El PSOE pide medidas excepcionales que garanticen seguridad jurídica al desarrollo turístico de la Isla
El diputado socialista Manuel Marcos Pérez pidió este martes al Gobierno canario y a la Cámara regional la adopción de medidas de carácter excepcional, tanto en el orden legislativo como en el ejecutivo, que garanticen que el desarrollo turístico de La Palma pueda volver a contar con la necesaria seguridad jurídica en el menor plazo posible, según se informa en nota de prensa.
En el pleno del Parlamento, explicó que la reciente sentencia del Tribunal Supremo que anula el decreto del Plan Territorial Especial de Uso Turístico de La Palma ha invalidado casi la totalidad del sistema turístico planificado para la Isla. “Con esta sentencia, se ha anulado el decreto por el que se aprobaron las actuaciones turísticas de mayor relevancia, así como los núcleos turísticos estratégicos de La Palma”, indicó.
El parlamentario del PSOE señaló que en 2002 y 2003, a través de las leyes de Medidas de Ordenación Territorial para El Hierro, La Gomera y La Palma y de Directrices, se establecieron medidas de ordenación específicas que atendían a la especial problemática de índole socioeconómico que padecían estas islas, menos maduras desde el punto de vista turístico.
“Hoy podemos constatar que esta situación, lejos de superarse mínimamente, se ha visto notablemente agravada: si ya la tasa de desempleo de La Palma en el año 2003 era del 18,8%, hoy se sitúa en el 35,45; si en el año 2003, la población de La Palma era de 85.631 habitantes, en 2014 es de 83.458, lo que supone un descenso del 2,53%, y si en 2003 el índice de envejecimiento de La Palma era del 17,6%, la última cifra oficial de 2014 sitúa este índice en el 20,8, más de 5 puntos por encima de la media de Canarias”.
Subrayó que La Palma expulsa a la población joven cualificada, pues aproximadamente el 90% de los jóvenes formados no tiene cabida en el mercado laboral de la Isla. Añadió que con una dependencia casi exclusiva del monocultivo del plátano, con una débil aportación del sector servicios y con la práctica inexistencia de tejido industrial, es la isla con la renta per cápita más baja del Archipiélago.
Manuel Marcos Pérez aseguró que las medidas turísticas adoptadas, “lejos de producir una incentivación positiva en la introducción de la economía turística en la Isla, han producido una total parálisis, y si a esta situación le añadimos los problemas derivados de la reciente sentencia judicial, el escenario se torna insostenible”.
