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Los juzgados condenan a Bankia por engañar a dos empleados en la venta de acciones

Tres nuevas sentencias en Las Palmas de Gran Canaria obligan a la entidad a devolver a accionistas un total de 20.000 euros

Las resoluciones judiciales insisten en que, de haberse sabido la situación financiera real de Bankia en el momento de la salida a Bolsa, "nadie hubiera comprado las acciones"

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Sucursal de Bankia. EVA SANLEANDRO

Continúa el goteo de sentencias condenatorias contra Bankia por la venta de acciones en la oferta pública de suscripción lanzada en verano de 2011. Tres juzgados de primera instancia de Las Palmas de Gran Canaria han anulado los contratos firmados por la entidad financiera con otros tantos clientes minoristas y le han obligado a devolverles los cerca de 20.000 euros que invirtieron en total, cantidad a la que debe sumar los rendimientos obtenidos, los intereses legales y las costas.

Se da la circunstancia de que dos de los afectados fueron trabajadores de la extinta Caja Insular de Ahorros, diluida en Bankia tras la denominada fusión fría. Uno de ellos adquirió las acciones siendo empleado de la entidad y presentó la demanda cuando ya la había abandonado. Otro se había jubilado antes de la suscripción y emprendió acciones legales en 2015, en plena avalancha de demandas.

En los tres casos los juzgados han dado la razón a los accionistas, representados por el abogado José Manuel Melián, porque Bankia les dio una información “incorrecta e inveraz”, dando una apariencia de solvencia y fortaleza patrimonial en los folletos que no se correspondía con su situación financiera real, según las resoluciones hechas públicas por la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin).

El 20 de julio de 2011 salió a Bolsa el 55% del capital de Bankia. Con una potente campaña publicitaria difundida en los medios de comunicación, la entidad animaba a los clientes minoristas a comprar acciones con una exigencia de inversión mínima de 1.000 euros. El precio de cada acción ascendía a 3,75 euros.

El objetivo, según el folleto de emisión registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), era “reforzar los recursos propios para realizar una aplicación adelantada de los nuevos estándares internacionales y cumplir las exigencias de la legislación bancaria”.

Este tríptico diferenciaba dos tramos de inversores. El 60% estaba destinado a los minoristas y a los empleados y administradores de Bankia y el 40%, a inversores cualificados. En el apartado de información sobre el emisor se describía a Bankia como “la primera entidad financiera en términos de activos totales de España”, induciendo a los compradores, a juicio de los magistrados, a “un desembolso amparado en la confianza en la solvencia de un consolidado grupo bancario”. Así captó más de 3.000 millones de euros.

Sin embargo, como ya ha quedado acreditado en la cada vez más extensa jurisprudencia de los tribunales en esta materia, Bankia maquilló su situación financiera. En la oferta pública de suscripción anunció unos beneficios netos consolidados a 1 de enero de 2011 de más de 300 millones de euros. La entidad ha defendido durante los procesos que su estado contable fue auditado por Deloitte, que para la adquisición de acciones no es necesario ser un experto financiero y que el folleto informativo fue supervisado por la CNMV.

Lo cierto es que un año después, tras el cese de la cúpula directiva en la primavera de 2012, los informes técnicos del Banco de España arrojaron unos resultados muy diferentes, reflejando pérdidas de más de 3.000 millones de euros. Tras conocerse estos datos, se suspendió inmediatamente la cotización de las acciones de Bankia y se intervino la matriz de la entidad, BFA, a la que se inyectaron 19.000 millones de euros con cargo a la deuda del Fondo de Restructuración Ordenada Bancaria (FROB), de los que 12.000 sirvieron para su recapitalización.

“De haberlo sabido, nadie hubiera comprado las acciones”, señala una de las sentencias. “Se puede poner como ejemplo grosero la compra de un vehículo de alta gama con 150 caballos de potencia y la entrega de un vehículo con una carrocería similar al que ha sido objeto de compraventa, pero con un motor de 50 caballos de potencia, justificando el vendedor que la menor potencia se debe al fabricante y no a la marca que lo comercializa”, explica otra resolución. Las sentencias son recurribles ante la Audiencia Provincial de Las Palmas.

Ante la gran cantidad de reclamaciones contra Bankia por la venta de acciones en una situación de quiebra técnica, antes de ser intervenida, la entidad puso en marcha de un proceso de arbitraje para agilizar las devoluciones a los minoristas y más de 76.000 ya han recuperado su inversión tras un desembolso por parte del banco de 358 millones de euros.

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