El PSOE dice que “el PP no puede provocar un desahucio masivo del pequeño y mediano comercio”
El portavoz de Industria y Comercio del grupo Socialista en el Parlamento de Canarias, José Ignacio Álvaro Lavandera, en un comunicado, afirma que “en la actual situación de crisis, el Gobierno de Mariano Rajoy no puede mirar hacia otro lado y provocar un desahucio masivo del pequeño y mediano comercio con la actual Ley de Arrendamientos Urbanos”.
Por ello, se indica en la nota, “pone en valor la proposición no de ley del PSOE aprobada en el último pleno de la Cámara regional, por la que se insta al Ejecutivo del PP a que modifique la disposición transitoria tercera de esta ley, en el sentido de lograr frenar el cierre de los negocios de renta antigua, afectados por el fin de la moratoria de estos alquileres reducidos a partir del próximo 1 de enero”.
Recuerda que “la Ley de Arrendamientos Urbanos, de 1994, impuso una moratoria para la finalización de los locales arrendados bajo el auspicio de la ley de arrendamientos de 1964, por un plazo de veinte años a contar desde la entrada en vigor de la actual ley, con algunas excepciones muy tasadas”. Explicó que el próximo 1 de enero se cumple el plazo, lo que supone la finalización de la mayoría de estos contratos de arrendamiento de locales.
“Con ello, cientos de empresas y comercios consolidados de nuestras ciudades se verán forzados a negociar un nuevo contrato de alquiler con un más que probable incremento de renta, cuando no un traslado o cierre, por las deficiencias de liquidez en el contexto actual de profunda y persistente crisis económica y escasa actividad comercial”, advierte. En este sentido, informa de que en Canarias, se calcula que son unos 7.000 los establecimientos mercantiles que están regidos por un contrato de arrendamiento anterior a 1985.
El parlamentario del PSOE muestra su preocupación por “la destrucción de empleo que pueda producirse, la disminución de la actividad económica, el abandono y degradación de los barrios históricos”. “No estamos únicamente ante un problema económico, sino también social y urbanístico, ya que el cierre masivo de empresas localizadas en estas áreas de las ciudades, podría desembocar en una desertización de los centros históricos y su posterior degradación urbanística, o en un desequilibrio descompensado en la oferta comercial urbana, entregada a una competencia de comercios emergentes proclives a ocupar más espacio que el que sería razonable desde el punto de vista de una ordenación hecha a la medida de las necesidades de la población urbana”.
José Ignacio Álvaro entiende que el interés del propietario “no puede sacrificarse infinitamente y, por ello, en la propuesta se aboga por posponerlo en un periodo adicional dada la situación económica del país y, a la vez, equilibrar intereses entre las partes, ya que entre los cambios propuestos figura que al inicio de este nuevo régimen transitorio se proceda a una actualización de la renta por la diferencia entre el incremento de los últimos veinte años del IPC de arrendamientos urbanos y el incremento del IPC general, entre otras medidas”.
Subraya que el mantenimiento del empleo “debe ser el objetivo final de toda la acción política en las circunstancias a las que nos enfrentamos hoy en día, como son la crisis económica, el descenso del consumo de las familias, la falta de financiación de las empresas y las altas tasas de desempleo”.
Por último, lamenta que pese a estas circunstancias, el Gobierno del PP “siga mirando a otro lado” y le exige que tome “en consideración la propuesta emanada del Parlamento de Canarias, como fórmula para permitir la supervivencia del tejido empresarial, especialmente del comercio de proximidad”.
