El Estado ve visos de inconstitucionalidad en los decretos de vivienda y agrario para la reconstrucción de La Palma

El Gobierno de España tiene dudas sobre la constitucionalidad de los decretos de medidas urgentes en materia de vivienda en Canarias y sobre los de recuperación posteruptiva en la isla de La Palma, el de vivienda y el agrario.

En concreto, el Ministerio de Política Territorial, encabezado por el expresidente canario Ángel Víctor Torres, ha publicado sendos procedimientos en los que pone el foco en ocho artículos y dos disposiciones adicionales del decreto 1/2024 de medidas urgentes en materia de vivienda, por el que se declaró la emergencia habitacional en Canarias.

También cuestiona cinco artículos y dos disposiciones adicionales del decreto de reconstrucción de La Palma en materia de vivienda, y cuatro artículos y una disposición adicional del relativo al ámbito agrario.

En todos los casos, las resoluciones publicadas en el BOE (Boletín Oficial del Estado) informan del acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Canarias-Estado de iniciar negociaciones para “resolver las discrepancias manifestadas” en relación con todos estos artículos y disposiciones adicionales.

Las partes se emplazan a designar un grupo de trabajo para proponer a la Comisión Bilateral “la solución que proceda” y comunicar este acuerdo al Tribunal Constitucional.