La Palma instala su primer 'amortiguador' eléctrico en Las Breñas por dos millones de euros

El Boletín Oficial del Estado publicó el pasado 22 de junio un anuncio que pasará desapercibido para la mayoría de los palmeros, pero que encierra una de las intervenciones más relevantes en la infraestructura eléctrica de la isla en las últimas décadas. La Dirección General de Energía del Gobierno de Canarias ha abierto un período de información pública, treinta días hábiles a partir del 23 de junio, para la instalación denominada “Ampliación subestación Las Breñas 66 kV Nueva Reactancia 1”, una actuación promovida por Red Eléctrica de España con un presupuesto de 2.002.345 euros y emplazada en el término municipal de Breña Alta.

El proyecto (expediente AT26/008) fue visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Santa Cruz de Tenerife el 6 de mayo de 2026 y la solicitud formal de autorización se presentó ante el Gobierno de Canarias al día siguiente. A partir de ahí, el trámite habitual: información pública, alegaciones, evaluación de impacto ambiental ordinaria, a la que este proyecto está expresamente sometido, resolución de autorización, declaración de utilidad pública y, en su caso, expropiación. En este último punto, el anuncio del BOE ya identifica una parcela afectada de 133 metros cuadrados en Breña Alta, perteneciente a la mercantil Gestión de Promoción La Grama, Sociedad Limitada.

Pero vayamos a lo que importa: ¿qué es exactamente una reactancia y para qué sirve en una isla?

Un “tranquilizante” para la red

Una reactancia es, en términos sencillos, un componente eléctrico que no genera ni consume energía de forma útil, sino que la absorbe y la devuelve al sistema para regular la tensión. Si la red eléctrica fuera una autopista, la reactancia sería los quitamiedos: no lleva a ningún sitio por sí sola, pero evita que los coches, en este caso, la electricidad, salgan disparados fuera de la calzada cuando hay una curva brusca.

En un sistema aislado como el de La Palma, sin conexión por cable al resto del archipiélago ni a la Península, esta función es especialmente crítica. Cuando la demanda sube o baja de golpe, un gran consumidor que arranca maquinaria, una nube que tapa de repente una instalación fotovoltaica, un fallo parcial en la central, la tensión de la red puede oscilar de forma peligrosa. Esas oscilaciones dañan electrodomésticos, motores industriales y, en los casos más graves, pueden provocar cortes en cadena.

La reactancia proyectada en Las Breñas operará a 66 kilovoltios, que es el nivel de tensión de la red de transporte de la isla, la “autopista” eléctrica que distribuye la energía antes de que llegue a los transformadores de los barrios. Su función específica será absorber la llamada energía reactiva, un concepto técnico que hace referencia a la energía que circula por la red sin hacer trabajo útil pero que, si se acumula en exceso, eleva la tensión por encima de los límites seguros.

Por qué ahora

La Palma ha cambiado eléctricamente en la última década. La proliferación de instalaciones de autoconsumo fotovoltaico, impulsadas, entre otros factores, por las ayudas europeas vinculadas a la reconstrucción tras la erupción del volcán Tajogaite en 2021, ha modificado el comportamiento del sistema. Una red diseñada para fluir siempre en una sola dirección, de la central al consumidor, tiene que adaptarse ahora a un modelo en el que los propios consumidores inyectan energía en determinados momentos del día. Ese cambio, beneficioso desde el punto de vista medioambiental, introduce nuevas tensiones, en el sentido literal del término, que hay que gestionar.

La reactancia no es una respuesta aislada a este problema. Es una pieza de un rompecabezas mucho mayor. En mayo de 2024 se publicaron en el BOE los proyectos de la nueva subestación de Las Breñas, con un presupuesto de 5,1 millones de euros y doce posiciones de interruptor de alta tecnología tipo GIS, y de las nuevas líneas subterráneas y aéreas de 66 kilovoltios que conectarán esa subestación con la central de Los Guinchos. En marzo de ese mismo año ya se había autorizado y declarado de utilidad pública la ampliación de la propia subestación de Guinchos. Y ahora llega la reactancia. Son piezas del mismo tablero.

Todos estos proyectos están recogidos en el Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2021-2026, aprobado por el Consejo de Ministros en marzo de 2022. En julio de 2025, ese mismo Consejo de Ministros aprobó modificaciones adicionales al plan que incorporan diez reactancias en el conjunto del sistema español, dos de ellas en Canarias, reconociendo expresamente que la estabilización de la tensión se ha convertido en uno de los grandes retos de la transición energética en sistemas insulares.

Lo que esta instalación no hace

Conviene ser precisos. Una reactancia no genera electricidad. Si los motores de la central térmica de Los Guinchos fallan, o si hay un corte en alguna de las líneas principales, la reactancia no puede suplir esa carencia. No sirve para acabar con los apagones derivados de la falta de capacidad de generación o de averías en los grupos generadores. Su misión es más sutil: hacer que la red sea más robusta, que soporte mejor los cambios bruscos de demanda y que la tensión se mantenga dentro de los márgenes legales y técnicos que exige el suministro moderno.

En ese sentido, los ingenieros del sector eléctrico distinguen siempre entre dos tipos de problemas: los de generación, no hay suficiente energía para todos, y los de calidad de red, hay energía, pero llega mal, con tensión inestable o con perturbaciones. La reactancia de Las Breñas actúa sobre el segundo tipo, que es precisamente el que ha ido ganando protagonismo en La Palma a medida que se moderniza su parque generador y se incorporan fuentes renovables.

El largo camino administrativo

El anuncio del BOE abre un plazo de treinta días hábiles para que cualquier ciudadano o entidad presente alegaciones. El expediente puede consultarse, previa cita, en las oficinas de la Consejería de Transición Ecológica en la Avenida Francisco La Roche, número 35, planta séptima, en Santa Cruz de Tenerife, o bien descargarse en la sede electrónica del Gobierno de Canarias mediante los enlaces incluidos en el propio anuncio oficial.

Después vendrán la evaluación de impacto ambiental, obligatoria en este caso por mandato expreso de la ley, la resolución de autorización, la expropiación de los terrenos necesarios, la licitación de las obras y, por fin, la construcción. Un proceso que, en el mejor de los escenarios, rara vez se completa en menos de uno o dos años.

Dos millones de euros para hacer que la electricidad llegue de forma más estable a los hogares y empresas de La Palma. Un plazo de treinta días para que alguien presente una alegación. Y, a partir de ahí, la maquinaria administrativa canaria en pleno funcionamiento.

Así es la cosa, en La Palma como en cualquier parte.