Los empresarios tinerfeños aún confían en que CC y PP cumplan su promesa electoral de bajar el IGIC

Santa Cruz de Tenerife
El presidente de la CEOE Tenerife, Pedro Alfonso (i), y el director de consultoría de corporación 5, José Miguel González (d), presentaron el informe de coyuntura económica de Canarias y perspectivas segundo trimestre de 2024. EFE/Miguel Barreto

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El presidente de la CEOE de Tenerife, Pedro Alfonso, se ha mostrado comprensivo con las dificultades del Gobierno de Canarias para rebajar el IGIC, cuya recaudación sigue creciendo, pero ha dado un “voto de confianza” al ejecutivo para cumplir ese compromiso electoral en 2025 si finalmente hay presupuestos del Estado.

En la presentación del informe de coyuntura económica de la CEOE tinerfeña del segundo trimestre del año, el economista José Miguel González, autor del estudio, ha corroborado que “Canarias necesita disminuir la presión fiscal”, no solo en el IGIC, sino también en el IRPF, que no se ha adaptado a la inflación, y en las cotizaciones a la Seguridad Social.

En su informe de coyuntura del segundo trimestre, la CEOE tinerfeña mantiene una previsión de crecimiento de la economía canaria en 2024 del 2,5% (la misma del trimestre anterior).

Pero posiblemente en el próximo trimestre se revise al alza esa cifra a la vista del buen comportamiento de la economía, dijo José Miguel González, quien considera que el objetivo de reducir la tasa de paro por debajo del 10% es alcanzable.

No obstante, el crecimiento económico sigue sustentándose básicamente sobre el “monocultivo” del turismo y los servicios, según recordó Pedro Alfonso, lo que lo hace muy vulnerable a Canarias ante cualquier crisis.

La construcción, que tradicionalmente ha tirado del empleo y de la economía, se mantiene estancada, como atestigua el consumo de cemento, un indicador adelantado que muestra que este sector no está arrancando a pesar de las medidas legislativas para favorecer la construcción de viviendas, una de las necesidades sociales más acuciantes.

Hay una distancia de 100.000 viviendas entre la demanda y la oferta y ese desfase solo se corrige “vía precios”, dijo el economista.

Ni en el consumo de cemento ni en el visado de nuevas casas ha tenido efectos de momento el decreto de emergencia habitacional del Gobierno de Canarias, pero tampoco hay grandes avances en la inversión pública, según los empresarios.

Pedro Alfonso concedió que el empleo está registrando buenos datos, si bien todo el que se genera está vinculado “a la estacionalidad del turismo y los servicios”, por lo que es preciso consolidar la construcción, la agricultura, el medio ambiente, la banca o la I+D.

Para Pedro Alfonso, falta inversión y una de las propuestas de la patronal para promoverla será, con ocasión de la reforma del REF, que se introduzcan beneficios fiscales a las empresas foráneas que inviertan en las islas asociadas a empresas locales, avanzó el presidente de la CEOE tinerfeña.

Como en anteriores comparecencias, Alfonso criticó el exceso de burocracia, que dificulta la inversión, y el absentismo laboral, que cifró en un 8% de las plantillas, un 1,5% sin baja que lo justifique.

Esta vez denunció también la pretensión del Gobierno de reducir la jornada laboral, un aumento de costes que sin mejoras en la productividad, que no se están dando, va a ser difícil de soportar para muchas empresas.

“El Ministerio de Trabajo no es solo para los trabajadores, es para crear empleo”, afirmó el presidente de la CEOE tinerfeña.

En su opinión, Canarias está “por debajo de su capacidad de producción”, pero en muchos casos no se encuentra gente para trabajar.

Pese a las dificultades en el terreno laboral, el informe de coyuntura reconoce el “dato importantísimo” de la Encuesta de Población Activa de que hay más de un millón de personas ocupadas en Canarias.

Este dato de empleo va de la mano de un avance económico sobre el que se ciernen incertidumbres, como la ralentización en el esperado descenso de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo.

La incertidumbre política nacional, además, amenaza con una nueva prórroga de los presupuestos del Estado en 2025, según el informe de coyuntura.

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