El Gobierno de Canarias defiende la introducción del gas para “contaminar lo menos posible”
El consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, Pedro Ortega, dijo este viernes que la introducción del gas como combustible en Canarias es necesaria porque el objetivo debe ser “contaminar lo menos posible” y garantizar la sostenibilidad económica del sistema energético mientras no sea posible el suministro cien por cien renovable.
“No se puede criminalizar el gas ni condenar a una industria porque cambie el fuel por el gas, ni condenar al sistema eléctrico” por utilizar el gas como combustible cuando es menos contaminante y más barato que el petróleo y no es técnicamente posible que todas las energías sean renovables.
El consejero, que compareció en comisión parlamentaria, reiteró que las energías renovables suponían el 8% del total en Canarias a principios de legislatura, alcanzan el 20% ahora, cubrirán el 25% o 30% en tres o cuatro años, llegarán al 45% en 2025 y, según la planificación energética, supondrán el 100% en 2050.
Mientras se desarrollan las renovables, no se puede condenar a las industrias canarias y al sistema energético a que siga contaminando más de lo necesario, insistió el consejero. Afirmó que pese al informe de la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia (CNMC) sobre la inviabilidad económica de la regasificadora prevista en el puerto de Granadilla, la planta será rentable si se considera el abaratamiento que supondrá el uso del gas en el sistema eléctrico, que reducirá la factura en 400 millones de euros anuales, dijo.
El consejero agregó que también es importante la planta regasificadora para abaratar el suministro de a los buques, un combustible que está requerido en los puertos de la red europea de transporte.
La portavoz de Podemos, Noemí Santana, acusó al consejero de pretender “vender gato por liebre” al tratar de justificar la instalación de la regasificadora de Granadilla con el suministroa los buques, cuando lo que se busca es la introducción del gas ciudad en contra de la opinión pública, por lo que le retó a que realice una consulta ciudadana al respecto. Santana y la diputada de Podemos María del Río abandonaron la comisión cuando a continuación la diputada del PP Cristina Tavío sostuvo que este partido pretender prohibir el gas y lo asemejó a la República Bolivariana de Venezuela, cuando son las empresas las que deben elegir el combustible que prefieran y el Gobierno facilitar esa elección, sobre todo si supone una mayor competitividad y por tanto más y mejor empleo.
El diputado del PSOE Gustavo Matos indicó que no se trata de criminalizar el gas, pero añadió que la introducción de ese combustible llega tarde y supone un freno a la penetración de las energías renovables.
En cuanto al gas ciudad, recordó que el decreto del Gobierno canario para su introducción en las islas está anulado judicialmente por un recurso de uno de los operadores, y pese a que el ejecutivo regional “apadrinó” el préstamo de 125 millones que otorgó el Banco Europeo de Inversiones a Redexis.
Sobre este asunto, Noemí Santana mostró su preocupación por la “herencia financiera” que puede dejar el Gobierno de Canarias a la hacienda pública si esa empresa, cuya propiedad “está troceada” entre fondos de inversión chinos y europeos, no hace frente a los pagos del crédito.
Pedro Ortega negó que el Gobierno de Canarias apadrinara o mediara para la concesión de ese préstamos, señaló que la inversión de Redeix es un proyecto exclusivamente privado y afirmó que el fallo judicial que anuló el decreto sobre el gas ciudad será recurrido.
El diputado del grupo Mixto Jesús Ramos Chinea consideró que “el experimento del gas se ha tropezado con las prisas” y ante las dudas sobre su viabilidad económica y la falta de consenso social e institucional, el Gobierno rebería reconsiderar su estrategia y buscar un acuerdo en el Parlamento y con los ayuntamientos.
