Solicitan que no se obligue a los estudiantes desplazados a darse de baja en sus municipios para recibir asistencia sanitaria
El pleno del Cabildo de La Palma, en la sesión celebrada este viernes, aprobó por unanimidad una moción planteada por el grupo de CC en la que se acuerda instar a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias a que, a través de la Conferencia Interterritorial de Sanidad o cualquier otro mecanismo establecido en el sistema sanitario, se acuerde la exención de la obligación de empadronamiento para aquellos residentes canarios que de forma temporal, bien por estudios o por cualquier otra circunstancia, residan en una Comunidad Autónoma diferente a la Canaria.
La portavoz de CC en el Cabildo, Guadalupe González Taño, explicó que “tras los recortes producidos en el ámbito sanitario, algunas Comunidades Autónomas están imponiendo a los ciudadanos españoles la obligación de empadronarse para ser atendidos por el sistema sanitario, un requisito que para los canarios desplazados temporalmente a dichos territorios por la razón que fuera implica perder, por ejemplo, el derecho al descuento de residente canario a la hora de regresar a sus hogares”.
En los últimos meses, añadió, “varios estudiantes de nuestra Isla desplazados fuera de Canarias para cursar sus estudios, se han dirigido a nuestra formación política manifestándonos las dificultades que están sufriendo para ser atendidos en el sistema sanitario español cuando deben realizarse pruebas diagnósticas de forma reiterada, operaciones o tratamientos continuados”. Este problema, subraya, “se agudiza especialmente para aquellos estudiantes que residen temporalmente por razones de estudios en Madrid y Cataluña, debido a la obligación que están marcando estas Comunidades Autónomas de empadronarse en dicha Comunidad para ser atendidos. En el caso de los estudiantes canarios, la obligación de empadronarse implica la renuncia a la beca que disfrutan o el descuento de residente para volver a su domicilio habitual, que es en Canarias.”
El grupo de CC en el Cabildo palmero también llevó una propuesta para solicitar al Gobierno del Estado que delegue a la Comunidad Autónoma de Canarias la competencia de gestión de los aeropuertos canarios. La misma fue aprobada por mayoría con el respaldo de los consejeros socialistas y nacionalistas. El PP votó en contra.
Esta solicitud, explicó González Taño, viene fundamentada por “el proceso emprendido por el Gobierno del PP para privatizar el 49% de AENA, lo cual supone un grave perjuicio para Canarias, cuyos aeropuertos son fundamentales para la cohesión territorial de los canarios y las canarias que no cuentan con otro modo de transporte”.
Ya en julio de 2014, alegó, el Parlamento de Canarias aprobó una Resolución mediante la que se rechazaba la privatización de AENA SA y se instaba al Ejecutivo regional a negociar con el Gobierno de España la puesta en marcha de lo estipulado en el artículo 33.13 del Estatuto de Autonomía de Canarias, donde se dispone que corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias la competencia de ejecución en materia de puertos y aeropuertos con calificación de interés general cuando el Estado “no se reserve su gestión directa”.
En las últimas semanas, detalló, “se ha materializado esta privatización de facto de la compañía pública encargada de la gestión aeroportuaria en España (AENA) y por tanto también en Canarias y esto pone en serio peligro los servicios que actualmente se prestan, sobre todo, en los aeropuertos menos rentables para el sistema pero no por ello menos imprescindibles para sus habitantes, como es el caso del de La Palma, La Gomera o el Hierro”.
La asunción de competencias en aeropuertos “es una reivindicación histórica de los nacionalistas canarios, puesto que existen razones de peso que justifican la participación de la comunidad canaria y otras administraciones locales en la planificación y programación de los aeropuertos, y de ahí que así dicha reivindicación se haya recogido en sus programas electorales y lo hayan solicitado reiteradamente en las Cortes Generales a través de proposiciones de ley”.
