El Consejo de Europa ve ilegales algunas de las reformas laborales de Grecia
ESTRASBURGO, 19 (Reuters/EP)
El Consejo de Europa ha determinado este viernes en un fallo no vinculante que algunas de las reformas laborales llevadas a cabo por el Gobierno de Grecia en el marco de su plan de ajuste son ilegales porque violan los derechos de los trabajadores.
El Comité de Derechos Sociales ha apuntado a las reformas laborales de 2010, que extienden un año el “periodo de prueba” durante el cual los trabajadores pueden ser despedidos sin previo aviso y reducen a dos tercios del salario mínimo la retribución de los menores de 25 años de edad.
El grupos de expertos ha indicado que ambas medidas violan la Carta Social Europea, ya que los trabajadores tienen derecho a ser avisados de que van a ser despedidos con un tiempo “razonable” y la reducción salarial supone que los jóvenes griegos van a situarse por debajo de la línea de la pobreza, fijada en 580 euros mensuales.
Por todo ello, ha considerado que ambas decisiones deberían ser anuladas, subrayando que los ajustes presupuestarios no deben traducirse en una erosión de los derechos de los trabajadores consagrados en la Carta Social Europea.
A este respecto, el presidente del Comité de Derechos Sociales, Luis Jimena Quesada, ha explicado en una rueda de prensa que, aunque el fallo del Consejo de Europa no es vinculante, “puede ser invocado ante las jurisdicciones nacionales”.
El fallo responde a una denuncia presentada por los sindicatos griegos a causa de la serie de recortes que el Gobierno ha llevado a cabo en los últimos años por imposición de la 'troika' --Comisión Europea, Banco Central Europeo (BCE) y Fondo Monetario Internacional (FMI)-- a cambio de recibir la ayuda prometida.
El Consejo de Europa es una organización internacional creada en 1949 para promover la cooperación entre los países del Viejo Continente sobre la bases de unos estándares comunes de sometimiento al imperio de la ley, desarrollo democrático y Derechos Humanos.
El Comité de Derechos Sociales, formado por 15 expertos independientes para un periodo de seis años, se encarga de garantizar que los países miembro del Consejo de Europa cumplen lo establecido en la Carta Social Europea.
