La Palma se pone las pilas

La Palma podrá contar con baterías de emergencia conectadas a la red eléctrica para responder con rapidez ante fallos de generación y reducir el riesgo de nuevos ceros energéticos. La isla, dicho con prudencia y algo de literalidad, se pone las pilas.

El cambio llega con el Real Decreto-ley 18/2026, en vigor desde el 1 de julio, que abre por primera vez una vía específica para instalar baterías como medida de emergencia en los sistemas eléctricos no peninsulares. La clave está en la llamada reserva rodante: la capacidad que necesita una red para reaccionar cuando una central se cae, una turbina dispara o la demanda cambia de golpe. En una isla aislada, esos segundos pueden separar un incidente técnico de un apagón general.

Hasta ahora, el marco legal permitía medidas extraordinarias para garantizar el suministro, pero estaba pensado sobre todo para grupos de generación convencional. Las baterías, aunque útiles, no encajaban bien en la arquitectura administrativa. No eran una central al uso, no producían energía primaria y su valor principal no estaba en vender electricidad, sino en estar disponibles cuando el sistema se tambalea. En España, como se sabe, una tecnología puede estar madura y aun así esperar años a que alguien le encuentre casilla en el formulario.

La nueva norma corrige ese vacío. Si el operador del sistema acredita falta de reserva en una isla y advierte de riesgo para el suministro, la comunidad autónoma podrá solicitar al Ministerio para la Transición Ecológica el reconocimiento parcial de los costes de instalación. El Estado podrá cubrir hasta el 25% de la inversión. El 75% restante deberá asumirlo la comunidad autónoma, con fondos propios o europeos.

El Gobierno de Canarias ya ha anunciado que trabaja en una convocatoria para La Palma, con una estimación inicial de 16 megavatios y dos horas de almacenamiento. No es una cifra menor para un sistema insular pequeño, pero tampoco debe confundirse con una solución total. Las baterías no generan energía: la almacenan y la entregan en el momento crítico. Su fuerza está en la velocidad, no en sustituir al conjunto del sistema.

La urgencia no es teórica. El apagón total del 10 de junio de 2025 dejó sin suministro a más de 50.000 puntos en la isla tras el fallo de una turbina. El episodio volvió a mostrar la fragilidad de una red pequeña, aislada y con poco margen de maniobra. En la Península, una avería puede compensarse con otras centrales y líneas de apoyo. En La Palma, cuando falta generación suficiente, no hay una gran red detrás que venga al rescate.

Por eso las baterías pueden mejorar mucho la seguridad del suministro. Pueden aportar respuesta inmediata, estabilizar la frecuencia, evitar cortes en cascada y dar tiempo a que entren otros recursos. No harán milagros, pero en electricidad un margen de segundos puede valer más que muchas promesas a largo plazo.

El problema de fondo, sin embargo, seguirá ahí. La Palma necesita renovar o sustituir grupos de generación envejecidos, reforzar la red, aumentar el peso de la solar y la eólica, desplegar almacenamiento ordinario y planificar con seriedad el posible papel futuro de la geotermia. Las baterías de emergencia son un colchón, no un colchón y la cama entera.

Durante años, el bloqueo ha sido menos tecnológico que legal y económico. Las baterías existen, funcionan y cada vez son más competitivas. Lo que faltaba era decidir cómo se pagaba un servicio que se nota sobre todo cuando evita un desastre. Es el viejo problema del seguro: parece caro hasta que hace falta. El nuevo decreto no elimina el coste, pero establece una vía clara para justificarlo, financiarlo y ponerlo en marcha.

La medida también revela una cuestión más amplia sobre la transición energética en Canarias. No basta con instalar renovables. En sistemas insulares, la energía limpia necesita flexibilidad, almacenamiento y respaldo. Más placas y molinos ayudan a reducir combustibles fósiles; más almacenamiento permite que esa electricidad sea, además, más estable y aprovechable.

La Palma no va a resolver sus apagones solo con baterías, pero sí puede reducir su vulnerabilidad. Si se instalan bien, se conectan donde toca y se coordinan con el operador del sistema, darán a la isla una defensa rápida frente a incidentes que hasta ahora podían terminar en oscuridad general.

Después de años de expedientes, averías y discusiones sobre competencias, el avance no es menor. Las baterías dejan de ser una buena idea sin encaje legal y pasan a ser una herramienta reconocida para proteger el suministro. No es el final del problema eléctrico de La Palma. Pero sí puede ser el principio de una red con más reflejos.