El Ayuntamiento de Puntagorda gasta 2.414 euros por habitante; el de Icod, solo 415. ¿Cuánto invierte en ti el tuyo?

Toni Ferrera

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La campaña electoral es el momento preferido de los líderes políticos municipales para prometer más dinero, inversiones y gasto en el pueblo. En algunos casos, esos consistorios apenas manejan unos pocos millones de euros, como es el ejemplo de Vilaflor de Chasna, en Tenerife, que solo ingresó 3,4 millones en 2021. Pero en otros, el presupuesto es cuantioso, como en Las Palmas de Gran Canaria, con 380 millones ingresados ese mismo año.

Entre esos dos extremos se mueven el resto de los consistorios del Archipiélago: Telde (110 millones de euros en concepto de ingresos en 2021), Arona (106 millones), Pájara (44,9 millones), Arrecife (93 millones) y todos los demás ayuntamientos, que deben planificar cómo gastar ese dinero y a qué partidas dedicar más o menos.

En ese contexto, Canarias Ahora ha analizado los datos del Ministerio de Hacienda y Función Pública correspondientes a las liquidaciones presupuestarias de las entidades locales de las Islas entre 2019 y 2021, los años de esta legislatura (a falta de 2022, cuyas cifras aún no están disponibles), para descifrar el desembolso funcional por habitante de cada una de ellas.

Este gasto engloba las cuentas dedicadas a los servicios públicos básicos (seguridad y movilidad ciudadana, vivienda y urbanismo, bienestar comunitario y medio ambiente), actuaciones de protección y promoción social (atención a grupos con necesidades especiales, fomento del empleo y pensiones), actuaciones de carácter económico (desarrollo de la actividad económica, infraestructuras, transporte e I+D+I), y producción de bienes de carácter preferente (sanidad, educación, cultura y todas aquellas cuestiones relativas con la mejora de la calidad de vida).

El gasto funcional también recoge la deuda pública y las actuaciones de carácter general, esto es, el dinero que hace falta para sostener las funciones de gobierno o apoyo administrativo. Al tratarse de inversiones que no repercuten directamente en el bienestar general de los ciudadanos, han quedado fuera del análisis realizado.

Así, los resultados desvelan grandes disparidades entre las localidades de las Islas. En Puntagorda, La Palma, el ayuntamiento destinó anualmente 2.414 euros por habitante entre 2019 y 2021. Le siguen en la clasificación los municipios de Artenara (2.393 euros), Tejeda (2.278 euros), Fuencaliente de La Palma (2.186 euros) y Mogán (2.080 euros).

Al final de la tabla se encuentra el ayuntamiento de Icod de los Vinos, en Tenerife, que solo destinó cada año 415 euros por habitante, por detrás de Tuineje (418 euros), Tacoronte (436 euros), Firgas (513 euros) y Puerto del Rosario (537 euros). Con respecto a las cuatro ciudades más pobladas del Archipiélago, destaca Santa Cruz de Tenerife, con 943 euros por vecino, por delante de Las Palmas de Gran Canaria (774 euros), San Cristóbal de La Laguna (710 euros) y Telde (541 euros), municipio, este último, encorsetado por el pago de la deuda pública que finalmente liquidó a finales de 2020.

Cuanto más pobre es el municipio, mayor es el gasto del ayuntamiento

La correlación entre la renta media mensual en cada municipio y el gasto anual por habitante de los ayuntamientos revela una tendencia clara en Canarias: los consistorios suelen hacer un mayor esfuerzo en las localidades más pobres. En Puntagorda, por ejemplo, el salario promedio está en 1.257 euros, el cuarto más bajo de toda la comunidad, según datos de la Agencia Tributaria para 2020. Pero la inversión per cápita de la administración local, unos 2.414 euros, es la más alta del Archipiélago.

Una relación similar tiene lugar en Garafía, en La Palma, donde la renta media es de 1.160 euros y el gasto por habitante del ayuntamiento alcanza los 1.930 euros, el sexto valor más alto de las Islas. En Barlovento, las cifras son similares (1.268 y 1.808 euros, respectivamente). Y en Vallehermoso (1.248 y 1.676 euros), Agulo (1.353 y 1.538 euros) y Valleseco (1.433 y 1.630 euros), más de lo mismo.

Financiación de los ayuntamientos y por qué unos gastan más que otros

Los consistorios cuentan con dos grandes fuentes de ingresos: los tributos que gestionan directamente y las transferencias estatales, que se reparten de dos e incluso tres maneras distintas.

Los municipios con una población superior a los 75.000 habitantes o que son capitales de provincia o comunidad autónoma están sujetos al modelo de cesión de algunos impuestos estatales y participan en un Fondo Complementario de Financiación, explica Alberto Vaquero García, profesor titular del departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Vigo (Uvigo), miembro del grupo de Investigación GEN (Governance and Economics Research Network) y codirector de Red Localis, una organización sobre municipalismo que reúne a profesores e investigadores sobre gobernanza local.

Mientras, el modelo aplicado para el resto de municipios está basado en un conjunto de variables, que son la población (75%), el esfuerzo fiscal y el inverso de la capacidad tributaria (12,5%). En el caso de la primera variable, esta es ponderada en función del número de habitantes, por lo que una localidad con más de 20.000 habitantes no solo recibirá más dinero que una de menos de 5.000 por contar con más vecinos, sino también porque el coeficiente asociado al número de personas es mayor (1,4 frente a 1).

Por último, Vaquero también recuerda que los denominados “municipios turísticos”, aquellos que, no cumpliendo con los requisitos para acceder al sistema de cesión de impuestos, sin embargo, tienen una población superior a 20.000 habitantes y un número de pisos de segunda residencia superior al de viviendas principales, se financian mediante una participación en los tributos del Estado de carácter mixto. En Canarias hay muchos ejemplos de este estilo, en especial en el sur de Tenerife y Gran Canaria.

Después de conocer parte de los datos analizados por esta redacción, el economista y profesor de la UVIGO razona que “la clasificación funcional del gasto de los ayuntamientos revela un patrón heterogéneo en toda España, no solo en Canarias. Lo que sucede es que, en función básicamente de la población, se observan habitualmente ciertos patrones de comportamiento en cuanto al gasto por habitante”.

Vaquero razona que “algo parecido pasa con el color político” y que los estudios realizados hasta ahora concluyen que las administraciones de color político “más progresista” gastan más que las conservadoras, al mismo tiempo que, en situaciones de déficit, quienes ajustan antes los desembolsos a los ingresos son precisamente las últimas. “Esto explicaría comportamientos globales en cuento a la expansión/contracción de gasto”.

Los trabajos académicos elaborados por Vaquero revelan un patrón habitual: en las áreas de gasto de servicios públicos básicos y producción de bienes, son los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes los que más fondos destinan en este sentido. En cambio, en lo referente a las actuaciones de protección y promoción social, así como de carácter económico, la importancia relativa decrece a medida que aumenta el tamaño poblacional.

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