El Gobierno elabora un estudio jurídico de los núcleos costeros afectados por la Ley de Costas en las islas

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, y el director general de Costas y Gestión del Espacio Marítimo Canario, Antonio Acosta, han reunido este martes a los colectivos afectados por la Ley de Costas para dar a conocer el informe jurídico encargado por la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, para intentar dar solución a todos los núcleos costeros canarios que se está viendo afectados por la recuperación del dominio estatal del litoral, indica en una nota de prensa el citado departamento autonómico. 

En esta segunda sesión de la Comisión Mixta de esta legislatura, señala la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad ha dado a conocer el primer trabajo realizado por parte del profesor y catedrático Francisco Villar, a través de la Fundación Universitaria de La Laguna, en el que se refleja la necesidad de contar con un censo completo de todos los núcleos.

En este sentido, Antonio Acosta ha explicado que el informe jurídico pone el foco en la elaboración de un censo de los núcleos costeros, donde se establezca la situación de cada una de las viviendas para, posteriormente, analizar su contexto jurídico ante la Ley de Costas. Este documento, añade, establece diferentes vías para intentar resolver los problemas de cada una de las zonas, teniendo en cuenta los informes individualizados que se obtengan. 

A partir de ahora, se apunta en la nota, la  referida Consejería iniciará los trabajos para completar el censo de núcleos costeros, que permita obtener una radiografía actualizada de la situación, cuantificando el número de personas y de viviendas que se ven afectadas actualmente por la Ley de Costas, para empezar a trabajar de forma conjunta.

El estudio del profesor Villar, agrega, “también destaca como positivo las fases jurídicas que se han ido sucediendo desde el inicio de esta legislatura, con la presentación del conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional y las sentencias, a favor de las autonomías, que se han conocido en los últimos meses”. 

Por su parte, Pablo Rodríguez ha resaltado “el compromiso del Gobierno de Canarias para salvaguardar los núcleos costeros canarios e ir analizando las diferentes situaciones jurídicas que se han ido sucediendo desde 2016 hasta hoy. La reforma de nuestro Estatuto de Autonomía nos confiere ahora otro marco legal para poder defender estas situaciones y, además, diferentes sentencias de los tribunales también han hecho que, poco a poco, hayamos ido dando pasos tendentes a la recuperación de estos núcleos tan importantes para el Archipiélago”. 

La primera reunión de la Comisión Mixta, se recuerda en  la nota, se celebró en noviembre del pasado año, con el objetivo de escuchar y analizar todas las reclamaciones de los colectivos para establecer las fórmulas correspondientes en cada caso. Además, también se adquirió el compromiso de elaborar un reglamento para regir la Comisión y regular las sucesivas convocatorias. 

En la Comisión han participado representantes de la Fecam (Federación Canarias de Municipios), con su presidenta Mari Brito; así como de la Fecai; Plataforma Canaria de Afectados por la Ley de Costas; plataforma ciudadana ‘El Yodo’; Asociación Vecinal Playgarza y la Asociación de vecinos de la Playa de Tufia.