La Palma busca casa entre obras caras y permisos que tardan años

La Tertulia Tey del jueves 29 de octubre la abrió Elena Lechuga Crespo, arquitecta y jefa de la Oficina de Visados del Colegio Oficial de Arquitectos de La Palma, con una concisa exposición de datos sobre la situación actual en la isla , que ayudó a clarificar la conversación.

Una casa empieza a costar dinero mucho antes de colocar el primer bloque. En La Palma, entre redactar el proyecto y obtener los permisos pueden pasar dos años o más. En la Tertulia Tey se expusieron casos de promociones que habían esperado tres años por una sola autorización. Durante ese tiempo se acumulan gastos, cambian los presupuestos y hay familias que siguen pagando otro alojamiento mientras esperan poder levantar el suyo.

La demora administrativa fue una de las preocupaciones que centraron el encuentro del jueves 29 de octubre, dedicado al acceso a la vivienda en la isla. Participaron arquitectos, promotores privados, representantes del Colegio de Arquitectos y técnicos, además de público interesado. La conversación reunió así distintas miradas sobre un problema que se conoce desde el despacho donde se redacta un proyecto, a pie de obra y al buscar un piso de alquiler.

Los plazos relatados corresponden a casos concretos, no a una estadística del conjunto de las administraciones palmeras. Pero permiten reconocer una dificultad que atravesó el debate: sacar adelante una vivienda exige afrontar unos costes elevados sin saber siempre cuánto durará la espera. A eso se suma la escasez de alquileres y la existencia de casas cerradas que, por razones diversas, no llegan al mercado.

Construir después de perder la casa

La Palma ha seguido construyendo. En los cinco años transcurridos desde la erupción de 2021 se han puesto en marcha promociones públicas y numerosas obras privadas. La presentación que acompañó a la tertulia recogía un balance de 1.389 viviendas entre 2021 y 2025: 852 unifamiliares, 390 en edificios plurifamiliares y 147 procedentes de la transformación de locales. Estas últimas suponen algo más de una de cada diez.

Para entender esas cifras hay que volver al Valle de Aridane. El volcán destruyó hogares y obligó a sus habitantes a buscar dónde instalarse. Durante el encuentro se recordó que esos traslados explican también parte del crecimiento reciente de El Paso. Una parte de lo construido viene a reponer lo que se perdió, al tiempo que la isla debe atender una demanda anterior a la erupción.

Ese esfuerzo ayuda a explicar por qué la actividad de las obras no se percibe con la misma intensidad cuando alguien busca casa. La reconstrucción absorbe parte de las nuevas viviendas y la oferta de alquiler sigue siendo escasa.

Lo que cuesta esperar

Las dificultades de tramitación aparecieron en actuaciones muy distintas: convertir un local en vivienda, rehabilitar una casa antigua o conseguir una licencia de obra nueva. En todas ellas, la espera tiene consecuencias económicas.

Quien ha comprado un inmueble soporta gastos mientras no puede utilizarlo. El promotor calcula precios de materiales, salarios e intereses sin disponer de una fecha cierta para empezar. La familia que construye su casa puede verse obligada a mantener durante meses, o años, el alquiler en el que vive. Cuando llega el permiso, las cuentas del principio quizá ya no sirvan.

Entre las propuestas figuraron mejorar la coordinación entre administraciones, evitar revisiones duplicadas y estudiar la colaboración de entidades técnicas acreditadas en el examen de los expedientes. Se planteó acortar los tiempos manteniendo los controles de seguridad, patrimonio y medio ambiente.

Antes de llegar a la licencia, sin embargo, hay otro obstáculo: disponer de suelo en condiciones de uso. Ser propietario de un terreno no significa poder construir en él. La clasificación urbanística, los usos permitidos, la titularidad y los servicios disponibles determinan qué puede hacerse y cuánto costará. Una parcela aparentemente barata puede requerir después una inversión considerable en accesos, agua, saneamiento y electricidad.

Varios participantes cuestionaron la lentitud con la que se ponen terrenos a disposición de promociones residenciales, también de las públicas. Se habló de ceder suelo público durante periodos largos sin que pierda su titularidad y de facilitar el acceso a cooperativas. Ambas fórmulas pueden reducir el desembolso inicial, aunque su alcance dependerá de los costes de urbanización y de las condiciones que se establezcan para las viviendas.

La transformación de locales ofrece otra vía. Cuando reúnen las condiciones necesarias, permiten aprovechar edificios existentes sin ocupar suelo nuevo. Las 147 viviendas recogidas en el balance muestran las posibilidades de esa alternativa, que también necesita una tramitación capaz de llevar los proyectos a término.

Cien metros cuadrados y una cuenta difícil

Los profesionales presentes situaron el coste de construcción entre 1.600 y 2.000 euros por metro cuadrado construido, según la tipología, con casos por encima de ese intervalo. Aplicado a una casa de 100 metros cuadrados, supone entre 160.000 y 200.000 euros solo de obra. Todavía habría que añadir el terreno, los honorarios profesionales, las licencias, los impuestos y la financiación.

La falta de trabajadores cualificados complica además la contratación de los distintos oficios y la organización de los trabajos. También hubo críticas a la carga fiscal. Como ejemplo, se mencionaron importes cercanos a 5.000 euros en determinadas licencias para viviendas de 100 o 120 metros cuadrados.

Los asistentes propusieron revisar las tasas e impuestos vinculados a la construcción, la rehabilitación y la primera vivienda. En las promociones protegidas reclamaron ajustar la financiación y los costes reconocidos para que las operaciones puedan ejecutarse dentro de los precios limitados de venta o alquiler.

La construcción pública afronta también el encarecimiento de los materiales y la escasez de mano de obra. Aun con esas dificultades, durante el encuentro se defendió ampliar un parque público de alquiler que conserve su función social con el paso de los años.

Las casas que siguen cerradas

La búsqueda de soluciones llevó la conversación desde las obras pendientes hasta las viviendas que ya existen. En la tertulia se habló de unas 6.000 casas vacías en La Palma. La cifra apunta a una posibilidad, pero no todas pueden convertirse de inmediato en el hogar de alguien.

Algunas necesitan pequeños arreglos; otras, una rehabilitación que sus propietarios no siempre pueden afrontar. Hay inmuebles pendientes de herencias con varios titulares y casas cuya ubicación dificulta responder a la demanda. Vivir lejos del trabajo y de los servicios añade desplazamientos y gastos que también cuentan al elegir dónde instalarse.

A esas dificultades se suma el temor de algunos dueños a los impagos, los daños o los problemas para recuperar la vivienda. Esa inseguridad percibida puede bastar para mantenerla cerrada. Los seguros, las garantías y la mediación aparecieron como posibles herramientas para dar confianza al propietario y proteger al inquilino. Conseguir que una casa vuelva a alquilarse requiere que ambas partes puedan asumir el acuerdo con unas condiciones claras.

La vivienda vacacional entró en el debate con una comparación llamativa: cerca de 2.000 establecimientos registrados frente a apenas nueve anuncios de alquiler residencial encontrados en una consulta puntual a un portal inmobiliario. Son cifras de naturaleza distinta. Un registro recoge alojamientos inscritos; una búsqueda en una web muestra lo disponible allí en un momento concreto. No permiten calcular cuántas viviendas podrían pasar de un uso a otro, aunque el contraste ayuda a entender la preocupación por la escasa oferta residencial.

Los participantes recordaron que algunas de esas propiedades tienen también usos familiares y unos gastos de mantenimiento que influyen en las decisiones de sus dueños. Ampliar el alquiler estable exige atender esas circunstancias junto a las necesidades de quienes buscan una casa para todo el año.

La urgencia apareció en los ejemplos de sanitarios y docentes que encuentran dificultades para alojarse en La Palma. El problema alcanza así a la vida cotidiana de la isla: cubrir una plaza de trabajo exige también que quien la ocupe encuentre dónde vivir. Y la misma búsqueda condiciona a las familias que necesitan mudarse o a quienes intentan establecerse por su cuenta.

Las propuestas de la tertulia tendrán que traducirse en permisos resueltos, parcelas disponibles, viviendas recuperadas y alquileres a los que se pueda acceder. Ahí se verá su resultado. Mientras tanto, para quien busca casa, la espera tiene una medida bastante concreta: otro mes de alquiler, otra llamada a un anuncio, otro presupuesto que hay que revisar. En una isla que sigue construyendo después de perder tantos hogares, encontrar dónde vivir continúa siendo una tarea pendiente.