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Canarias solo se ha gastado la mitad de los fondos europeos que recibe desde 2015 por falta de técnicos cualificados

Las Palmas de Gran Canaria, en una imagen de archivo

Toni Ferrera

Las Palmas de Gran Canaria —

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El año en que Canarias preveía relanzar su economía después de la pandemia y la erupción del volcán de La Palma ha comenzado embarrado. Primero ómicron, que dejó las semanas con más muertes a causa de la COVID en las Islas. Y ahora la guerra en Ucrania, que indudablemente afectará a las finanzas del Archipiélago. Los fondos europeos de reconstrucción, esa red que España y las comunidades iban a usar como trampolín para diversificar su economía, se han quedado en el ostracismo más absoluto. Siguen ahí, en un segundo plano, pero el frenazo de la rueda económica, unido a los problemas de gestión reconocidos por las administraciones públicas, hacen peligrar aún más su ejecución (o por lo menos retrasarla).

Canarias, según los datos de la Comisión Europea, solo ha gastado la mitad del dinero comunitario que le corresponde del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el marco de 2014-2020. La mayoría de las comunidades se mueven en porcentajes similares. Solo La Rioja, con ocho de cada diez euros ya ejecutados, sobresale. La misma historia se repite con otros instrumentos de financiación europea. El Archipiélago ha gastado el 52% del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y solo el 23,5% del Fondo Social Europeo (ESF), a la cola del resto de España.

La gestión del dinero que proviene de Bruselas siempre es un reto. Lo remarca Michelle Perello, fundadora y directora de Consulta Europa, una empresa afincada en Gran Canaria especializada en facilitar el acceso a oportunidades y recursos ofrecidos por la Unión Europea. Perello confiesa que en Canarias no se hacen las cosas peor que en otros sitios. Pero sí asegura que la lluvia de dinero ha sorprendido a propios y a extraños dentro del sector, reflotando una de las carencias que más denuncia: la falta de ideas.

Pone un ejemplo: desde hace unos meses, su empresa gestiona unos fondos facilitados por la Comisión Europea para pequeñas y medianas empresas del sector turístico. “Lanzamos la convocatoria, pero nos ha costado horrores conseguir proyectos. La demanda ha sido muy baja. Creo que el sector todavía no se ha reactivado. Tengo el dinero, pero si no llegan propuestas…”.

“Igual el diseño de la convocatoria y de los programas de financiación debería involucrar más a los beneficiarios futuribles”, continúa Perello. “Si pudiéramos meter en el diálogo que está detrás de estos programas a pequeñas y medianas empresas, incluso a sociedad civil, si se preguntara realmente qué necesitan y cómo, sería todo más fácil”.

Hay pocas solicitudes. Perello lo reconoce. Y cuando la escasez de planes no es el problema, se presenta otro: cómo tramitar el aluvión de expedientes que se acumulan en los cajones de las instituciones en caso de overbooking. “Hace falta personal para poder gestionar todos esos fondos. Y ahora mismo no los hay”, remacha.

Quien conoce más de cerca esta realidad es Raúl García Brink, consejero de Desarrollo Económico, Energía e I+D+I del Cabildo de Gran Canaria. Para él, la situación es “muy preocupante”, sobre todo en los municipios más pequeños de Canarias.

“Apostaría por abrir la mano en los recursos humanos para poder afrontar el desafío que supone los fondos Nex Generation. Siempre se pueden buscar soluciones. Desde la UE se está exigiendo a las administraciones inversiones en innovación, pero las administraciones públicas tienen una estructura del siglo XXI”, explica.

Aquí Brink divide la problemática en dos patas. Por un lado, el vacío en perfiles específicos dentro de los ayuntamientos. El Cabildo de Gran Canaria, según cuenta, tuvo que encargarse de elaborar los planes de acción climática de todos los municipios grancanarios porque los técnicos locales estaban desbordados. Y por otro, el lento caminar de las instituciones públicas. “El ritmo no está acompasado con la sociedad”, señala. La tecnología puede haber ya avanzado cuando la licitación ha sido finalmente adjudicada.

Las consejerías del Gobierno de Canarias que más dinero recibirán, como las de Transición Ecológica o Comercio, Industria y Turismo, se han ido armando en los últimos meses con más personal. Las cámaras de comercio de las provincias de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife han reclamado más profesionales cualificados. Y los municipios se sienten los últimos en la cola. La Federación Española de Municipios y Provincia anunció recientemente que las entidades locales asumirán el 15% de la partida comunitaria destinada a España, que alcanza los 152.436 millones de euros. A Canarias llegarán 629 y ya están en proceso de ejecución 267,7, según la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos. El Ejecutivo regional tiene hasta 2023 para darle salida al resto. 

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