El colectivo contra el asfalto “seguirá hasta el final”
El portavoz de la plataforma ciudadana contra las plantas de asfalto en el Valle de Aridane, Vicente Rodríguez, considera que este movimiento social tiene “la obligación moral de seguir luchando hasta el final”. Tal reflexión la realizó en la asamblea celebrada por el citado colectivo el pasado viernes en la Casa de la Cultura de El Paso para analizar, entre otras cuestiones, “el proceso legal en curso” contra las citadas instalaciones en el polígono industrial del Callejón de la Gata del municipio de Los Llanos. Aseguró que la plataforma “ha tenido éxito y está llamada a triunfar” con “el respaldo, empeño y tesón” de los vecinos y porque “todos los que vivimos en el Valle de Aridane debemos seguir disfrutando de la calidad de vida que tenemos y que nadie nos puede arrebatar”.
Apuntó que “nuestro trabajo ha consistido básicamente en defender nuestro derecho a la salud y al medio ambiente” y, a ese fin, subrayó, han tenido que “dedicar mucho tiempo, mucha energía, bastante dinero y una parte de la salud que no se puede cuantificar”. También “hemos tenido que soportar mucha incertidumbre y mucha incomprensión” y subrayó que “vamos de sobresalto en sobresalto ante la posibilidad de que el Ayuntamiento de Los Llanos conceda una licencia de apertura a una actividad industrial que tendrá consecuencias muy negativas para el Valle de Aridane”, pese a que “contamos con tres sentencias judiciales que nos dan la razón”.
El problema, avisó, “aún no se ha resuelto”, toda vez que están a la espera de “otra sentencia judicial” al haber sido recurrido, en segunda instancia, el fallo del TSJC que anuló la licencia municipal de instalación concedida por el Ayuntamiento en 2009 a la empresa Ruíz Romero para la fábrica de aglomerado asfáltico en el mencionado polígono.
Ante “los rumores” de que “se puede conceder una licencia de apertura para la planta de Ruíz Romero por parte del Ayuntamiento de Los Llanos”, la plataforma considera que “quien firme” tal autorización, “en las circunstancias actuales, con una sentencia que anula la licencia de instalación, y con informes periciales procedentes del Juzgado de Instrucción que hablan de afección a la salud de las personas y al medio ambiente, incurre en delito penal”.
Vicente Rodríguez recalcó que “el trabajo político bien hecho es el que falta, porque los ciudadanos ya no creen en las promesas, sino en las soluciones”. “Si son capaces de hacerlo, podrían recuperar la credibilidad, si no, que no les parezca mal que lleguemos a la conclusión de que todos son iguales, y que no defienden los derechos de los ciudadanos cuando éstos se ven en peligro”.
Indicó que esperan “una sentencia favorable” del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), “porque, independientemente de las dudas que se puedan tener acerca del fallo, la imparcialidad debe prevalecer sobre cualquier otra consideración”.
“Nuestro deseo”, concluyó, “es que se imponga la imparcialidad y la objetividad en un caso que ha despertado tanta sensibilidad pública, y en el que está en juego la salud de miles de personas”.
En la asamblea celebrada el pasado viernes se hizo un resumen de todas las actuaciones llevadas a cabo hasta la fecha. Se expuso que “las alegaciones presentadas en 2009 ante la Consejería de Industria,” al “Estudio de Impacto Ecológico nunca fueron contestadas”. En septiembre de 2011, cuando se publicó que la empresa Unaspa“ había solicitado ”licencia de instalación y apertura de una planta de aglomerado asfáltico“ se presentaron asimismo ”más de 600 alegaciones“ en las que se indicaba que ”en el nuevo PGO de Los Llanos no se permite este uso“ y ”a fecha de hoy“ tampoco han tenido respuestas.
La plataforma, señalan, “ha mantenido reuniones con diferentes fuerzas políticas a nivel local e insular para transmitir la necesidad de buscar una zona óptima para las actividades industriales clasificadas”.
