Convocan subvenciones para instalaciones agrícolas y ganaderas por 12,7 millones de euros
La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias ha publicado en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) las convocatorias anticipadas de subvenciones destinadas a apoyar inversiones en explotaciones agrícolas y ganaderas del Programa de Desarrollo Rural (PDR) para el ejercicio 2019, dotadas con fondos por valor de 12,7 millones.
Esto es, 10,6 y 2,1 millones de euros respectivamente. Con esta publicación la cuantía destinada a la modernización de instalaciones agrarias en esta legislatura sumará 54 millones de euros.
El consejero, Narvay Quintero, explicó que estos 12,7 millones de euros se suman a los 19,6 millones de la convocatoria de 2016 de esta línea y a los 22,2 millones de 2017, de los que se beneficiaron un total de 1.632 agricultores y ganaderos del Archipiélago.
“La modernización de las explotaciones agrarias es una prioridad para el Ejecutivo canario, y una cuestión inaplazable para el sector. La I+D+i aplicada a la agricultura y la ganadería nos permite mejorar la competitividad de nuestras producciones, una cuestión clave para enfrentarse al mercado actual, cada vez más competitivo y globalizado, y también cumplir con las directrices que la Unión Europea marca para el futuro”, comentó Quintero.
El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el 31 de enero de 2019. Éstas se formalizarán a través de la sede electrónica de la Consejería en este enlace.
Los directores generales de Agricultura y Ganadería, César Martín y David de Vera, respectivamente, explicaron que se subvencionan actuaciones dirigidas a mejorar los sistemas de riego y la calidad del agua; a la mecanización de los cultivos; la construcción de invernaderos; la adquisición de maquinaria e instalaciones para la mejora del proceso de recolección; la mejora de las construcciones de explotaciones ganaderas y de estructuras para mejorar la gestión de residuos y subproductos; la mejora de la eficiencia energética y del uso de fertilizantes; la primera transformación de productos agrarios en las explotaciones; la producción de bioenergía; la realización de inversiones derivadas de la aplicación de nuevas tecnologías y prácticas innovadoras, etc.
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23 años de cárcel
En Canarias Ahora podemos atestiguar que el Lawfare existe. Lo vivimos de cerca entre 2015 y 2022 cuando informamos con todo detalle de cómo el exministro José Manuel Soria (PP) y el exjuez Salvador Alba conspiraron para acabar con la carrera política y profesional de la magistrada Victoria Rosell (Podemos). Y lo volvemos a vivir ahora con el intento de Alba de vengarse en la persona del director de nuestro periódico, Carlos Sosa, tras haber sido descubierto, juzgado y condenado a los tres delitos más graves que puede cometer un juez (cohecho, prevaricación y falsedad en documento judicial) a seis años y medio de prisión y 18 de inhabilitación.
Con la ayuda de una jueza de Madrid que ha desoído incluso al Ministerio Fiscal, Alba ha conseguido que Carlos Sosa se siente en el banquillo para responder a una petición de 23 años de prisión y a una indemnización de 422.500 euros simplemente por haber informado con todo rigor de sus delitos y de sus trapisondas para eludir la acción de la justicia.
En definitiva, los objetivos de estas ayudas son mejorar la rentabilidad de las explotaciones y facilitar su reestructuración y modernización con el fin de incrementar su participación y orientación hacia el mercado, así como la diversificación agrícola; facilitar la entrada en el sector agrario de agricultores y ganaderos adecuadamente formados y potenciar el relevo generacional; mejorar la competitividad de los productores integrándolos mejor en la cadena agroalimentaria; y¡mejorar la gestión del agua, incluyendo la gestión de fertilizantes y plaguicidas y lograr un uso más eficiente de este recurso y de la energía; facilitar el suministro y uso de fuentes renovables de energía; prevenir la erosión de los suelos y mejorar su gestión; y reducir las emisiones de efecto invernadero, entre otros.
Estas subvenciones están financiadas en un 85% por la Unión Europea, en un 10,5% por la Comunidad Autónoma de Canarias y en un 4,5% por el Estado.
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