Castro defiende que las ‘Islas Verdes’ tengan un modelo de desarrollo sostenible “con mayores expectativas de crecimiento”

El diputado por La Palma y presidente del Grupo Nacionalista Canario (CC-PNC) en el Parlamento de Canarias, Antonio Castro, ha defendido este jueves “la toma en consideración de una Proposición de Ley especial de ordenación territorial de la actividad turística en las Islas Verdes (La Palma, El Hierro y La Gomera), que permita un verdadero modelo de desarrollo sostenible con el medio ambiente, que genere mayores expectativas de crecimiento en unas islas en las que no se disfrutan de las mismas condiciones y posibilidades que en el resto”, se indica en una nota de prensa de CC-PNC.

En este sentido, Castro Cordobez recordó que tanto La Palma, La Gomera y El Hierro “se ven afectadas en su desarrollo por tener menos población, rentas más bajas, mayor dependencia del sector público, envejecimiento de la población y emigración de los jóvenes”.

El objetivo “fundamental de esta modificación”, se apunta en la nota, “es una labor de reestructuración, sistematización interna y refundición del texto de la Ley 6/2002 que tras su aprobación ha sido modificada de un modo directo ocho veces y de manera indirecta otras cinco, habiendo sido afectada, igualmente, por la sentencia 42/2018 y cuyos matices respecto a determinado aspectos de índole ambiental se introducen en la nueva Ley”.

Añade que “esta nueva ordenación jurídica dotará de seguridad y certeza jurídicas a los operadores económicos y a las Administraciones competentes para su aplicación, que estaban encontrando ciertas dificultades para la interpretación de la norma”.

Asimismo “se consolida el modelo de estas islas, diferenciado dentro del marco legal del ordenación de la actividad turística para el ámbito autonómico, cuyos principios siguen vigentes y actuales desde su inicial formulación en el año 2002”. En la nota se señala que “estos principios reivindicaban para tales islas permitir un modelo turístico alternativo al de la urbanización turística del litoral, que se sustente en la puesta en valor del paisaje como recurso, que dé respuesta a las demandas que con relación a estos modelos plantea el mercado y establecer los mecanismos suficientes para el traslado al mundo rural de parte de las economías que se generan por la actividad turística, en la cuantía necesaria para el mantenimiento, conservación y mejora del paisaje”.

Esta “legislación especial”, expone, “apuntala la prevalencia de la Ley sobre los preceptos normativos de los instrumentos de ordenación aprobados hasta la fecha, formulados e inspirados en gran medida en criterios y objetivos contrarios a la misma, y cuya infraordenación a la Ley conlleva su derogación por ésta”.

Castro Cordobez destacó que esta Proposición de Ley, que surge de la iniciativa parlamentaria, “en ningún caso autoriza la urbanización del suelo rústico, tal y como ha reconocido el Tribunal Constitucional, por cuanto no se produce un proceso de transformación del suelo”. Lo que “sí se permite es que el suelo rústico sea soporte a la implantación de actividades turísticas y esta nueva normativa, al incorporar determinadas innovaciones derivadas de la sentencia del Tribunal Constitucional y la adaptación a la Ley del Suelo, consigue el necesario equilibrio entre el desarrollo económico y la sostenibilidad territorial y ambiental consustancial al suelo rústico y el respeto con los valores propios de cada categoría del mismo”.