria. En la declaración de impacto ambiental se refleja que la obra llevará una amplia ocupación del suelo, temporal o permanente, que alterará de forma irreversible las capacidades de infiltración y regeneración. Esto se dará de forma especial en los depósitos inertes. En total, se ocuparán más de 800.000 metros cuadrados para excedentes.

Para reducir su impacto, REE ha planteado su reutilización para rellenos, escolleras, muros de contenciones y hormigones, así como para otras obras. Ello precisa de un cribado y un proceso de machaqueo, una acción que requeriría modificar el proyecto y emitir un nuevo estudio de impacto ambiental, porque se desconocen las características de la actividad o su ubicación. 

Adicionalmente, la empresa ha presentado dos iniciativas para la restauración de dichos depósitos y la declaración insta a que se retiren todos los residuos en la zona de las obras, sean o no de la construcción, con su clasificación correspondiente según su naturaleza y su gestión conforme a la normativa específica.

Por otro lado, en el documento se reconoce que la conducción del agua desde la desaladora hasta Soria producirá una alteración en la morfología del barranco, al igual que las voladuras y excavaciones para construir la caverna en ese suelo. En todo caso, los estudios geológicos y geotérmicos concluyeron que la zona elegida para ubicar la central y llevar a cabo dichas actuaciones era la más favorable.

En todo caso, para mitigar los efectos en superficie, se minimizarán los desmontes y los terraplenes y se restaurará la morfología original, además de señalizar los suelos que no deben ser ocupados durante las obras. En cualquier caso, se realizarán cuatro inspecciones anuales para comprobar el estado del suelo y del subsuelo en la zona. 

El paisaje protegido

Parte de las obras de Salto de Chira se ubican en torno siete espacios de la Red Natura 2000 y en espacios naturales protegidos de la Red Canaria. Sin embargo, la declaración establece que el proyecto se ha sometido a “una adecuada evaluación de sus repercusiones en los lugares integrantes de la Red Natura 2000”.

Así lo acreditó el informe del servicio de Biodiversidad de la Dirección de Lucha contra el Cambio Climático del Gobierno de Canarias, que ha informado favorablemente de las actuaciones. En el documento concluye que las actuaciones “no causarán perjuicio a la integridad de los espacios siempre que se haga efectivo el cumplimiento de las medidas que han sido asumidas por el promotor a lo largo del trámite de evaluación ambiental”. 

A pesar de que el servicio de Biodiversidad del Gobierno de Canarias declaró que el sendero turístico no es imprescindible, REE considera que es parte intrínseca del proyecto como medida compensatoria a los habitantes del barranco y los visitantes. Y se plantea su construcción anexa a la carretera, integrando en una base la instalación de fibra óptica. Para su ejecución, se debe elaborar la documentación técnica y ambiental de la iniciativa, que se remitirá a la Dirección General de Energía y a la de Lucha contra el Cambio Climático.

La atmósfera y la salud pública

La declaración de impacto ambiental refleja que durante las obras se ejecutarán explosiones, movimientos de tierra con excavaciones o un transito de vehículos de 200 camiones al día durante, al menos, 38 meses. Todo ello supondrá una afección a la atmósfera con emisiones de dióxido de carbono y aumentará el polvo y las partículas en suspensión, que en episodios de clima pueden afectar a la salud pública. 

Para mitigar estos efectos, establece que se seleccionen equipos con menores emisiones, que se incremente la humedad de los terrenos o limitar la velocidad de los vehículos a 30 kilómetros por hora. También se regulará el tráfico y se asegurará la circulación en la GC-505, la más afectada.

El ruido y las vibraciones son otros factores que pueden afectar a núcleos habitados cercanos, especialmente a la población de Vento, debido a su proximidad con un depósito de inertes. Según los cálculos del documento, los excedentes que se lleven dicha zona afectarán a 1.102 residentes en el entorno y a 4.200 usuarios en jornada laboral durante 38 meses.

El documento recoge que las actuaciones más ruidosas, en superficie, se prolongarán durante las primeras tres o cuatro semanas y, después, ya bajo tierra, se mitigará. Otras durarán más tiempo, como el de la movilidad de los camiones o la maquinaria pesada y, para ello, se contempla actuar en el foco del ruido, apantallándolo para reducir la dispersión de la onda sonora. Además, los agentes privados mantendrán una vía de comunicación fluida con las poblaciones para informarles de las actuaciones así como las medidas de mitigación. 

El agua superficial y subterránea

El texto manifiesta que el proyecto puede afectar potencialmente a la masa de agua subterránea de las medianías-sur, que presenta una buena calidad y un índice de explotación del 29%, pero un riesgo alto de incumplir la directiva de la UE. La principal afección que podría producirse es el drenaje a causa de las excavaciones, que provocarían una variación importante en el funcionamiento del acuífero. Para mitigar este efecto, se propone la impermeabilización del macizo en torno a dichas obras subterráneas.

La declaración también refleja que puede existir un riesgo de contaminación de las aguas subterráneas por infiltración debido a vertidos accidentales de maquinaria, aunque con un riesgo bajo porque la capacidad de infiltración es baja. Por ello, se verificará cada máquina para evitar este punto. Además, de forma temporal y acotada, la playa de Arguineguín se verá afectada por el soterramiento del emisario de vertidos de la desaladora. En cuanto a las aguas superficiales, se señala que se producirán afecciones en barrancos y barranquillos.

En cualquier caso, REE se ha comprometido a elaborar un inventario de todos los puntos de aguas superficiales y subterráneas en el ámbito de actuación con la finalidad de analizar sus características, definir una red de puntos de control e instalar medidores que detecten variaciones. También se realizarán inspecciones periódicas para verificar las dimensiones de los acuíferos o su posible alteración y correspondiente restauración.

Flora y fauna terrestre

Salto de Chira conllevará una perdida o deterioro del hábitat de vegetación, principalmente en la primera fase de la construcción, como consecuencia del desbroce y los movimientos de tierra, que puede tener como consecuencia afección a la fauna. En este sentido, la declaración de impacto ambiental refleja que se realicen prospecciones sistemáticas antes de las obras para detectar ejemplares de palmeras, sauces, tarajales o pinos que puedan resultar afectadas, para valora su posible trasladado a otras zonas si fuese necesario. En el caso de las palmeras, si se realizara esta acción, previamente se realizaría un estudio fitosanitario para comprobar si tiene alguna plaga, como el picudo.

Antes de ejecutar los trabajos, REE también deberá presentar un estudio sobre las especies exóticas invasoras y alóctonas en el cauce del barranco de Arguineguín con el objetivo de eliminar especies invasoras como el rabo de gato, en colaboración con el Cabildo de Gran Canaria y el Consejo Insular de Aguas. A su vez, el promotor realizará una prospección sobre la fauna invasora, como la culebra californiana, para retirar todos los ejemplares posibles de la zona antes del inicio de las obras.

Sobre la fauna terrestre, la declaración solicita un estudio sobre las zonas de mayor presencia del escarabajo negro correspondiente a un ciclo anual para conocer su comportamiento, que debe realizarse antes de la construcción, y determinar su posible traslado. Para otras especies afectadas como el cigarrón palo, se especifica que se le buscarán refugios y las obras se adecuarán a su reproducción.

En cuanto a las aves que puedan verse afectadas por los tendidos eléctricos, el documento contempla para el halcón tagorote que la obra se adecúe a su reproducción, entre marzo y julio, y, para el murciélago de montaña, se buscarán refugios y medidas para proteger la especie. Y al igual que para el cuervo canario o el alcaraván común, se señalizarán cada 10 metros con salvapájaros los cables de líneas de alta tensión para evitar colisiones. 

Patrimonio

Las prospecciones arqueológicas realizadas por el promotor dieron como resultado la documentación de tres zonas al este de Soria que se excluyen de la zona de actuación. Respecto al yacimiento arqueológico cercano a la desaladora, se vigilará el desarrollo de la obra para que no afecte al área. Como medidas de control, se acomete el baldamiento y señalización donde sea necesario, así como el seguimiento arqueológico de todos los movimientos de tierras y excavaciones. Además, el órgano de Evaluación Ambiental insta a que se cumpla con el informe que emita el servicio de Patrimonio de Cabildo de Gran Canaria al respecto.

Riesgos y seguridad

Previo requerimiento, REE ha analizado los potenciales riesgos del proyecto de acuerdo a la metodología del Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil. En el documento se prevén medidas ante riesgos de inundaciones, movimientos geológicos, incendios, temporales de fuertes vientos o calima, accidentes de tráfico o explosiones, sin que ninguno alcance un nivel alto.

Se reconoce que pueden acaecer dos accidentes graves: el colapso de las cavernas o de los túneles y la rotura de las presas. Sin embargo, la probabilidad de que ocurran ambos escenarios se considera muy baja, aunque el riesgo, de darse, sería alto. Para garantizar la seguridad de la caverna, se proyectan parámetros de diseños sólidos, además de numerosos estudios, sondeos, ensayos y prospecciones de la zona. 

Y en la documentación de la declaración se recoge que el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria concluyó que las presas presentan un buen comportamiento y son seguras. Como medida de prevención, se adopta controlar la velocidad y frecuencia de las voladuras cercanas a las presas mediante la limitación de cargas en la zona.

Comisión técnica de seguimiento

Además del programa de vigilancia ambiental, que hará seguimientos para mitigar o controlar afecciones a la flora, la fauna y el paisaje, la declaración de impacto ambiental considera que “dada la envergadura del proyecto, los elementos de la biodiversidad afectados, la duración de la construcción” se considera necesaria la creación de una Comisión técnica de seguimiento. En este instrumento participarán “todos los agentes implicados” en Salto de Chira para facilitar “la supervisión institucional” y garantizar la ampliación del ya citado programa de vigilancia ambiental.

En concreto, deben estar representadas los responsables del programa de vigilancia ambiental de REE y de las siguientes administraciones: la Dirección General de la Energía, la Dirección General de Lucha contra el Cambio Climático y Medio Ambiente (Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias); los servicios de Patrimonio Histórico, de Medio Ambiente y de Residuos del Cabildo de Gran Canaria y el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria.