El sector primario de Canarias inicia las movilizaciones por “unas rentas dignas” y contra la Política Agraria Común

ASAGA Canarias, COAG Canarias, AGATE, UPA, ASPA, PALCA, la Sociedad Cooperativa de Ganaderos de Gran Canaria y la Asociación Empresarial de Ganaderías e Industrias Lácteas de Canarias (AEGIL) comenzarán este miércoles, 21 de febrero, en Gran Canaria las movilizaciones del sector primario bajo el lema 'El campo canario se planta' y en protesta por una Política Agraria Común (PAC) que entienden es “cada vez más restrictiva, reguladora y limitante” y para pedir unas “rentas dignas”.

Las movilizaciones que comenzarán este miércoles en Gran Canaria, continuarán el sábado 24 de febrero en Tenerife y el 1 de marzo en La Palma, según han informado los organizadores en nota de prensa, que señalan que la PAC les “resta operatividad”, les “arruina y propicia el abandono del campo”, mientras la Unión Europea (UE) “abre la mano a las importaciones de países terceros sometidas a menos controles y con precios más bajos” que compiten con las producciones locales.

Por ello, indican que en Canarias se ha optado por seguir la estela de protestas que se produce en la península, así como en el resto de las regiones de la Unión Europea, para mostrar “su hartazgo y malestar por la crisis que vive desde hace varios años” el campo que, además, señalan está motivada por una “excesiva burocracia administrativa, por los altos costes de producción, la pérdida de renta y una sequía acusada que reduce” las producciones, entre otros aspectos.

Se atisba así un “escenario de incertidumbre” sobre el futuro de una actividad “fundamental y estratégica”, responsable de la producción de alimentos, por lo que las organizaciones profesionales agrarias convocantes piden a la UE y al Gobierno de España “reciprocidad” al exigir “idénticas” normas de calidad, seguridad alimentaria y medio ambiente a las importaciones de países terceros.

Solicitan además un aumento de las inspecciones en los Puntos de Inspección Fronteriza (PIF) revisando contingentes y aranceles a las producciones extracomunitarias, así como la paralización de la conexión marítima de mercancías entre Fuerteventura y Tarfaya “ante el alto riesgo” de entrada de plagas y enfermedades ganaderas, así como de productos alimentarios tratados con materias activas prohibidas en Europa.

También piden la aplicación y refuerzo de la Ley de la cadena agroalimentaria para que “sea transparente y se equilibre” la capacidad de negociación en el mercado agroalimentario con medios suficientes para adoptar la norma “adecuadamente y más inspecciones”.

Asimismo, reclaman un Cuaderno Digital de Campo Voluntario que incorpore las dimensiones y formas de cultivo de las explotaciones canarias, así como los medios y habilidades ofimáticas de los productores de las islas.

Entre las peticiones se encuentran también la derogación del artículo 13.3 bis de la Ley General de Subvenciones que exige el cumplimiento de la Ley de Morosidad, ya que, debido al funcionamiento comercial del sector agrario, las exportaciones o las formas de pago de los clientes “se dificulta o imposibilita” su cumplimiento para recibir ayudas como la del transporte de mercancías.

Al Gobierno de Canarias, cabildos y ayuntamientos le solicitan, en el marco de la crisis hídrica, continuar y acelerar la modernización y ejecución de infraestructuras hidráulicas para garantizar la cantidad y calidad de este recurso en costas y medianías, así como el impulso del uso de agua regenerada en las zonas agrícolas con mayor demanda incluso en islas no capitalinas.

Solicitan crear una Mesa de la Sequía, así como abordar las perdidas en las redes de distribución a nivel municipal e insular, acelerar los programas de desalación y regeneración de aguas, además de ampliar y mejorar la gestión y la dotación de la ayuda estatal al agua de riego. También inciden en la necesidad de agilizar la tramitación de ayudas y expedientes mejorando la digitalización interna de la administración y la eficiencia de los equipos humanos para acelerar la resolución y abono de ayudas, así como la tramitación de proyectos e inversiones.

Por otra parte, reclaman que se actualicen las cuantías y los costes de referencia de las ayudas POSEI, es decir, los índices, cuadros y tarifas de referencia como los BECUS (ayudas a la modernización, joven agricultor, ayudas al transporte de mercancías y otros) para que se adapten a los costes reales de producción.

Así como la incorporación de nuevas líneas en el POSEI ganadero como una ayuda a la recría de razas en peligro de extinción ovino-caprino para apoyar y promover a las razas autóctonas. Además instan a un mayor fomento y ayuda a los cultivos forrajeros locales.

Respecto a la crisis del sector platanero consideran que el Gobierno regional “debe mejorar” la gestión de la ayuda y del propio mercado con la reforma del diseño de la ayuda actual del programa POSEI incluyendo la publicación de la superficie total de producción de plátanos que recibe ayuda, limitando la entrada en el sistema de ayudas del POSEI a nuevas plantaciones, topando la producción por hectárea con derecho a ayuda, ampliando el periodo de cálculo de las cantidades de referencia para desincentivar las nuevas plantaciones.

Asimismo exige mayor control de la administración regional sobre la fruta retirada, así como sobre la calidad y presentación de la fruta destinada a los mercados. Y la simplificación de la carga burocrática y agilización de las tramitaciones administrativas para no frenar las inversiones ni el emprendimiento.

Por último, en cuanto al reconocimiento del papel del agro en el medio ambiente solicitan el establecimiento de un calendario para la entrada en vigor del Reglamento regulador de los usos agrarios y usos complementarios y de las Directrices de Ordenación del Suelo Agrario (DOSAs).

Además de establecer una estrategia de gestión de la materia orgánica y de medidas para el fomento del pastoreo con la creación de un Programa Regional de limpieza y desbroce de las zonas de interfaz fomentando la utilización de los recursos procedentes de estas zonas en la ganadería, agricultura y compostaje, con un programa de compensaciones al sector agrario por su función medioambiental, además de la promoción y diferenciación de los productos de pastoreo en la prevención de incendios forestales con un sello de calidad medioambiental.

También piden la implantación del céntimo verde para crear un único sistema de pagos por servicios ambientales a las explotaciones agrícolas y ganaderas de las medianías, montes y cumbres de toda la comunidad autónoma.

Además de reforzar la vinculación entre el sector agrario con la restauración y la hostelería para impulsar la comercialización de los productos agroalimentarios de origen local, favoreciendo fiscalmente (beneficio o reducción del pago de impuestos) acuerdos entre productores, cooperativas, OPFH o SAT y establecimientos de restauración y hostelería.

Finalmente, en lo que se refiere al relevo generacional entienden que incorporar jóvenes “es clave para aumentar” la soberanía alimentaria, fijar población en las zonas rurales y asegurar un futuro para el sector agrícola y ganadero de Canarias, de sus paisajes y tradiciones.

En este sentido, apuntan que sólo el 16 por ciento de los titulares de explotaciones agrarias son menores de 45 años sin olvidar que, únicamente por jubilaciones, se pierde superficie de cultivo y ganadería cada año, por lo que reclaman un plan estructural de rentabilidad y atractivo inversor para el sector agrario.