No hay desequilibrio, qué va

El próximo día 28 la oposición en el Cabildo de Gran Canaria explicará sus posiciones ante la polémica suscitada por las denuncias de Antonio Morales, presidente de la corporación insular, contra la política del Gobierno autónomo a la que considera grave y conscientemente desequilibrada en claro perjuicio de su isla. En el pleno del miércoles próximo tratarán los grupos de llegar a un acuerdo que enviarían el 6 de marzo al Parlamento canario. Lo que no tendrá consecuencias, bonito fuera, porque en Canarias la política está enferma; como en el resto del país.

Por lo que llevamos visto y oído, sumado a los antecedentes que conocemos, cabe esperar que en el Cabildo, al menos, se llegue a un acuerdo que contente a todas las partes y sea útil para salvar al menos el mobiliario insular. Acuerdo del que no participará el solitario consejero de ATI-CC, según avanza su secretario de Comunicación, el teldense Héctor Suárez, que debe pertenecer a la jarca de Pablo Rodríguez, vicepresidente de Clavijo por más señas. Suárez considera a Morales un tramposo manipulador de datos y le recomienda que deje de protestar y utilice el dinero que la corporación tiene en los bancos. A ver si de paso comunica el comunicador qué hacer para burlar el celo in vigilando del ministro de Hacienda que, a pesar de llamarse Cristóbal, no está por ayudar a nadie que no sea del PP a alcanzar la otra orilla.

No creo, insisto, que del Parlamento salga nada más allá de un desahogo pues la política ática ha logrado hacer de Gran Canaria la isla apestada a la que, encima, le ha colgado el sambenito insularista a pesar de los reiterados y estruendosos fracasos electorales en la isla de los intentos de ese signo. Un nuevo reflejo de la cínica bajeza de la política en Canarias. Pero con estos bueyes hay que seguir arando y hay, por lo menos, que incomodarlos y sacarles los colores.

Digo que se llegará a algún tipo de acuerdo en Gran Canaria porque Felipe Afonso el Jaber, portavoz del PP en el Cabildo grancanario considera que “no se puede negar que, al menos en las dos últimas décadas, ha habido un desequilibrio inversor histórico que ha perjudicado de forma clara a la isla de Gran Canaria, lastrando en estos años su desarrollo y mermando su capacidad competitiva”. Este mismo consejero recuerda que los dos puertos grancanarios dependientes de la Comunidad Autónoma han recibido el 5% de la inversión total realizada desde mediados los años 90: la intención de dañar esas instalaciones portuarias en lugar de mejorarlas no sorprende. Ya por entonces estaba ATI-CC al frente del Gobierno en el que ha permanecido ininterrumpidamente hasta hoy resistido a cualquier reforma electoral en defensa de la triple paridad que es lo más alejado que se despacha del principio de un hombre, un voto. Buena muestra de la connivencia insularista es el seguidismo del gomero Casimiro Curbelo que todo lo ve por los ojos áticos.

Por último, José Miguel Bravo, presidente de Unidos por Gran Canaria y ex presidente del Cabildo grancanario, está también dispuesto a respaldar a Antonio Morales, si bien anuncia que el miércoles acudirá a la CasaPalacio con nuevas propuestas de su partido.

Cuentan que el Gobierno se ha negado en todo momento facilitar información sobre los extremos que podían mostrar la existencia o demostrar la inexistencia de desequilibrio. Una actitud que inclina a pensar que, en efecto, hay un desequilibrio que ocultar. Ahora y no antes, tras hacerse públicos los datos reunidos por la comisión de estudio, sale la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, con un cuadro con las cifras totales del presupuesto consolidado de la Comunidad a través de las obligaciones reconocidas en el periodo 2001-2016; con el añadido de dos machanguitos anexos (al menos en los periódicos) de los que resulta la media per cápita de las obligaciones reconocidas netas consolidadas: 288,4 euros en Gran Canaria y 290,72 en Tenerife. Poca cosa, vienen a decirnos.

Aquí conviene recurrir a la memoria histórica antes de entrar en otros sabrosos detalles. Hay que remontarse al año 93 del siglo pasado en que ATI inició el ascenso que consolidaría con la creación de CC, con el ex comunista Mauricio entre los muñidores. Ya se vio a Mauricio llevando a hombros al Hermoso Manuel a la salida de una comparecencia en el Juzgado como si le hubiera cortado las dos orejas a su señoría. Han pasado cuatro lustros pero es evidente que los negocios aconsejaron a más de un grancanario a alinearse con ATI que inició su toma del poder autonómico con el traslado, callada la boca y con las complicidades de ordenanza, de la Consejería de Hacienda a Santa Cruz de Tenerife. Lo que me lleva a remontarme más de cuatro décadas, al 1 de enero de 1973 en que entró en vigor la ley de Régimen Económico y Fiscal (el REF, ya saben).

El REF creó la Junta Insular de Arbitrios Interinsulares más conocida por su siglas de JIAI. Era la encargada de la recaudación fiscal canaria. Nada digo de la otra Junta también nacida entonces, la JEIC, que quedó casi inédita. Sede de la JIAI era un año Las Palmas y al siguiente Santa Cruz (o Santa Cruz primero y después Las Palmas, dicho sea para evitar suspicacias).

Los fondos de la JIAI se repartían entre las dos provincias al 50%, el fifty-fifty como lo llamaban coloquialmente.

Eran años aquellos 70 de importante desarrollo comercial y portuario de Gran Canaria al que se añadió el despliegue de las construcciones y de la actividad turística del Sur. A la que se sumaba en el total de la recaudación en la provincia oriental el despegue que ya experimentaban Lanzarote y Fuerteventura. Mientras, en la provincia occidental sólo Tenerife tenía un peso considerable en el turismo por más que fuera insuficiente dada la menor contribución de las tres islas de su provincia: en La Palma no querían por entonces ni oír hablar de turismo al punto de que casi se comen a Carlos Lugo que intentó promocionarlo y en La Gomera y El Hierro era notorio un estancamiento que les impedía arrancar.

Aquella situación no podía sino provocar con el fifty-fifty un trasvase de fondos de la provincia oriental a la occidental, que se consideró justo y conveniente y así quedaron las cosas hasta que, ya en la actual autonomía, llegó ATI y apenas se encaramó un poco en el poder se hizo con la Consejería de Hacienda, con José Miguel González al frente, e inició callada la boca su traslado a Santa Cruz hasta verse en condiciones de convertir el desglose de las recaudaciones fiscales del REF en el secreto mejor guardado de la autonomía canaria. No volvieron a publicarse el desglose de las recaudaciones y había que ir a la información sobre el rendimiento fiscal de la imposición estatal para tener una idea de cómo estaba la cosa. En este sentido, Felipe Afonso recuerda que en 2015 ya se solicitó que volvieran a publicarse los resultados desglosados por islas de las recaudaciones del IGIC, el AIEM, las Matriculaciones y no sé si algún otro pero como quien oye llover. Esa medida y las que siguieron acabaron con mi gusto profano por la información económica porque cada vez resultaba más complicado obtener información fiable.

Entre el desequilibrio y los despropósitos

Si hasta no hace tanto los políticos en Gran Canaria miraban para otra parte, eso no será posible en el futuro. Hay entre la gente algo más que la sensación de que la autonomía es una cosa que anda por ahí, no se sabe donde; una especie de superestructura que apenas se percibe de la que Gran Canaria está cada vez más ajena. Si esto ocurre en la gente con algún interés o curiosidad por la vida pública, qué decir de la inmensa mayoría a la que no interesa para nada con demasiada frecuencia por pura y simple ignorancia que junto a otros factores ha agudizado la desestructuración de la sociedad isleña: una cuestión que, es evidente, ni enfría ni calienta a las autoridades autonómicas que no le cogen el aire a la isla odiada. Por eso irrita tanto que el Gobierno saque ahora, no antes, un cuadro de reparto, que tiene la misma autoridad que el Gobierno le niega a lo aportado a Morales por la comisión ad hoc, la que creara hace años José Miguel Bravo de Laguna, entonces presidente del Cabildo. Bravo anuncia que algo tiene que decir el miércoles 28 y ya ha anunciado que, en principio, Unidos por Gran Canaria, su partido, apoyará al actual presidente.

Otro despropósito es el de Carlos Alonso, presidente del Cabildo de Tenerife, que ha recomendado a Antonio Morales que se tome un almax que lo alivie de la úlcera del insularismo. Iba a decir que menuda cara tiene el nota pero es evidente que el tono y la forma son de señorito incapaz de entender que se está montando una buena que puede acabar de apuntillar la democracia y que si esa Graciela suya no está fuera de lugar en su círculo de amistades, no es lo que se espera de quien ostenta un cargo público.

En cuanto al desequilibrio, ¡vaya si existe! Dejo a un lado el euro arriba, euro abajo. Hay momentos en que una isla puede necesitar más dinero que otra y por ahí la discusión puede eternizarse. Es preferible fijarse en los cargos políticos y de las empresas e institutos públicos.

Dice Clavijo que él no le pide a nadie el pasaporte cuando entra en el Gobierno o la Administración, pero lo cierto es que las procedencias insulares no son neutras y que, casualmente, son tinerfeños los que controlan todo. Para Morales, el desequilibrio que denuncia lo causa una estructura calculada para copar en el Gobierno y en las entidades públicas y de eso va la cosa. Así, Tenerife copa el 49% de los altos cargos directivos frente al 32% de Gran Canaria, lo que permite a los tinerfeños captar más fondos y controlar los intereses de Gran Canaria. Es idiota negar que las cosas funcionan así y hablar, de un equilibrio exquisito. No hace tantos años oí expresar a un responsable autonómico la idea de que era necesario moderar el crecimiento grancanario para evitar que se distanciara e impidiera tamaña exquisitez. Lo que tenía uno que aguantar, oye.

Es precisamente en el análisis de quienes acceden al Gobierno y a las entidades y empresas públicas donde detecta Morales la raíz, el origen si quieren del desequilibrio y es por eso que Clavijo se defiende con que él no mira las procedencias insulares. Es decir: miente al tiempo que insinúa que en Gran Canaria no hay gente cualificada para asumir responsabilidades públicas. Indica también el presidente insular grancanario que la clave del tinglado no está en el Gobierno sino en el segundo y el tercer escalón del poder, justo donde se corta el bacalao y se producen las decisiones y asignaciones de fondos que generan el desequilibrio y sería ingenuo pensar que no proceden de acuerdo con las instrucciones que les vienen de arriba. Ni que fuéramos bobos.

Así se observa que son de Tenerife el 48% de los viceconsejeros, secretarios generales, directores generales y miembros de las delegaciones exteriores por el 29% que procede de Gran Canaria. Y en empresas públicas, de Tenerife es el 49% y de Gran Canaria el 32%. Es ingenuo creer que no tirarán para su isla de procedencia para impedir que Gran Canaria le eche la pata alante. La segunda parte del trabajo de la comisión pudiera ser la importancia de la incidencia de cada cargo en la situación económica y social del archipiélago.

El repaso que la comisión encargada dio al personal revela más cosas cuando se analizan los distintos departamentos. En el económico, el 51% de los altos cargos son de Tenerife y el 27% de Gran Canaria; en Política Territorial, la desproporción es del 50% al 20% respectivamente; en Turismo, 58% y 25% . Eso es lo que hay, lo miren por donde lo miren. Si vamos a las universidades, La Laguna con 243 alumnos menos recibió en 2017 14,72 millones menos y en este 2018 tendrá otros 14,37. Algo parecido ocurre en Sanidad. Y así podríamos estar hasta que nos den las mil y una. Más práctico va a ser, en adelante, asumir que los insularistas ejercientes llamen eso, insularistas, a quienes denuncian sus manejos y que la gente se dé cuenta de lo que hay. O dejarlos estar hasta que logren desestabilizar el archipiélago volviendo a las andadas del pleito insular. Confieso que soy bastante escéptico con las cabras que guardamos.