El Ayuntamiento de Yaiza inicia los desahucios para recuperar más de 30.000 metros cuadrados de suelo público en Playa Blanca

El Ayuntamiento de Yaiza (Lanzarote) ha iniciado el expediente de desahucio de Kikoland, del antiguo minigolf del hotel Hesperia, y el de la parcela situada entre el hotel Princesa Yaiza y el centro comercial Papagayo, que permitirá recuperar 31.887 metros cuadrados (m2) de suelo público en Playa Banca.

Una vez extinguido el título que otorgaba a particulares el privilegio de uso sin derecho a indemnización de tres parcelas municipales localizadas en la localidad turística, el Pleno del Ayuntamiento de Yaiza aprobó este jueves iniciar el expediente de desahucio de tres lotes .

De esta forma, en el plazo de 8 días (+5) desde la notificación de la resolución, el Hotel Princesa Yaiza deberá desalojar tanto la parcela de 10.125 m2 ocupada por la instalación deportiva y recreativa Kikoland, como la de 12.012 m2 situada entre el hotel Princesa Yaiza y el centro comercial Papagayo, actualmente sin aparente uso.

Por su parte, la sociedad anónima Infond deberá desalojar en idéntico plazo la parcela de 9.750 m2 adjunta al hotel Hesperia, donde funcionaba el minigolf de ese complejo alojativo.

A propuesta del gobierno municipal de Yaiza (UPY–CC) y el voto favorable de sus concejales, el Pleno también aprobó con el voto a favor de los partidos PSOE, Lanzarote en Pie–Sí Podemos y Ciudadanos y la abstención del PP, dar un paso más para recuperar los 31.887 m2 cuadrados de suelo público.

Yaiza inició en septiembre de 2016 el procedimiento de revisión de oficio del convenio suscrito en 2004 entre la corporación y la mercantil Getsu Non Denwa por el que el municipio cedió por 50 años y de forma gratuita el derecho de uso de las tres parcelas en cuestión.

Con dictamen favorable del Consejo Consultivo de Canarias, el Ayuntamiento declaró en diciembre de 2016 nulo de pleno derecho el acuerdo de cesión gratuita.

El alcalde de Yaiza, Óscar Noda, señala que “la actuación siempre ha sido en defensa de los intereses municipales, como es obligación, y cumpliendo paso a paso con todas las instancias jurídicas pertinentes ahora notificamos a los particulares esperando que cumplan con el desalojo”, en declaraciones recogidas por Efe.

Noda advierte que los particulares “tendrían que asumir los gastos que se originen como consecuencia del desalojo, en los supuestos en que no sea voluntaria la entrega del bien”.