La Red Anagos dice que el Cabildo de La Palma “no ha licitado en 2026 ningún contrato reservado a empresas sociales”

“El Cabildo de La Palma no ha publicado en lo que va de año ninguna licitación reservada a empresas sociales, pese a que su presupuesto prevé destinar a ello un millón de euros”. Así lo trasladaron el Observatorio de Contratación Pública Responsable de Canarias (iniciativa de Red Anagos) y la Red Europea de Lucha contra la Pobreza en Canarias (EAPN Canarias) a los consejeros y consejeras de la corporación en una sesión monográfica celebrada el lunes 19 de octubre, informa en nota de prensa.

Un 2026 todavía sin licitaciones reservadas

“La obligación figura en la Base 30.ª de las Bases de Ejecución del presupuesto insular, que fija la reserva en el 0,5 % de sus 208 millones de euros, es decir, algo más de un millón. En lo que va de año, el Cabildo no ha publicado ninguna licitación reservada, mientras que los ayuntamientos de la isla han sacado tres”, asegura.

Ambas organizaciones, que representan a más de un centenar de entidades y empresas sociales de toda Canarias, consideran que “hay margen para avanzar, ya que la isla cuenta con empresas preparadas para asumir estos contratos: la empresa de inserción Isonorte Empleo y los centros especiales de empleo de iniciativa social Destiladera y Laborsord, las tres con sede propia en La Palma. Dejar este instrumento sin aplicar deja fuera la posibilidad de crear empleo para cientos de personas en situación de vulnerabilidad en la isla”, subraya.

Pobreza y compra pública, en la misma mesa

Durante la sesión, EAPN Canarias presentó su informe El estado de la pobreza. Canarias 2026, elaborado con el indicador AROPE, que mide el riesgo de pobreza y exclusión social. El documento concluye que Canarias frena cuatro años de avances y cronifica una tasa del 31,2 %, la cuarta más alta entre las comunidades autónomas y 5,5 puntos por encima de la media nacional. Más de 704.000 personas, y el 41,1 % de los menores, viven en situación de vulnerabilidad.

Por su parte, el Observatorio recordó que las empresas de inserción y los centros especiales de empleo de iniciativa social son una de las respuestas más directas a esas cifras. Se trata de empresas sin ánimo de lucro, de cualquier ámbito productivo, que generan empleo para personas en riesgo de exclusión o con discapacidad. En Canarias hay unas 40 y dan trabajo a más de 2.000 personas.

Un mandato legal que no supone más gasto

Dedicar cada año una parte de los presupuestos públicos a contratar servicios y productos a estas empresas es un mandato de la disposición adicional cuarta de la Ley de Contratos del Sector Público, que obliga a todas las administraciones desde 2018.

Según el Observatorio, la reserva no requiere más presupuesto porque se aplica sobre servicios que las administraciones ya contratan, como la limpieza, la jardinería o el mantenimiento. Subraya, además, que no equivale a una adjudicación directa: la competencia se mantiene entre empresas que reinvierten sus beneficios en crear empleo para personas con discapacidad o en situación de exclusión. A ello suma un ahorro en gasto social, porque quien deja de cobrar una prestación pasa a cotizar.

Objetivos por consejería, como en el Gobierno de Canarias

El Observatorio propone al Cabildo “tomar como referencia el acuerdo del Gobierno de Canarias publicado en el BOC en julio de 2026, que fija para 2027 una reserva mínima de 2,7 millones de euros en el sector público autonómico. En lugar de un porcentaje, el acuerdo establece una cuantía repartida entre las consejerías, de modo que cada departamento conoce el importe que debe reservar, lo que facilita la planificación y el seguimiento”.

Aplicado a La Palma, este modelo “permitiría asignar un objetivo a cada consejería del Cabildo y publicar con antelación qué contratos se van a reservar. Para una empresa social, como para cualquier otra pyme, conocer con tiempo las licitaciones previstas es casi tan importante como el propio contrato, porque le permite organizar su plantilla y planificar la inversión”.

“La reserva ya figura en las Bases de Ejecución del presupuesto del Cabildo”. El siguiente paso, plantea el Observatorio, es “aplicarla en cada consejería”.

El Observatorio de Contratación Pública Responsable de Canarias es una iniciativa de Red Anagos, con el apoyo de ADEICAN y EAPN Canarias, financiada por la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias.