Endesa contabiliza 33.800 familias canarias adheridas al bono social

Más de 18.000 familias canarias, clientes de Endesa, se han beneficiado de la renovación automática del bono social desde que el mes de abril entró en vigor el Real Decreto Ley 6/2022. Esto sitúa la cifra de beneficiarios de esta ayuda en casi 33.800 hogares, unos 3.000 más que a 31 de diciembre de 2021 y 8.000 más respeto al año en que estalló la pandemia. En la provincia de Las Palmas de Gran Canaria son 18.098 y en la provincia de Santa Cruz de Tenerife son 15.722. 

Endesa atribuye buena parte de este crecimiento al hecho que todas aquellas personas beneficiarias de este descuento —salvo las familias numerosas, que están sujetas a la vigencia de su carné— no tengan que tramitar ahora una solicitud de renovación cada 2 años para verificar que siguen cumpliendo los criterios de asignación definidos por el Gobierno, ya que desde la energética se hace directamente la comprobación con el Ministerio de Transición Ecológica para saber si el hogar en cuestión puede seguir percibiendo el descuento en la factura eléctrica.

Para aquellos que gozaban de la ayuda antes de la entrada en vigor de la normativa tendrán una prórroga automática de dos años tras finalizar el período de percepción. Dos meses antes del siguiente vencimiento, Endesa les avisará para que puedan presentar la solicitud y la nueva documentación acreditativa de acuerdo con los nuevos requisitos. A partir de ese momento las renovaciones también pasarán a ser automáticas cada dos años, siempre que se cumplan las condiciones.

Más allá de las renovaciones, Endesa prevé que el colectivo de beneficiaros del bono social siga creciendo en los próximos meses con la nueva categoría que el Gobierno impulsó a finales del mes pasado y que se regula en el Real Decreto Ley 18/2022: el bono social de justicia energética, dirigido a hogares con bajos ingresos particularmente afectados por la crisis energética. Esta nueva categoría supone la aplicación de un descuento del 40% sobre el precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC) y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2023.

Podrán acogerse a esta ayuda para su vivienda habitual las personas que tengan una renta igual o inferior a 2 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) de 14 pagas y superior a 1,5 veces el IPREM de 14 pagas. A modo de ejemplo, en 2022 podrán acogerse al nuevo bono de justicia energética un adulto con una renta inferior a 16.213 euros anuales o una familia de cuatro miembros con una renta inferior a 26.751 euros anuales.

Otras medidas destacadas del nuevo Real Decreto Ley 18/2022

La entrada en vigor del nuevo Real Decreto Ley 18/2022 también amplía los descuentos y los prorroga hasta 31 de diciembre de 2023. Así, para los consumidores vulnerables la ayuda pasa del 60% al 65%, mientras que para los que se encuentren en situación de vulnerabilidad severa se amplía en un 10% más, pasando del 70% al 80%. 

Además, también se incrementa el número de kilovatios hora (kWh) sobre los que se aplican estas bonificaciones, por lo que el volumen de energía anual sujeta al descuento se incrementa en un 15% y de forma proporcional a las personas que convivan en la misma vivienda. Por ejemplo, en un hogar donde viven una o dos personas, los kWh bonificados son ahora de 1.587 kWh año (antes eran 1.380 kWh); mientras que en una unidad de convivencia formada por cuatro personas es de 2.698 kWh (frente a los 2.346 kWh antes del cambio regulatorio).

Por último, también se ha aprobado un aumento en la ayuda mínima por beneficiario del bono social térmico de 25 a 40 euros, para ayudar a consumidores vulnerables en consumos térmicos como calefacción, agua caliente o cocinas de gas. Esta ayuda se concede de forma automática a todos los beneficiarios de bono social eléctrico –con la excepción de la nueva categoría de bono de justicia energética –.

En cifras: clientes de Endesa con bono social total Canarias, la provincia de Las Palmas de Gran Canaria y la provincia de Santa Cruz de Tenerife

Endesa cuenta actualmente con 33.800 clientes adheridos al bono social. De estos, cerca de 14.800 son familias vulnerables y cuentan con una rebaja del 65% en su factura de consumo eléctrico, mientras que más de 19.000 son vulnerables severas y se benefician de una reducción del 80%.

En cuanto a su tipología, el 71,74% son personas en situación de vulnerabilidad según criterio de renta, el 21,59% son familias numerosas, el 5,47% son pensionistas, el 0,85% corresponde a colectivos especialmente afectados por la crisis económica derivada de la COVID-19 que se han acogido a esta ayuda y el 0,35% son beneficiarios del ingreso mínimo vital.

Del total de los clientes, el 43,78% son considerados vulnerables por el Ministerio y el 56,21% son vulnerables severos.    

Continuidad en el suministro

Además, la normativa protege también aquellos hogares vulnerables que, a pesar de acogerse al Bono Social, no puedan pagar la factura. En ese sentido, la Ley del Sector Eléctrico estipula que no se puede interrumpir el suministro eléctrico en una vivienda en la que haya, al menos, un menor de 16 años en la unidad familiar, o en la que el titular o uno de los miembros de su unidad familiar sea persona con discapacidad igual o superior al 33% o con grado de dependencia II o III. En estos casos los clientes deberán dirigirse a los servicios sociales para que emitan el correspondiente documento de acreditación de la situación y posteriormente presentarlo en su comercializadora de referencia.

Asimismo, los clientes vulnerables en riesgo de exclusión social, es decir, aquellos clientes con la consideración de vulnerables en grado severo que sean atendidos por sus servicios sociales no tendrán que hacerse cargo de una factura, siempre que los servicios sociales acrediten el pago de, al menos, el 50% de dicha factura a la comercializadora de referencia, dentro de los 5 meses siguientes a la emisión de la factura. La comercializadora asumirá el 50% restante del importe.

Por último, una normativa reciente ha establecido el Suministro Mínimo Vital, una medida destinada a los beneficiarios del bono social que incurran en impago, los cuales tendrán un plazo adicional de 6 meses para realizar el pago de su factura. Durante esos 6 meses, no se les podrá interrumpir el suministro, pero, si tenían contratada una potencia superior a 3,5 kilovatios, verán limitada su potencia a 3,5 kilovatios. Esta medida no ha de solicitarse, sino que el consumidor recibirá de su comercializadora la notificación de la fecha a partir de la que se le va a aplicar el suministro mínimo vital.