Asprocan muestra su satisfacción por la unidad del Senado en defensa del Plátano de Canarias

La Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos de Canarias (ASPROCAN) valora como “un paso adelante positivo el reconocimiento que el Senado ha dado este jueves al sector del Plátano de Canarias, como merecedor de un tratamiento específico de una Región Ultraperiférica, y dentro del mismo, la instancia que ha hecho al Gobierno de España para que 'establezca la adición normativa que sea necesaria en la Ley 12/2013 de cadena alimentaria, para que con plena seguridad jurídica, se asegure que la aplicación de los artículos 9.1c), 9.1j) y 12ter de dicha Ley, no represente daño económico alguno, ni pérdida de volumen de comercialización del Plátano de Canarias”, se informa en nota de prensa.

Domingo Martín, presidente de ASPROCAN, valora que en el nuevo texto haya un “compromiso claro y unánime, y espera que, tanto el Gobierno de España como los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados, se unan a lo aprobado hoy en el Senado para acabar con la incertidumbre en el sector platanero español, del que depende el futuro de 15.000 familias”.

La moción, fruto de la iniciativa del senador Fernando Clavijo, ha sido debatida hoy la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Cámara Alta, donde todas las fuerzas políticas alcanzaron un acuerdo para reivindicar la voluntad del Parlamento de Canarias y lanzar un mensaje de unidad en defensa del sector ante el actual proceso de modificación de la Ley de Cadena Alimentaria abierto en el Congreso de los Diputados.

La Ley de Cadena Alimentaria y el plátano

El plátano de Canarias tiene determinadas peculiaridades que lo diferencian de cualquier otro producto afectado por la Ley, como el hecho de ser un producto único en el territorio español, dado que la competencia proviene únicamente de terceros países; o estar reconocido por la normativa de la Unión Europea como un producto que requiere de tratamiento especial por su singularidad e insularidad. Además, el sector platanero canario integra a la totalidad de los productores de un mismo cultivo a los que busca beneficiar esta Ley. 

Para el sector los problemas surgen con la introducción de las obligaciones legales incluidas en los artículos 9.1c), 9.1j) y 12ter de la vigente Ley de la Cadena Alimentaria. 

La aplicación de estos preceptos representa el riesgo de pérdida de al menos un 30% del volumen total comercializado cada año por el sector platanero de Canarias. Es por ello por lo que desde ASPROCAN se viene reclamando la necesidad de dar seguridad jurídica plena para evitar el daño económico y social que esto significaría. 

Sobre Plátano de Canarias 

Plátano de Canarias es la marca colectiva del 100% de los 8.000 productores de plátano de las Islas Canarias agrupados en 6 organizaciones de productores que integran ASPROCAN. 

Canarias es la principal zona de producción de plátano y banana de Europa con un 70% del volumen total de producción de la Unión Europea. Con más de 8.966 hectáreas y 420.000 toneladas de producción media al año, esta industria se consolida como el primer sector exportador de las islas (más del 80% del volumen de exportación de frescos). 

Esta industria supone anualmente más de 430 millones de euros de contribución económica directa en Canarias y su exportación permite generar más de un 10% de abaratamiento de productos básicos importados a las islas. 

El plátano español es el único en el mundo con reconocimiento europeo de calidad diferenciada IGP (Indicación Geográfica Protegida) y es la marca de frutas más notoria en España (98% en 2020). 

El sector genera entre 10.000 y 12.000 empleos directos con el 100% de puestos fijos anuales a tiempo completo y más de 4.5000 puestos de trabajo indirecto. 

Canarias exporta cada día 1 millón de kilos de plátanos a la Península. Cuenta con un 96% de cuota de penetración en el mercado español y un 65%-70% de cuota de mercado en España, donde la banana de terceros países compite con precios de derribo en mercados mayoristas. 

El cultivo del plátano reduce en un 65% las materias activas utilizadas en la producción de la banana por terceros países y su huella de carbono certificada (AENOR), acreditada en 2013 y renovada en 2018, genera un 85% menos de emisiones, desde el cultivo hasta su venta en la Península, que la banana.