Canarias encarga nuevas desaladoras para sustituir al buque cisterna en La Palma

El Gobierno de Canarias ha encargado nuevas desaladoras para suministrar agua de riego a las zonas de cultivo afectadas por la erupción volcánica en La Palma, en previsión de que el buque cisterna asignado a esta tarea dejará de funcionar cuando las condiciones del mar empeoren.

El consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, José Antonio Valbuena, ha afirmado este martes en el Parlamento regional, en respuesta a una pregunta del diputado de Ciudadanos Ricardo Fernández de la Puente, que se debe tener en cuenta que esta es una solución “débil y frágil”.

José Antonio Valbuena ha aludido así al hecho de que la instalación de las primeras desaladoras se hizo en tres semanas, cuando normalmente se precisan seis meses, porque se trataba de una situación de emergencia para garantizar que los plantones de platanera pudieran seguir vivos.

De esta manera se evitaron pérdidas de 30 millones de euros y se garantizó que los agricultores pudieran recibir las ayudas europeas, ha añadido el consejero, quien no obstante ha indicado que la solución definitiva en cuanto a la distribución del agua en la isla es responsabilidad del Consejo Insular de Aguas, y no es “una tarea sencilla”.

El consejero también ha señalado, en relación a una pregunta del diputado socialista Jorge González sobre las medidas de ordenación territorial y urbanística que se plantean para la reconstrucción de la zona afectada por la erupción del volcán en La Palma, que los perjudicados pueden tener la tranquilidad de que el Gobierno de Canarias “pondrá todo lo que tiene que poner” para que puedan seguir viviendo donde tengan arraigado su modo de vida.

Gobierno, Cabildo de La Palma y ayuntamientos del área afectada se reúnen todos los jueves para analizar la reorganización territorial del valle de Aridane con el objetivo de afianzar la población y generar nuevas oportunidades “cumpliendo todos y cada uno de los requisitos de sostenibilidad”, ha añadido.

En cuanto a los primeros avances de un posible modelo territorial en las zonas afectadas, se está trabajando en un diagnóstico de la situación que culminará con un proceso de participación con los damnificados para tener soluciones reales y factibles, ha continuado Valbuena, quien ha admitido que “cada semana que pasa de erupción nos pone la situación más complicada”.

Asimismo, y en respuesta a la parlamentaria popular Lorena Hernández, el consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, Sebastián Franquis, ha indicado que en los próximos días se comprarán 46 viviendas para los afectados y otras 29 en diciembre, que se suman a las 18 de la primera operación de este tipo formalizada tras la erupción volcánica.

Ya se ha iniciado la entrega de viviendas en Fuencaliente y Tazacorte, al mismo tiempo que se ha comenzado la compra de viviendas prefabricadas, que se instalarán a medida que los ayuntamientos habiliten terreno para ellas.

Se trata de una fase de transición hasta que se elabore el plan de reconstrucción en lo relativo a las viviendas definitivas para los afectados, ha recordado Franquis.

A su vez la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alicia Vanoostende, en repuesta a la diputada socialista Nayra Alemán, ha indicado que la actitud de la UE es “muy positiva” respecto a la flexibilización de medidas para apoyar a la agricultura, la ganadería y la pesca que se han visto afectadas por el volcán.

La consejera ha recordado el riesgo “cierto” de que disminuyeran las ayudas del Posei por la pérdida de producción, por lo que se ha pedido a Bruselas que aplique el criterio de fuerza mayor y circunstancias excepcionales para eximir al sector de determinados condicionantes, como el de mantener un nivel de producción para tener derecho a las ayudas.

Por ello se ha pedido a la UE que se mantengan las ayudas con independencia del nivel de producción y se exima al sector platanero del requisito de partir de una cantidad de referencia, al tiempo que se ha solicitado que las fincas tengan cinco años de margen para iniciar la actividad en otro lugar.