La patronal de la construcción solicita al Cabildo de La Palma “mayor eficiencia gestora”

La Federación Provincial de Entidades de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife (Fepeco) solicita al Cabildo de La Palma “mayor eficiencia gestora”, indica en una nota de prensa. El sector de la construcción insular, apunta, “se está paralizando por culpa de una administración insular lenta, acomodada y entorpecedora”

Oscar Izquierdo, presidente de Fepeco señala que “después de mantener amplias y varias reuniones con empresarios palmeros del sector de la construcción, hemos detectado una serie de problemas, que podemos llamar endémicos y persistentes, que dificultan una actividad constructiva en La Palma, ágil, productiva y eficiente”.

En la nota se señala que “el denominador común de las quejas empresariales son la dilatación en el tiempo de los trámites administrativos, la falta de seguimiento después de las adjudicaciones al condicionante de los pliegos, a lo que se suma la contratación que prima sólo la oferta económica”. Añade que “es importante destacar que no son situaciones puntuales, sino que es la forma habitual de trabajar por parte del Cabildo”.

Sostiene que “en los concursos públicos de obras siguen prevaleciendo como requisitos de adjudicación, la oferta económica, la reducción en el plazo de ejecución y las mejoras en la realización. Esto hace que se opte por bajas excesivas, casi siempre temerarias, que no garantizan la calidad en la ejecución”,

Asevera que “el muro burocrático que padecemos, con un funcionamiento lento y entorpecedor, es común al Cabildo y ayuntamientos y generalizado en toda Canarias. En la sociedad de la inmediatez en la que vivimos, todavía se utilizan procedimientos y tiempos de espera del siglo XIX. Licencias de obras que se dilatan meses en concederse sea cual sea su envergadura, lo mismo se retrasa la resolución de una licencia para la ejecución de una vivienda unifamiliar, que para la ejecución de un pozo estanco”.

Considera que “es prioritario implementar mecanismos que agilicen los plazos de resolución en las distintas administraciones como, por ejemplo, que una declaración responsable del titular sea suficiente para iniciar determinadas obras. En La Palma, hay que sumar la indolencia, en particular, del Cabildo Insular a la hora de publicar los contratos menores. En cambio, se ha centrado en realizar obras de gran calado, pues con ello consiguen justificar el gasto del presupuesto del Fdcan (Fondo de Desarrollo de Canarias”. Agrega que “estos contratos menores, son los que verdaderamente repercuten en el tejido empresarial palmero, porque serán ejecutados por empresas locales, todo lo contrario, a lo que provoca la ejecución de obras por empresas nacionales, que lleva consigo, en la mayoría de los casos, subcontratación, precariedad laboral y evasión de gran parte del presupuesto de la obra que no se queda en la Isla”.

“Queremos llamar la atención sobre la situación particular del municipio de Mazo”, se apunta en la nota de prensa, “afectada por el establecimiento de servidumbres aeronáuticas del aeropuerto, y por tanto, a la demora administrativa insular ya referenciada anteriormente para la ejecución de obras, instalaciones o plantaciones en los espacios y zonas afectados por servidumbres aeronáuticas civiles o elementos de más de 100 metros de altura respecto al nivel del terreno o agua circundante, se deberá contar además con el acuerdo previo favorable de la AESA (Agencia Estatal de Seguridad Aérea), antes del inicio de las mismas, estén éstas sujetas o no a licencia o autorización previa de cualquiera otra administración. Es necesario alguna contrapartida administrativa en el trámite local para que se acorten los plazos de los expedientes afectados”.

Oscar Izquierdo enfatiza que “desde Fepeco somos conscientes de que vivimos en un territorio insular con una elevada protección ambiental. No pedimos nada que la ordenación territorial no contemple, al contrario, nadie es más sensible con su territorio que el empresariado de la construcción palmero, pero a veces, la tardanza en la resolución de los trámites administrativos y ambientales hace desistir a muchos promotores de realizar en nuestra Isla inversiones provechosas para la economía y la creación de empleo. Hay que exigir coherencia, una correcta ordenación del territorio es perfectamente compatible con la inversión privada, generadora de riqueza social, porque el mejor escenario es el que se produce entre una administración eficiente y unos administrados emprendedores”.