La ministra Montero anuncia a Clavijo la continuidad de la bonificación del 60% del IRPF para La Palma

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha afirmado este martes, tras una reunión en Madrid con la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que el Gobierno garantizará las entregas a cuenta a las comunidades autónomas, lo que evitará que el archipiélago recorte hasta 168 millones de euros de su presupuesto financiero.

“En nuestro presupuesto de la subida de la recaudación contemplábamos unas entregas a cuenta superiores a las que están viniendo y la ministra ha asegurado que va a actualizarlas sin ningún problema y que no nos va a generar ninguna dificultad a las islas”, ha comentado el jefe del Ejecutivo autonómico en declaraciones a la prensa al término de la reunión.

Clavijo ha valorado como “positivo” y “fructífero” un encuentro en el que Montero ha mostrado su compromiso con la continuidad de algunas de las partidas presupuestarias que posibilitan el cumplimiento de la Agenda Canaria, a pesar del “contratiempo” que supone la prórroga de los presupuestos del Estado de 2023.

Así, el presidente canario ha destacado como “primer gran acuerdo” la continuidad de la bonificación del 60 % de IRPF a los residentes de la isla de La Palma, cuya tramitación será introducida antes del verano en el próximo texto legislativo de la Ley del Cliente Financiero.

También se mantendrán las partidas destinadas al transporte público gratuito durante 2024 y la bonificación al transporte de mercancías que, según Clavijo, cuentan con un presupuesto de en torno a los 26 y 23 millones de euros respectivamente, aunque “de entrada son partidas ampliables” con lo que no están topadas.

Según Clavijo, la titular de Hacienda ha mostrado su compromiso a aprobar los recursos económicos para atender a los 5.500 menores migrantes no acompañados que la comunidad autónoma tiene a su cargo, a quienes “está costando atender de manera digna”, en opinión del jefe del Ejecutivo.

Por ello, ha avanzado que el Gobierno de Canarias aportará una certificación del coste asumido por las islas para atender a los niños y niñas, de en torno a los 120 millones de euros anuales, para que dicha dotación financiera sea asumida por el Ministerio de Infancia y Juventud a la espera de que se apruebe la propuesta de modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería.

Ambos mandatarios han acordado “seguir realizando un seguimiento” del cumplimiento del resto de las partidas presupuestarias de Canarias para que sean transferidas “con normalidad” los recursos económicos destinados al Plan de Empleo, al Plan de Pobreza y a otros planes que siguen vigentes de manera que el archipiélago “no sea perjudicado”.