Lucha contra la pobreza y la exclusión social

A lo largo de este mandato, se ha debatido mucho en relación a la grave situación socioeconómica generada desde hace ya siete años, desde el inicio de la crisis, y que ha afectado con toda crudeza a Canarias y, por tanto, a La Palma. En el contexto de estos debates desde Nueva Canarias hemos planteado con todo rigor que se requieren acciones extras y urgentes, encaminadas a la protección de los sectores más vulnerables de la sociedad.

Hay que tener en cuenta que, en el caso de La Palma, la tasa de paro ha pasado de un 10% en el inicio de la crisis, en el tercer trimestre de 2007, a superar el 30% en el cuarto trimestre de 2014, según la encuesta de población activa, situándose el paro registrado en enero de este año en un registro de 10.261 desempleados, de los cuales más del 50% no percibe ningún tipo de prestación, como han denunciado estos días los sindicatos, una situación alarmante y dramática para centenares de familias que no tienen ningún ingreso en la unidad familiar.

Además, de los datos de la última encuesta del Instituto Canario de Estadística (ISTAC), se puede constatar que el porcentaje de hogares que viven en La Palma bajo el umbral de la pobreza ha pasado del 19,7%, en 2007, al 27,6 en 2013, lo que supone que miles de familias viven con menos de 627 euros al mes. Asimismo, también se destaca que la desigualdad en Canarias se ha incrementado en los últimos 7 años, y que la pobreza relativa afecta con más intensidad a la infancia y a la juventud, siendo el único colectivo que mejora el de los que más tienen, mientras crecen los que se colocan en una situación de “pobreza extrema”, percibiendo ingresos mensuales por debajo del 25% de la renta media disponible.

Así, mientras algunos nos hablan de recuperación, centenares de familias tienen a todos sus miembros en paro, una verdadera tragedia social. Y aunque, por comparación, le puedan ir mejor las cosas a la población ocupada, quien aún conserva su puesto de trabajo tampoco ha salido indemne de las políticas de recortes aplicadas por los gobiernos de España y de Canarias, particularmente ese tercio de la clase trabajadora que se encuentra sumida en la más sangrante precariedad laboral.

Todos estos datos vienen a ratificar lo expresado por Cáritas cuando dice que “los brotes verdes se convierten en la ampliación de los jardines para unos pocos, y en el crónico desierto para millones de víctimas en sus derechos sociales y en los medios necesarios para una vida digna”. Incidiendo en esta dramática situación social hay que recordar que unas 1.000 personas en La Palma lograron salir adelante el pasado año gracias a la ayuda en alimentos y otros productos de primera necesidad facilitados por Organizaciones no gubernamentales.

Esta situación requiere de la puesta en marcha un Plan Insular de lucha contra la pobreza y la exclusión social y de protección de las personas vulnerables, dotado con la financiación necesaria para que se puedan otorgar las ayudas de emergencia social precisas para dar respuesta a las necesidades derivadas de la pobreza y la exclusión social que se han acentuado con la crisis económica, haciendo un esfuerzo especial en la lucha contra la pobreza infantil.

Este Plan debe servir, así lo planteamos desde Nueva Canarias, para mejorar los sistemas de información y los mecanismos de coordinación y de participación, tanto entre las Administraciones Públicas –Cabildo y Ayuntamientos- como con las Organizaciones No Gubernamentales, evitando así duplicidades y consiguiendo la máxima eficiencia en las ayudas que hagan referencia a la carencia de alimentos, vestimenta, gastos de farmacia, alojamiento, impago de alquileres, gastos corrientes -luz, agua y gas- y carencia de ingresos, entre otros.