El Ayuntamiento de Fuencaliente se ilumina contra la pena de muerte
Amnistía Internacional y la Comunidad de Sant'Egidio organizan la 14º edición de la iniciativa Ciudades por la vida en la se que iluminan edificios representativos de todo el mundo para mostrar el rechazo a la pena capital.
En Fuencaliente, el día 30 de diciembre, a las 19:00 horas, se iluminará la fachada del Ayuntamiento, con lectura de un manifiesto y la participación de la banda de música de Fuencaliente y el grupo de teatro Alterapars.
Este 30 de noviembre, en más de 2000 ciudades de todo el mundo como Amsterdam, Berlín, Bruselas, Nairobi, Roma o Tegucigalpa se iluminarán edificios emblemáticos para mostrar el rechazo de la ciudadanía a la pena de muerte. En España, Amnistía Internacional impulsa esta iniciativa en más de 25 ciudades como Barcelona, Burgos, Córdoba, Las Palmas de Gran Canaria, Málaga, Salamanca, San Sebastián, entre otras.
La Jornada Mundial Ciudades por la Vida es una iniciativa internacional que se pone en marcha en recuerdo de la primera abolición de la pena capital en el Gran Ducado de Toscana en 1786. Se trata de una iniciativa emprendida por la Comunidad de Sant’Egidio, con el apoyo de la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte, a la que pertenece Amnistía Internacional.
La pena de muerte en el mundo
En 2015, 103 países abolieron por completo la pena de muerte. En total son 140 los estados abolicionistas, ya sea en la ley o en la práctica. Estos países han renunciado a seguir matando en nombre del Estado.
El próximo mes de diciembre se podrá dar un nuevo paso adelante logrando que en la Asamblea General de las Naciones Unidas más países, de los 58 que todavía conservan la pena de muerte en su legislación, se manifiesten a favor de la Resolución para la Moratoria Universal de todas las Ejecuciones, que pretende abolir la pena de muerte en todo el mundo. Hasta ahora un total de 115 de los 193 Estados miembros de la ONU votaron a favor de la propuesta.
Sin embargo, no se debe bajar la guardia, ya que en 2015 hubo un alarmante aumento de las ejecuciones. Al menos 1.634 personas fueron ejecutadas en 2015, en un total de 25 países. Se trata de la cifra de ejecuciones más alta de los últimos 25 años. Un dato que dobla el número de personas ejecutadas con respecto al año anterior.
El 89% de las ejecuciones llevadas a cabo se han producido en sólo tres países: Irán, Pakistán y Arabia Saudí. China no está incluida en esta cifra total, porque los datos sobre pena de muerte en este país siguen siendo tratados como secreto de Estado, pero es probable que miles de personas sean ejecutadas en este país cada año.
Amnistía Internacional denunciaba también el pasado 10 de octubre, Día Internacional contra la Pena de Muerte, cómo los países recurren cada vez más a la pena de muerte para combatir delitos relacionados con terrorismo. Al menos 20 países condenaron a muerte o ejecutaron a personas por delitos relacionados con terrorismo (Arabia Saudí, Argelia, Bahréin, Camerún, Chad, China, Egipto, Estados Unidos, India, Irak, Irán, Jordania, Kuwait, Líbano, Pakistán, República Democrática del Congo, Somalia, Sudán, Túnez y Emiratos Árabes Unidos).
Menor condenado a muerte
En esta nueva edición de ciudades por la vida Amnistía destaca el caso de Ali Mohammed Baqir al-Nimr, condenado a muerte tras haberse “confesado” culpable de delitos cometidos cuando tenía 17 años, encontrándose en la actualidad en riesgo inminente de ejecución en Arabia Saudí.
La Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño, vinculante jurídicamente para Arabia Saudí, establece que no puede imponerse la pena de muerte por delitos cometidos por menores de 18 años.
La lucha contra la pena de muerte
No existe ninguna prueba fehaciente de que la pena de muerte sea un factor disuasorio a la hora de cometer un delito, pero sí existen claros ejemplos de que es discriminatoria y a menudo se utiliza de forma desproporcionada contra personas económicamente desfavorecidas, minorías y para acallar a la disidencia política.
La Comunidad de Sant’Egidio y Amnistía Internacional se oponen a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, con independencia de la naturaleza y de las circunstancias del delito, de la culpabilidad o inocencia de las personas, y del método empleado por el Estado para llevar a cabo la ejecución.
La pena de muerte viola el derecho a la vida, proclamado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y es un castigo cruel, inhumano y degradante.
