El escudo de la discordia

El cumplimiento por parte del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane de la Ley de Memoria Histórica, procediendo el pasado 5 de diciembre a la retirada del escudo franquista de la fachada del mismo, ha suscitado una intensa polémica en el municipio a la que estas líneas se suman, con el objetivo de apuntar una serie de consideraciones sobre lo hasta ahora expuesto.

Algo pasa en una sociedad que se dice democrática cuando sacar un símbolo de una dictadura, como la franquista, provoca la cantidad de reacciones de rechazo que ha suscitado. Por mucho que el Ayuntamiento tenga que cumplir la Ley, por mucho que el PSC-PSOE anunciara hace meses su intención, la retirada ha supuesto una sorpresa para muchos vecinos y vecinas. Se había instalado en el imaginario colectivo la idea que el escudo jamás sería suprimido. La inacción de 34 años de ayuntamientos democráticos lo habían posibilitado, llegándose hasta el punto de que mientras la Iglesia Católica había retirado la placa dedicada a José Antonio Primo de Rivera que albergaba, el escudo franquista seguía allí.

Con el argumento de que el escudo “es historia” muchos han querido justificar la presencia del mismo. Pero en la misma medida que el escudo franquista pertenece a la historia de este país, no es menos cierto que es el símbolo de una dictadura que represalió, durante casi 40 años, a cientos de miles de españoles. Estamos, por tanto, más ante un elemento de exaltación de una dictadura que ante un vestigio patrimonial que merezca la pena conservar, y en esto es clarísimo la Ley (52/2007 de 26 de diciembre), cuando en su artículo 15.1 señala que “Las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura”.

A este banderín de enganche (“es historia”) se ha apuntado también el Partido Popular en el municipio una vez ha dejado de formar parte del grupo de Gobierno. A tenor de lo expresado por sus portavoces, mucho me temo que de haber seguido en el cargo no hubieran afrontado la sustitución del escudo, porque como señalaba recientemente en un comentario el historiador Julián Casanova, a propósito de unas declaraciones de Rafael Hernando, a los políticos del PP “con el tema de la historia y la memoria de las víctimas del franquismo les aflora su pasado, los recuerdos familiares, la bondad del Generalísimo”.

La retirada del escudo no responde a ningún gesto de revanchismo. En todo caso nos encontraríamos ante un acto de normalización democrática. La presencia del escudo franquista en la fachada de la primera institución llanense sí era un símbolo que fomentaba la división entre la ciudadanía. En La Palma, como en el resto de Canarias, no hubo Guerra Civil entendida como el enfrentamiento entre dos bandos. Lo que existió fue una brutal represión por parte del bando nacional que en nuestro municipio llevó incluso al asesinato del último alcalde republicado, Francisco Rodríguez Betancor. Casi 80 años después de los acontecimientos todavía quedan fosas por descubrir y familiares que siguen sin saber dónde se encuentran sus familiares. ¿Esto no forma parte también de la historia?

Aquellos ciudadanos que hemos celebrado la medida queremos que se conozca la historia, por eso consideramos imprescindible que el Ayuntamiento, a parte de seguir cumpliendo con la Ley (sustitución de la vidriera interior del Ayuntamiento, nombres de calles, placas) desarrolle toda una serie de políticas públicas de recuperación de la memoria histórica (jornadas, conferencias, reconocimiento institucional a los represaliados). Sólo así podremos avanzar, aunque sea tímidamente, hacia la construcción de una sociedad con mayores cotas de Memoria, Justicia y Reparación con aquellos que dieron su vida por la defensa de la libertad.