Los tributos pendientes de cobro del Ayuntamiento de Tazacorte superan los 900.000 euros
La situación económica del Ayuntamiento, “a pesar de la buena gestión realizada en estos tres años de legislatura, sigue siendo muy delicada”, señala el grupo de Gobierno local, formado por PSOE y PP, en un comunicado. Explica que “la deuda o carga financiera se ha reducido en más de 300.000 euros, se han cancelado créditos suscritos en la anterior legislatura, así como muchas deudas requeridas judicialmente, deudas algunas tan altas como las de Lopesan y Polygrass que ascendían entre los dos a 300.000 euros, de los que más de 100.000 eran de intereses, y otras como la de Gesplan, de la que se han abonado 83.000 euros, quedando pendientes 129.000”. Igualmente “se han pagado a proveedores por valor superior a un millón de euros, finiquitos de los 250 trabajadores que nos encontramos al comenzar la legislatura sin estar presupuestado”. Asevera que “en el capítulo uno también se ha reducido el gasto”.
Sin embargo, insiste, pese a “todas estas gestiones, la situación sigue siendo muy delicada porque aun quedan muchas deudas contraídas que, afortunadamente, se han ido solventando con planes de pagos a vecinos con dificultades. A esto se le suma la falta de ingresos que tiene la administración local”. Concretamente, detalla, “hay que resaltar los más de 930.000 euros que están aún pendientes de cobro por parte del Ayuntamiento correspondientes a tributos desde el año 2009 hasta la actualidad. Todo esto sin contar los 400.000 euros perdidos por dejarlos prescribir en su momento”.
Estas deudas, asevera, “han sido requeridas en multitud de ocasiones, y por todas las vías legalmente establecidas, y dando todas las facilidades posibles para al pago, incluyendo los aplazamientos y fraccionamientos de pago”. Apunta que “la Tesorería Municipal ha agotado todas estas vías posibles de comunicación y aviso, y a falta de estas posibles solicitudes de fraccionamiento o aplazamiento por parte de algunas personas, tiene la obligación de iniciar la última vía que le exige la ley: iniciar los trámites de embargos de bienes en el orden establecido en la Ley General Tributaria a aquellas personas o entidades que les haya notificado por diferentes vía la deuda pendiente y no hayan solicitado el fraccionamiento o el aplazamiento, dando el silencio por respuesta”.
Indica que “esta es una medida que establece la ley, los embargos preventivos y su posterior ejecución, con el fin de evitar la evasión de las responsabilidades que las mayoría de contribuyentes han cumplido, en este caso el pago de sus obligaciones ante la hacienda local”.
“Muchos vecinos y vecinas con grandes dificultades”, resalta, “han abonado sus tributos municipales, mientras que otros no los han hecho durante muchos años, mucho antes de entrar la crisis, ni siquiera habiéndoles ofreciendo facilidades de pago, por lo que se considera desde la Corporación local como algo injusto, desigualitario e insolidario ya que de los servicios y diferentes proyectos que ser realizan en el municipio son beneficiarios todos, mientras que son sufragados solo por los que cumplen con sus obligaciones”.
Como dato informativo que “refleja claramente la gravedad del tema”, puntualiza, “esta deuda supone el 40% de la deuda bancaria del Ayuntamiento, el 21 % del presupuesto del 2014 y el pago de los trabajadores municipales durante 6 meses”. Considera que “es muy difícil así poder mantener los servicios esenciales para los vecinos y vecinas, cuando los gastos superan los ingresos y los pocos que entran se van en nóminas del personal, deudas bancarias, planes de pagos y gastos corrientes (luz, teléfono, agua y material de administración) y muchas veces hay dificultades incluso para poder sufragar estos”.
Por tal motivo, insiste, “se ha intentando por todas las vías hacer entender la necesidad de cumplir con esas obligaciones, entendiendo aquellas situaciones especiales que no son la mayoría, y se ha ofrecido que se soliciten los planes de pagos pertinentes, existiendo en este momento más de 300 solicitudes aprobadas, pero aún así hay personas y entidades que no han respondido los requerimientos ni se han dirigido a la Administración, por lo tanto, el procedimiento establecido por ley se va a poner en marcha por parte de la Tesorería Municipal, como se hace en el resto de los ayuntamientos de Canarias tal y como exige la Ley”.
