Ciudadanos pide al Ayuntamiento capitalino que legalice más de 50 viviendas de Maldonado que están fuera de ordenación

En la imagen, vecinos afectados y Juan Arturo San Gil muestran un plano del deslinde.

La Palma Ahora

Santa Cruz de La Palma —

El concejal de Ciudadanos (C's) en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, Juan Arturo San Gil, ha presentado una moción para demandar a la Corporación local que “inicie los trámites para incluir en el nuevo Plan General de Ordenación de Santa Cruz de La Palma las viviendas de la zona de Maldonado que se encuentran fuera de ordenación desde el año 2002”. Al respecto, el edil ha recordado que “muchas de esas viviendas se construyeron hace más de 50 años”, por lo que entiende que “ya es hora de que se legalice la situación de las mismas, y así acabar con la angustia de las familias que residen en ellas”.

El portavoz municipal de C's en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma ha solicitado también al Ayuntamiento que “consensúe con la Demarcación de Costas las acciones y los trámites que se han de llevar a cabo para que las viviendas que se encuentran en la costa de Maldonado se puedan legalizar”, ya que, ha recordado, “son alrededor de cincuenta las casas que se encuentran actualmente en el limbo jurídico y fuera de ordenación”. “Es un deber de la Corporación municipal resolver los problemas de sus ciudadanos”, ha manifestado Juan Arturo San Gil, quien ha instado al Consistorio a “trabajar para acabar con la indefensión jurídica en la que se encuentran las familias que habitan en la zona de Maldonado”.

Juan Luis Felipe, un vecino de este núcleo, ha manifestado a La Palma Ahora que “demandamos que se ponga la línea de costa donde por lógica y por la antigüedad de todas estas viviendas corresponde para mantener una coherencia con toda la zona de desarrollo norte de Santa Cruz de La Palma y con las construcciones que existen de principio de siglo XX y que no están normalizadas con respecto a esa ley posterior que nos afecta”. Felipe entiende que “ha habido dejadez por parte del Ayuntamiento en un momento determinado, cuando en el 2002 se aprobó ese deslindamiento y se debería haber sido recurrido, y así no estaríamos ahora con esos problemas”. Considera que “es un problema burocrático muy fácilmente solucionable porque históricamente estamos todos posicionados, afecta incluso a propiedades públicas como un plaza, la estación de bombeo, la zona de alcantarillado, y sobre todo, a la vida de las personas que viven aquí”.

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