La universidad pública, garantía de igualdad

Uno de los mayores avances sociales experimentados por España durante las últimas décadas ha sido la universalización de la educación. La posibilidad de que un joven pueda llegar a la universidad con independencia de la capacidad económica de su familia constituye una de las conquistas más importantes de nuestro Estado del bienestar.

            No siempre fue así. Durante demasiado tiempo, cursar estudios universitarios estuvo reservado, en buena medida, a las familias que podían permitirse mantener a sus hijos durante varios años fuera de casa. La extensión de la universidad pública y, sobre todo, el fortalecimiento del sistema de becas contribuyó decisivamente a cambiar aquella realidad. La educación dejó progresivamente de ser un privilegio para convertirse en un verdadero instrumento de igualdad de oportunidades.

           Esa apuesta por las becas continúa siendo fundamental. Para el curso 2025-2026, el Gobierno de España destinó una cifra récord de 2.544 millones de euros a becas, más de dos mil millones por encima de la correspondiente al curso 2017-2018. El número total de becarios pasó de 784.422 en aquel curso a cerca de un millón en 2024-2025.

           Estos datos tienen detrás historias personales. Son jóvenes cuyos padres son trabajadores, agricultores, empleados públicos, pequeños comerciantes o pensionistas que han podido estudiar una carrera porque existía una universidad pública y un sistema de ayudas que hacía posible llegar a ella. Ahí reside una de las funciones esenciales de la educación pública: evitar que el lugar donde uno nace o los ingresos de su familia determinen hasta dónde puede llegar.

           Por eso preocupa el crecimiento de un modelo universitario en el que la enseñanza privada adquiere cada vez mayor protagonismo mientras las universidades públicas tienen dificultades para disponer de los recursos necesarios. La universidad privada tiene su espacio legítimo dentro del sistema educativo, pero nunca puede crecer a costa del debilitamiento de la pública.

           En Canarias esa preocupación tiene hoy nombres y voces muy concretas. Los rectores de nuestras universidades públicas, Francisco J. García Rodríguez, de la Universidad de La Laguna, y Lluís Serra Majem, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, han advertido conjuntamente de la insuficiencia del modelo de financiación planteado por el Gobierno de Canarias. En julio llegaron a afirmar que la propuesta para el periodo 2027-2030 ‘pone en jaque’ a las universidades públicas de Canarias. 

           Hace apenas unos días, en la apertura del curso académico, el rector de la Universidad de La Laguna volvió a lanzar una seria advertencia: sin un instrumento de financiación estable que garantice el futuro de ambas instituciones, puede entrarse en ‘un escenario de serio riesgo de subsistencia a medio plazo’. No estamos, por tanto, ante una cuestión menor ni ante una simple discusión presupuestaria.

           Y hablamos de universidades que han demostrado su capacidad. La Universidad de La Laguna se mantiene en 2026 entre las 800 mejores universidades del mundo en el Ranking de Shanghái, situada en la franja 701-800, y ha mejorado además su posición entre las universidades españolas, colocándose en el intervalo 15-18. Solo treinta universidades españolas aparecen este año entre las mil primeras de esa calificación internacional.

           Canarias no puede permitirse debilitar un patrimonio construido durante generaciones. Nuestras universidades públicas no son únicamente lugares donde se imparten títulos. Son centros de investigación, conocimiento, innovación y pensamiento crítico; generan oportunidades y permiten que miles de jóvenes canarios puedan formarse sin que la renta de sus padres determine su futuro.

           La educación pública ha sido uno de los grandes ascensores sociales de nuestra democracia. Preservarla, financiarla adecuadamente y garantizar su calidad no es un gasto. Es invertir en igualdad, en conocimiento y en el futuro de Canarias.